LOS SINDICATOS EN HORAS BAJAS

Los sindicatos están en horas bajas. Caen las cifras de afiliación mientras la confianza en ellos se desploma: según los datos del barómetro del CIS del pasado mes de abril sacaron la tercera peor nota por parte de los ciudadanos españoles, sólo por delante de los partidos políticos y del Gobierno. Sin embargo, mientras esto sucede, el paro alcanza cotas históricas y empeoran las condiciones laborales cambiando las relaciones entre trabajador y empresario en detrimento del primero. Es un escenario en el que los sindicatos deberían seguir gozando de la confianza que históricamente han depositado en ellos los trabajadores para que les defiendan ante el abuso, pero sucede lo contrario. Los sindicatos son percibidos como “inútiles” o como “cómplices” de este deterioro de las condiciones de los trabajadores. Surge pues la pregunta, ¿siguen representando los sindicatos a los trabajadores? - Publicado en MBC Times. 

La Constitución de 1978 garantiza el papel de los sindicatos (art. 7. “los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”) y el derecho a la huelga (art. 28.2. “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”). Este reconocimiento legal es consecuencia de una larga lucha de más de un siglo en el que los sindicatos han sufrido represión, persecución y prohibición, y en el que han conseguido convertir en derechos las principales reivindicaciones de los trabajadores, como por ejemplo, la limitación de las jornadas de trabajo, la representación sindical en la empresa, la indemnización por despido y su justificación, en definitiva, la protección de los trabajadores ante el capricho y la libre voluntad de los empresarios.

Sin embargo, hoy en día el peligro que corren los sindicatos no es que vayan a ser prohibidos o proscritos. El peligro es que se vacíe de contenido su labor y los trabajadores no puedan ser representados por ellos de hecho.

La huelga, ¿un derecho herido de muerte?

Comenzamos por el derecho a la huelga, un derecho constitucional y una de las armas más importantes de los sindicatos a la hora de presionar para conseguir sus objetivos en una negociación. Es un instrumento totalmente normalizado en una sociedad democrática –a diferencia de sus primeros tiempos a finales del siglo XIX y durante las dictaduras totalitarias del siglo XX, incluida la soviética- y seguramente que todo/as hemos participado en alguna. Sin embargo, su utilidad real últimamente se está poniendo en entredicho. ¿Ha muerto la huelga como instrumento de presión?

Las huelgas con mayor impacto y que afectan a más personas suelen ser hoy por hoy aquellas convocadas en los servicios públicos. Es la culminación de las medidas de presión ideadas por los sindicatos para negociar con la administración pública, contando con que el desgaste que sufre el gobierno de turno ante los electores le obligará a actuar rápidamente y de manera favorable a sus intereses. Sin embargo, algunas de las huelgas y protestas más intensas desarrolladas en España en los últimos años, como por ejemplo las que han tenido lugar en la Comunidad de Madrid, se han mostrado como un fracaso a la hora de conseguir algún beneficio para los trabajadores. Es más, han terminado desgastando a los sindicatos antes que al Gobierno regional del Partido Popular, que además consiguió salir reforzado.

Por ejemplo, en las navidades de 2007 los sindicatos de los servicios de limpieza del metro convocaron una huelga, lo que provocó que las estaciones del interurbano estuvieran llenas de basura durante días. Pero lejos de querer negociar y de temer algún perjuicio a su imagen por mantener el metro sucio en Navidad, la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre contraatacó culpabilizando a los sindicatos y endureciendo el clima de la negociación haciendo imposible llegar a un acuerdo. Consiguió darle la vuelta al problema siendo entonces los sindicatos los que tuvieron que mantener la huelga para no salir derrotados, con el consiguiente desgaste de su imagen y discurso, y con la dificultad añadida de que los trabajadores no cobraban las jornadas de protesta. Al final ganó Aguirre.

