LOS SINDICATOS EN HORAS BAJAS

Los sindicatos están en horas bajas. Caen las cifras de afiliación mientras la confianza en ellos se desploma: según los datos del barómetro del CIS del pasado mes de abril sacaron la tercera peor nota por parte de los ciudadanos españoles, sólo por delante de los partidos políticos y del Gobierno. Sin embargo, mientras esto sucede, el paro alcanza cotas históricas y empeoran las condiciones laborales cambiando las relaciones entre trabajador y empresario en detrimento del primero. Es un escenario en el que los sindicatos deberían seguir gozando de la confianza que históricamente han depositado en ellos los trabajadores para que les defiendan ante el abuso, pero sucede lo contrario. Los sindicatos son percibidos como “inútiles” o como “cómplices” de este deterioro de las condiciones de los trabajadores. Surge pues la pregunta, ¿siguen representando los sindicatos a los trabajadores? - Publicado en MBC Times. 

La Constitución de 1978 garantiza el papel de los sindicatos (art. 7. “los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”) y el derecho a la huelga (art. 28.2. “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”). Este reconocimiento legal es consecuencia de una larga lucha de más de un siglo en el que los sindicatos han sufrido represión, persecución y prohibición, y en el que han conseguido convertir en derechos las principales reivindicaciones de los trabajadores, como por ejemplo, la limitación de las jornadas de trabajo, la representación sindical en la empresa, la indemnización por despido y su justificación, en definitiva, la protección de los trabajadores ante el capricho y la libre voluntad de los empresarios.

Sin embargo, hoy en día el peligro que corren los sindicatos no es que vayan a ser prohibidos o proscritos. El peligro es que se vacíe de contenido su labor y los trabajadores no puedan ser representados por ellos de hecho.

La huelga, ¿un derecho herido de muerte?

Comenzamos por el derecho a la huelga, un derecho constitucional y una de las armas más importantes de los sindicatos a la hora de presionar para conseguir sus objetivos en una negociación. Es un instrumento totalmente normalizado en una sociedad democrática –a diferencia de sus primeros tiempos a finales del siglo XIX y durante las dictaduras totalitarias del siglo XX, incluida la soviética- y seguramente que todo/as hemos participado en alguna. Sin embargo, su utilidad real últimamente se está poniendo en entredicho. ¿Ha muerto la huelga como instrumento de presión?

Las huelgas con mayor impacto y que afectan a más personas suelen ser hoy por hoy aquellas convocadas en los servicios públicos. Es la culminación de las medidas de presión ideadas por los sindicatos para negociar con la administración pública, contando con que el desgaste que sufre el gobierno de turno ante los electores le obligará a actuar rápidamente y de manera favorable a sus intereses. Sin embargo, algunas de las huelgas y protestas más intensas desarrolladas en España en los últimos años, como por ejemplo las que han tenido lugar en la Comunidad de Madrid, se han mostrado como un fracaso a la hora de conseguir algún beneficio para los trabajadores. Es más, han terminado desgastando a los sindicatos antes que al Gobierno regional del Partido Popular, que además consiguió salir reforzado.

Por ejemplo, en las navidades de 2007 los sindicatos de los servicios de limpieza del metro convocaron una huelga, lo que provocó que las estaciones del interurbano estuvieran llenas de basura durante días. Pero lejos de querer negociar y de temer algún perjuicio a su imagen por mantener el metro sucio en Navidad, la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre contraatacó culpabilizando a los sindicatos y endureciendo el clima de la negociación haciendo imposible llegar a un acuerdo. Consiguió darle la vuelta al problema siendo entonces los sindicatos los que tuvieron que mantener la huelga para no salir derrotados, con el consiguiente desgaste de su imagen y discurso, y con la dificultad añadida de que los trabajadores no cobraban las jornadas de protesta. Al final ganó Aguirre.

Otro ejemplo. A finales de junio de 2010 los trabajadores otra vez de Metro de Madrid  convocaron una huelga sin respetar los servicios mínimos para protestar por los recortes aprobados por el Gobierno de Aguirre ignorando el convenio colectivo. Los hechos fueron muy parecidos a los señalados arriba. La ciudad de Madrid se paralizó durante días. Aguirre estuvo más ágil y se adueñó de la iniciativa mediática desde el primer momento al calificar la huelga de “salvaje” y de restar razón y legitimidad a los sindicatos.

El Gobierno regional ofreció a los ciudadanos enfadados un culpable escapándose a su vez de jugar ese papel. Por mucho que los sindicatos y la izquierda trataran de responsabilizar a Aguirre, ella ya había ganado la batalla mediática y los sindicatos se vieron acorralados: si desconvocaban la huelga sin conseguir nada a cambio perderían apoyos entre los trabajadores; en cambio si la mantenían, sufrirían un duro desgaste social y por cada día que pasaba sin resultados, también perderían apoyos en Metro, ya que muchos trabajadores no podían permitirse pasar un número indefinido de días sin cobrar. Al final, también ganó Aguirre.

Más ejemplos. La comunidad educativa (profesores, padres y alumnos) encadenó en 2011-2012 protestas y huelgas contra los recortes educativos del Gobierno madrileño en lo que mediáticamente se denominó “marea verde”. Las jornadas de huelga y de manifestaciones se sucedieron, pero al igual que en los ejemplos anteriores, Aguirre no tomó ninguna medida excepto la de dar la batalla mediática tratando de desgastar a sus contrarios con ayuda del tiempo.

Al final llegaron los exámenes y el verano y las protestas se desmovilizaron hasta el curso siguiente, pero sin  poder repetir la fuerza y el empuje inicial y sin que Aguirre hubiera estado obligada a tomar ninguna de las medidas reivindicadas. Fue una nueva victoria para la presidenta madrileña con consecuencias nefastas para el movimiento sindical en el ámbito educativo, ya que muchos docentes perdieron la confianza.

Estos ejemplos se circunscriben a la Comunidad de Madrid y son pioneros con respecto a lo que vendría después en el resto de España. Y es que tienen como protagonista a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que tanto disfruta comparándose con Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” que también ganó el pulso a los sindicatos británicos en los años 80 poniendo fin a su influencia y posibilitando así la aplicación de sus políticas neoliberales en el Reino Unido. Aguirre y sus sucesores en el PP encarnan en España la nueva voluntad de la derecha a nivel global de no pactar con los defensores del Estado social. De hecho, miembros de este grupo incluso han pedido públicamente la limitación del derecho a la huelga y a la manifestación, como por ejemplo el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

La reforma laboral: ataque directo al Estado de Bienestar

Esta voluntad de hierro de los conservadores españoles está inspirada en la revolución neoconservadora iniciada en los años 80 en EEUU y el Reino Unido. Hoy cabalga alimentada por la crisis y los discursos neoliberales mientras se desmantela poco a poco el carácter redistributivo y social de la administración pública. Es decir, se aprovecha la crisis para destruir el maltrecho Estado del Bienestar y cambiar las relaciones laborales que lo sustentan basado en un sistema de seguridad y bienestar social público.

Este cambio de las relaciones laborales tiene nombre: la reforma laboral. La crisis ha impulsado en España dos reformas laborales en los últimos tres años que facilitan el despido fijando en mínimos la indemnización para los trabajadores, entre otros aspectos. Dicen que así se eliminan costes salariales para las empresas y se aumenta su competitividad. Pero también es el inicio de un cambio en las relaciones laborales en este país que instala definitivamente la precariedad y la brecha salarial entre una minoría con sueldos altos y una gran mayoría con sueldos prácticamente de subsistencia que apenas cotiza a la Seguridad Social.

Por ejemplo, y según un estudio publicado recientemente por la revista británica The Economist, España es el cuarto país europeo con la mayor brecha salarial. “Un empleado español con un suelo medio necesita trabajar ininterrumpidamente siete días para ganar lo mismo que recibe el director general de su empresa en sólo una hora. Y si el empleado se encuentra en el tramo de salarios más bajos, la diferencia se dispara: tendrá que emplearse a fondo durante tres semanas seguidas para ingresar la cantidad que recibe su máximo jefe en apenas sesenta minutos”, según se cita en infolibre.es.