Otro ejemplo. A finales de junio de 2010 los trabajadores otra vez de Metro de Madrid  convocaron una huelga sin respetar los servicios mínimos para protestar por los recortes aprobados por el Gobierno de Aguirre ignorando el convenio colectivo. Los hechos fueron muy parecidos a los señalados arriba. La ciudad de Madrid se paralizó durante días. Aguirre estuvo más ágil y se adueñó de la iniciativa mediática desde el primer momento al calificar la huelga de “salvaje” y de restar razón y legitimidad a los sindicatos.

El Gobierno regional ofreció a los ciudadanos enfadados un culpable escapándose a su vez de jugar ese papel. Por mucho que los sindicatos y la izquierda trataran de responsabilizar a Aguirre, ella ya había ganado la batalla mediática y los sindicatos se vieron acorralados: si desconvocaban la huelga sin conseguir nada a cambio perderían apoyos entre los trabajadores; en cambio si la mantenían, sufrirían un duro desgaste social y por cada día que pasaba sin resultados, también perderían apoyos en Metro, ya que muchos trabajadores no podían permitirse pasar un número indefinido de días sin cobrar. Al final, también ganó Aguirre.

Más ejemplos. La comunidad educativa (profesores, padres y alumnos) encadenó en 2011-2012 protestas y huelgas contra los recortes educativos del Gobierno madrileño en lo que mediáticamente se denominó “marea verde”. Las jornadas de huelga y de manifestaciones se sucedieron, pero al igual que en los ejemplos anteriores, Aguirre no tomó ninguna medida excepto la de dar la batalla mediática tratando de desgastar a sus contrarios con ayuda del tiempo.

Al final llegaron los exámenes y el verano y las protestas se desmovilizaron hasta el curso siguiente, pero sin  poder repetir la fuerza y el empuje inicial y sin que Aguirre hubiera estado obligada a tomar ninguna de las medidas reivindicadas. Fue una nueva victoria para la presidenta madrileña con consecuencias nefastas para el movimiento sindical en el ámbito educativo, ya que muchos docentes perdieron la confianza.

Estos ejemplos se circunscriben a la Comunidad de Madrid y son pioneros con respecto a lo que vendría después en el resto de España. Y es que tienen como protagonista a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que tanto disfruta comparándose con Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” que también ganó el pulso a los sindicatos británicos en los años 80 poniendo fin a su influencia y posibilitando así la aplicación de sus políticas neoliberales en el Reino Unido. Aguirre y sus sucesores en el PP encarnan en España la nueva voluntad de la derecha a nivel global de no pactar con los defensores del Estado social. De hecho, miembros de este grupo incluso han pedido públicamente la limitación del derecho a la huelga y a la manifestación, como por ejemplo el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

La reforma laboral: ataque directo al Estado de Bienestar

Esta voluntad de hierro de los conservadores españoles está inspirada en la revolución neoconservadora iniciada en los años 80 en EEUU y el Reino Unido. Hoy cabalga alimentada por la crisis y los discursos neoliberales mientras se desmantela poco a poco el carácter redistributivo y social de la administración pública. Es decir, se aprovecha la crisis para destruir el maltrecho Estado del Bienestar y cambiar las relaciones laborales que lo sustentan basado en un sistema de seguridad y bienestar social público.

Este cambio de las relaciones laborales tiene nombre: la reforma laboral. La crisis ha impulsado en España dos reformas laborales en los últimos tres años que facilitan el despido fijando en mínimos la indemnización para los trabajadores, entre otros aspectos. Dicen que así se eliminan costes salariales para las empresas y se aumenta su competitividad. Pero también es el inicio de un cambio en las relaciones laborales en este país que instala definitivamente la precariedad y la brecha salarial entre una minoría con sueldos altos y una gran mayoría con sueldos prácticamente de subsistencia que apenas cotiza a la Seguridad Social.

Por ejemplo, y según un estudio publicado recientemente por la revista británica The Economist, España es el cuarto país europeo con la mayor brecha salarial. “Un empleado español con un suelo medio necesita trabajar ininterrumpidamente siete días para ganar lo mismo que recibe el director general de su empresa en sólo una hora. Y si el empleado se encuentra en el tramo de salarios más bajos, la diferencia se dispara: tendrá que emplearse a fondo durante tres semanas seguidas para ingresar la cantidad que recibe su máximo jefe en apenas sesenta minutos”, según se cita en infolibre.es.