Con millones de personas que no cotizan o que lo hacen muy poco, el futuro es previsible: la incapacidad de la administración pública de recaudar suficiente como para financiar los servicios públicos y un auge de los servicios privados (educativos, sanitarios y de pensiones).

Todo ello viene acompañado por unos índices de desempleo alarmantes en España que según la OCDE pueden llegar a una tasa del 28% a pesar de breves episodios de recuperación parcial debido a fenómenos estacionarios. Un alto índice de paro es el mejor escenario para los empresarios, ya que son ellos los que dictan las condiciones y los sueldos. Hay que recordar que para la construcción del Estado del Bienestar en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial era fundamental el pleno empleo. Los sindicatos pudieron entonces presionar a los patronos para imponer mejores condiciones y sueldos, con los que el estado pudo financiar los servicios públicos vía impuestos. Ahora llegan los minijobs con sueldos de hasta 500 euros al mes, una realidad que por ejemplo en Alemania ya afecta al 22% de los trabajadores. 

La siguiente consecuencia previsible es la de la individualización de las relaciones laborales entre trabajador y empresa poniendo fin a los convenios colectivos, debilitando así muy significativamente la capacidad negociadora del trabajador y sus derechos. No es casualidad que los convenios estén en el punto de mira de los empresarios: destruirían la presencia sindical, o al menos la vaciarían de contenido.

Ante esta situación los sindicatos respondieron con tres huelgas generales en España: el 29 de septiembre de 2010, y el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012. Aunque el seguimiento de las huelgas es una cuestión de interpretaciones, el caso es que ninguna tuvo éxito, ya que la reforma laboral sigue ahí. No pasó lo mismo en junio de 2002, cuando otra huelga general pudo impedir que prosperara el “decretazo” de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de José María Aznar.  

Tampoco han podido cambiar nada las infinitas movilizaciones y huelgas sectoriales en los servicios públicos en todo el país. Se puede decir, por tanto, que la paulatina pérdida de eficacia de la huelga es un síntoma de las horas bajas de los sindicatos.

Bajada masiva de la afiliación sindical

Los sindicatos españoles mantienen los mismos principios y sistemas de protesta y de movilización de las últimas décadas, y eso a pesar de que la sociedad y el mundo laboral han cambiado radicalmente. Como hemos visto, la relación entre capital y trabajo ya no es la misma. La consecuencia es que, desde que comenzó la crisis financiera en 2008, en España hay medio millón menos de afiliados a la UGT y a CC OO.

De cara al futuro el horizonte parece todavía más negro, ya que entre los jóvenes menores de 30 años la afiliación es de menos del 10%, mientras que se mantiene en cotas también bajas de entorno al 20% entre los mayores de 45 años.

Según un informe de la “Fundación 1 de Mayo” de CCOO fechado en mayo de 2012, en España sólo el 19% de los trabajadores está afiliado a algún sindicato. En el resto de países europeos, sorprendentemente Francia es el que cuenta con menos porcentaje de afiliación (8%), aunque sus sindicatos son capaces de movilizar masivamente a los trabajadores.

Los que más porcentaje de afiliación tienen son los países nórdicos (Suecia, Finlandia y Dinamarca) en torno al 80%. Estos países cuentan con una larga y sólida tradición de Estado del Bienestar y la vinculación de los sindicatos con él es crucial, ya que, por ejemplo, el cobro de las prestaciones por desempleo se hace a través de las centrales sindicales. Pero estas son sólo excepciones. Lo normal es que solamente uno de cada cuatro trabajadores europeos esté sindicado, como muestra la media de la UE del 23%, y con tendencia a la baja.

Necesidad urgente de adaptación

Los sindicatos no han sabido adaptarse a la precariedad laboral, a la llegada de la inmigración en la época anterior a la crisis -y a la ocupación de los puestos de trabajo sin cualificación por esta mano de obra-, a la bajada de los salarios, y en los últimos años, al aumento masivo del desempleo.

Es decir, el actual marco laboral inestable, precario e individualizado pone en riesgo la existencia misma de los sindicatos, que no están diseñados para esta realidad sino para representar a trabajadores con empleos estables como se da por ejemplo en la función pública entre los funcionarios, pero cada vez menos. Es por ello que el único bastión que les queda a las centrales sindicales son los trabajadores de los servicios públicos.

Esto se debe a la actual tendencia de cambio en las relaciones entre capital y trabajo, ya que como se ha indicado arriba, se individualizan las relaciones laborales, las condiciones y el status, barriendo los convenios colectivos haciendo imposible una representación de los trabajadores en masa. Se impone el “divide y vencerás”, y allí los sindicatos poco pueden hacer si el empresario impone condiciones individuales a cada empleado.   

Los sindicatos, a pesar de todo, siguen siendo las únicas organizaciones con legitimidad legal e histórica para representar a los trabajadores. Sin embargo, tienen que reaccionar y replantear su diseño y organización para adecuarse a la nueva realidad del mundo laboral, atomizada e individualizada. Cuanto antes se pongan en práctica métodos de movilización y de protesta más eficaces, antes se podrá presionar mejor para tratar de frenar el constante recorte del Estado social y de su calidad. Para ello hace falta discurso, recursos y capacidad de innovación, algo muy difícil para unas centrales sindicales altamente burocratizadas pero que deben afrontar si no quieren que los hechos les vacíen de contenido. 

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LOS SEIS MESES MÁS LARGOS DE RAJOY

Hoy se cumplen seis meses de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España, seis meses muy intensos y llenos de decisiones polémicas marcadas por la crisis y que en las últimas semanas han desembocado en la intervención financiera europea en España. ¿Hay rescate o no? ¿Y si es así por cuanto y para qué? Estas son las preguntas que el Gobierno no ha respondido o lo ha hecho de manera confusa e incompleta. Y es que si algo ha caracterizado a estos primeros meses del Gobierno del PP ha sido su intento de alejar la imagen de Rajoy de la crisis para no desgastarla. Por el momento están consiguiendo todo lo contrario.

El pasado 20 de noviembre el PP arrasó en España. Nunca un partido político consiguió tantos votos y tantos escaños en el parlamento como en esas elecciones generales. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero estaba absolutamente desgastado por la crisis y eso afectó evidentemente a la marca PSOE y a su candidato Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue una campaña extraña, en la que todo el mundo conocía el resultado. Sin embargo, el PP jugó la baza de la confianza frente al fracaso de gestión socialista. En concreto, Rajoy se presentó como el candidato del empleo, cuestión que declaró como prioridad absoluta. Y arrasó.

Este fue precisamente el primer frente polémico de su gestión. La reforma laboral, retrasada conscientemente por el Gobierno todo lo posible para poder ser aprobada después de las elecciones andaluzas y asturianas, resultó ser un instrumento para el despido fácil que solamente satisfizo a los empresarios más neoliberales, mientras dejaba desprotegidos a los trabajadores. La consecuencia: más desempleo y una huelga general.

Políticamente resultó un fallo estratégico importante para el PP, ya que la Unión Europea presionó a Rajoy para aprobar la reforma cuanto antes, lo que obligó al Ejecutivo a hacerlo antes de la cita electoral en Andalucía y Asturias. Consecuencia: dos elecciones que parecían ganadas por el PP se le escaparon literalmente de las manos.

Primer balance: Cuatro meses después de llegar a la Moncloa Rajoy ya llevaba una huelga general y dos elecciones regionales perdidas a pesar de un PSOE hundido en las encuestas. Pero quedaba lo peor.

El rescate que no es un rescate

Una vez que se había calmado (temporalmente) la tormenta en torno a Grecia y se había confirmado el cambio de rumbo en Francia con la elección de Hollande, los focos de la crisis se centraron en España. La causa era el gran agujero de las cajas de ahorro visualizado en el escándalo de Bankia.

El día después de que el BCE se reuniera en Barcelona dimitió el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y se destapó un enorme agujero en la entidad causado por la devaluación del ladrillo y millares de hipotecas impagadas y pisos y locales vacíos en manos de la entidad sin poder ser vendidos. Había explotado la burbuja en el lugar más peligroso. Aunque era algo que se sabía que iba a suceder, aparentemente nadie tomó ningún tipo de medida. Incluso Rajoy negó públicamente que fuera a producirse un rescate de la banca. Ahora se trata de contabilizar ese agujero, no sólo en Bankia, sino en el resto de cajas y bancos.

La falta de información fue la respuesta del Gobierno, que consecuentemente veía como subía la prima de riesgo a cotas históricas (100 puntos por encima del verano desastroso de 2011 en el que Zapatero se vio obligado a adelantar las elecciones).   

Finalmente el Eurogrupo reaccionó y aceptó poner 100.000 millones de euros a disposición de España. Pero necesitaba saber cuánto necesitaba realmente el sector financiero español para no desplomarse (y con ello hacer desaparecer el dinero de los ahorradores, es decir, de todos nosotros), una información que no se ha hecho pública hasta hoy, casi dos semanas después: 62.000 millones de euros.

Mientras tanto, Mariano Rajoy primero desapareció y delegó en Luis de Guindos la explicación del Gobierno. Al día siguiente compareció ante los periodistas, pero para negar que España estaba siendo rescatada, que Europa le había presionado para aceptar el dinero, y que los 100.000 millones fueran a computar como deuda pública. Su mensaje fue básicamente que esta inyección de dinero era una muy buena noticia y que prácticamente venía del cielo gracias a sus esfuerzos. El rey escenificó este mensaje con un sonoro “enhorabuena” a Rajoy y de Guindos en una recepción en Zarzuela.

Mientras Rajoy afirmaba todo eso en rueda de prensa, los medios de comunicación europeos –en concreto de aquellos países que van a poner los 100.000 millones- desmentían al presidente del Gobierno: Europa impuso las condiciones y el dinero será garantizado por el Estado español, es decir, se sumará a la deuda pública. Parece que Rajoy trataba de engañar a los españoles con la esperanza de que no leerían la prensa extranjera. No fue así, pero Rajoy fue al fútbol a ver empatar a la selección española contra Italia en Polonia.

Seis meses después el balance de Rajoy es el siguiente: una huelga general por la reforma laboral, aumento del desempleo, la pérdida de las elecciones en Asturias y Andalucía, la explosión de la burbuja inmobiliaria en el sistema financiero y el rescate de España por Europa a cambio de unas condiciones que aún se desconocen y de endeudar a los españoles por 100.000 millones de euros más. Todo esto sin contar los recortes a las políticas sociales llevadas a cabo por los gobiernos regionales pero alentadas y dirigidas por la Moncloa.

Han sido seis meses muy intensos. Es cierto que en el primer año del mandato de un Gobierno no está obligado a celebrar un Debate sobre el Estado de la Nación, pero han ocurrido muchas cosas en ese tiempo, más que en una legislatura en condiciones normales.

Mariano Rajoy, por supuesto, ha elegido no celebrar ese debate.

LAS REFORMAS DEL PP: VACIANDO EL ESTADO

Las políticas de reformas del gobierno del Partido Popular están recortando el papel del Estado como ningún partido había hecho antes en la historia de España. Escondido entre argumentos de carácter económico y de viabilidad financiera, con cada recorte de medios y de competencias el PP está regalando a la iniciativa privada nuevos campos de actuación que antes estaban reservados a la acción estatal, comprendida esta en sus tres niveles: nacional, autonómico y municipal.

No se trata solamente de la clásica privatización de empresas y sectores públicos. Con cada recorte de ayudas, con cada ‘flexibilización’ de las normas a favor de las leyes del mercado, el Estado pierde su papel fundamental de corrector de desigualdades y de protector de los ciudadanos más débiles. Es decir, con las reformas y recortes, el PP rompe el contrato social del Estado con los ciudadanos y provoca una pérdida de legitimidad del actual marco estatal entre la población.

Es decir, si la legitimidad del Estado se basaba en las obligaciones pero también, y sobre todo, en los derechos de los ciudadanos, con la pérdida de esos derechos las obligaciones se hacen cada vez más onerosas e injustas, ya que no  se recibe nada a cambio. Se pierde el principio de que a cambio de los impuestos y de una serie de comportamientos se garantizan una serie de derechos y de bienes. Con la pérdida de derechos y el aumento de la carga de las obligaciones, la legitimidad del Estado se reduce cada vez más a su condición de monopolista de la violencia (con permiso de las empresas de seguridad privada) y no de Estado social.

Menos derechos y más obligaciones

En concreto, la reforma laboral y los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno de España van en esa dirección. La reforma laboral supone unos cuantos pasos hacia atrás del papel del Estado como garante de los derechos de los trabajadores, que ahora se encuentran cada vez más desprotegidos y a merced de la “mano invisible” del mercado. Por su parte, los presupuestos más restrictivos de la historia suponen la retirada de la presencia del Estado en muchos y muy importantes ámbitos, sobre todo en lo que respecta a su papel de redistribuidor de las rentas.

La amnistía a los defraudadores fiscales señala una derrota en toda regla del Estado y de su papel fundamental de garante y ejecutor de las leyes. El Estado ha señalado con esta medida su incapacidad para hacer respetar su papel, es decir, para obligar a los defraudadores a cumplir con su obligación mientras elimina derechos a la mayoría y aumenta sus obligaciones, como es la subida de los impuestos en el IRPF.

Más impuestos y a cambio amnistía para los que no los pagan. Menos derechos sociales para todos y menos ayudas estatales para los más débiles. La pregunta que se podrían hacer los ciudadanos es muy simple: ¿Por qué participo en esto? Un golpe directo a la legitimidad del Estado. Pero este golpe también va dirigido a la que para muchos es la culpable de esta situación: Europa.

Es la Unión Europea quien alienta estos recortes pero a cambio no es capaz de recordar los beneficios de ser miembro del club europeo. Es cierto que los trabajadores españoles pueden (y deben) emigrar a otros países europeos sin trabas burocráticas para buscar empleo. Es cierto que el Euro ha ayudado a España a fortalecer su economía en la época de vacas gordas. Y es cierto que España se ha beneficiado de las muchas y generosas ayudas europeas en la construcción de infraestructuras y en la agricultura. Pero ahora toca sufrir, y no está claro que los beneficios superen a los sacrificios.

El miedo se llama Grecia. No acabar como Grecia, no ser como los griegos. No estamos tan mal, no podemos caer en eso. Este es el mensaje que trata de justificar todas las reformas y recortes destinados, en principio, a salvar el Estado. Sin embargo, ¿no somos ya un Estado cada vez más vacío?

ANDALUCÍA Y ASTURIAS, ¿EL FIN DEL PRINCIPIO?

“No sé si esto es el principio del fin, pero seguro que es el fin del principio”. Winston Churchill.

El pasado 25 de marzo surgió la sorpresa en las elecciones al parlamento autonómico de Andalucía. Lo que encuestas y analistas preveían como una mayoría absoluta más del PP, ha acabado por ser la primera derrota política de Mariano Rajoy en su etapa de presidente del Gobierno. A ello hay que sumar la cita electoral de Asturias, un territorio donde el PP –que presumiblemente participará en el gobierno regional aunque sea apoyándolo desde el parlamento- ha cedido definitivamente su hegemonía sobre la derecha a Francisco Álvarez Cascos, el histórico del PP defenestrado por Rajoy. Ante estos resultados sorprendentes cabe preguntarse la siguiente cuestión: ¿Estamos ante el principio del fin del ciclo de hegemonía del PP en España?

La muy potente crisis económica y financiera que arrasa España con unos datos de desempleo espectaculares: febrero de 2012 dejó una tasa del 23,30% siendo España el país de la UE con mayor paro, solamente seguido por Grecia con una tasa del 19,90%. Las entidades financieras, en concreto el BBVA, prevén un crecimiento de estas cifras hasta llegar a un 25% en 2013. Es decir, aún queda un largo y doloroso camino a pesar de las promesas electorales del PP el pasado noviembre que subrayaba claramente en sus carteles: “El empleo lo primero”.

Mariano Rajoy vinculó y sigue vinculando su legitimidad a la eficacia de su lucha contra la crisis, una eficacia que está empezando a ponerse en cuestión solamente cuatro meses después de su impresionante victoria electoral del 20 de noviembre de 2011. Sin embargo, el problema de hacer promesas sin la garantía de poder cumplirlas es que tarde o temprano se exigirán cuentas. Y en este caso los españoles tienen prisa, no pueden permitirse esta situación de crisis por más tiempo.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en Andalucía. Aunque el PP fue el partido más votado con 50 escaños, la izquierda formada por PSOE e IU suma 59. En total, el PP incluso perdió casi 200.000 votos con respecto a las últimas elecciones autonómicas en 2008, por lo que claramente se puede calificar el resultado del 25 de marzo de batacazo político, tanto en lo que se refiere a las cifras como, sobre todo, desde un punto de vista psicológico para la derecha española.

Posibles causas de la quiebra del avance del PP

A falta de un análisis empírico serio que analice las causas de este resultado, existen una serie de factores que señalan claramente por qué los andaluces y asturianos no acabaron por fiarse mayoritariamente del PP para gobernar su tierra.

Para comenzar, el Gobierno de España aprobó una reforma laboral con la promesa de que crearía empleo, aunque todas las medidas legales van encaminadas precisamente a facilitar el despido y aumentar todavía más la inseguridad e incertidumbre de los trabajadores con empleo y la desesperación de los parados. La reforma laboral no era lo que la mayoría de los españoles esperaban encontrarse con la promesa de “el empleo lo primero”. Rajoy lo sabía, incluso vaticinó enprivado/público la huelga general que se ha convocado, y por ello trató de retrasar su aprobación hasta después de la cita electoral andaluza –lo mismo que ha hecho con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado-, pero la UE no entiende de lógicas electorales regionales, al menos las españolas, e impuso su aprobación en febrero.

Promesas incumplidas, o cumplidas de manera diferente a lo esperado, nula eficacia a corto plazo en la gestión anticrisis y la aparición de elementos de comportamiento propios de una derecha arrogante y beligerante –como su actitud ante las brutales cargas policiales contra los adolescentes de Valencia-, han jugado seguramente un papel importante a la hora de configurar la intención de voto en contra del PP. Pero a ello hay que unir un argumento más, uno de mucho peso: la memoria.

El legado de los ‘señoritos’

No se puede olvidar que tanto Andalucía como Asturias son dos de las regiones con mayor tradición obrerista de España y las que mayor represión política y social han sufrido históricamente por parte de la derecha, con permiso de Extremadura, y no solamente durante el franquismo. Los llamados señoritos, los dueños de la tierra andaluza, y la burguesía propietaria de las minas asturianas, coincidían en su afán de explotar a sus conciudadanos sin compasión ni freno. Andalucía y Asturias, dos de las tierras sin dudas más ricas de España han sido durante décadas dos regiones atrasadas y deprimidas, donde la explotación de sus riquezas no se traducía en la creación y redistribución de ventajas y mejora de la calidad de vida para la mayoría.

La explotación intensa de las personas, acompañada y posibilitada por una represión sin freno y de una arrogancia insoportable por parte de los poderosos, crearon una cultura política de sospecha hacia los herederos de estos ‘señoritos’. Es posible que la mayoría de la población en estas regiones desconfíe de la gestión socialista después de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, pero está claro que para ella lo importante no han sido las promesas de una vida mejor a través del cambio. No ha funcionado la estrategia del PP del cambio por el cambio, la misma que llevó a Aznar a La Moncloa en 1996 y a Rajoy en 2011.

La crisis es implacable y devora a quien ose ponerse cerca. Incluso en estados con economías bastante más fuertes y estables que la española, sus actuales gobiernos están tocados por su gestión de los acontecimientos. La canciller alemana Angela Merkel no tiene clara su reelección en 2013 y el actual presidente francés Nicolás Sarkozy ha partido hacia su reelección el próximo mes de abril con unas encuestas complicadas.

Teniendo en cuenta estos datos y los últimos acontecimientos, ¿se puede decir que la crisis ya está afectando al PP? Al menos, por el momento su racha de mayorías absolutas ya se ha terminado. Habrá que esperar para saber si el fin de su ofensiva es también el principio de su retirada. Parafraseando a Winston Churchill, “no sé si esto es el principio del fin, pero seguro que es el fin del principio”.