Con millones de personas que no cotizan o que lo hacen muy poco, el futuro es previsible: la incapacidad de la administración pública de recaudar suficiente como para financiar los servicios públicos y un auge de los servicios privados (educativos, sanitarios y de pensiones).

Todo ello viene acompañado por unos índices de desempleo alarmantes en España que según la OCDE pueden llegar a una tasa del 28% a pesar de breves episodios de recuperación parcial debido a fenómenos estacionarios. Un alto índice de paro es el mejor escenario para los empresarios, ya que son ellos los que dictan las condiciones y los sueldos. Hay que recordar que para la construcción del Estado del Bienestar en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial era fundamental el pleno empleo. Los sindicatos pudieron entonces presionar a los patronos para imponer mejores condiciones y sueldos, con los que el estado pudo financiar los servicios públicos vía impuestos. Ahora llegan los minijobs con sueldos de hasta 500 euros al mes, una realidad que por ejemplo en Alemania ya afecta al 22% de los trabajadores. 

La siguiente consecuencia previsible es la de la individualización de las relaciones laborales entre trabajador y empresa poniendo fin a los convenios colectivos, debilitando así muy significativamente la capacidad negociadora del trabajador y sus derechos. No es casualidad que los convenios estén en el punto de mira de los empresarios: destruirían la presencia sindical, o al menos la vaciarían de contenido.

Ante esta situación los sindicatos respondieron con tres huelgas generales en España: el 29 de septiembre de 2010, y el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012. Aunque el seguimiento de las huelgas es una cuestión de interpretaciones, el caso es que ninguna tuvo éxito, ya que la reforma laboral sigue ahí. No pasó lo mismo en junio de 2002, cuando otra huelga general pudo impedir que prosperara el “decretazo” de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de José María Aznar.  

Tampoco han podido cambiar nada las infinitas movilizaciones y huelgas sectoriales en los servicios públicos en todo el país. Se puede decir, por tanto, que la paulatina pérdida de eficacia de la huelga es un síntoma de las horas bajas de los sindicatos.

Bajada masiva de la afiliación sindical

Los sindicatos españoles mantienen los mismos principios y sistemas de protesta y de movilización de las últimas décadas, y eso a pesar de que la sociedad y el mundo laboral han cambiado radicalmente. Como hemos visto, la relación entre capital y trabajo ya no es la misma. La consecuencia es que, desde que comenzó la crisis financiera en 2008, en España hay medio millón menos de afiliados a la UGT y a CC OO.

De cara al futuro el horizonte parece todavía más negro, ya que entre los jóvenes menores de 30 años la afiliación es de menos del 10%, mientras que se mantiene en cotas también bajas de entorno al 20% entre los mayores de 45 años.

Según un informe de la “Fundación 1 de Mayo” de CCOO fechado en mayo de 2012, en España sólo el 19% de los trabajadores está afiliado a algún sindicato. En el resto de países europeos, sorprendentemente Francia es el que cuenta con menos porcentaje de afiliación (8%), aunque sus sindicatos son capaces de movilizar masivamente a los trabajadores.

Los que más porcentaje de afiliación tienen son los países nórdicos (Suecia, Finlandia y Dinamarca) en torno al 80%. Estos países cuentan con una larga y sólida tradición de Estado del Bienestar y la vinculación de los sindicatos con él es crucial, ya que, por ejemplo, el cobro de las prestaciones por desempleo se hace a través de las centrales sindicales. Pero estas son sólo excepciones. Lo normal es que solamente uno de cada cuatro trabajadores europeos esté sindicado, como muestra la media de la UE del 23%, y con tendencia a la baja.

Necesidad urgente de adaptación

Los sindicatos no han sabido adaptarse a la precariedad laboral, a la llegada de la inmigración en la época anterior a la crisis -y a la ocupación de los puestos de trabajo sin cualificación por esta mano de obra-, a la bajada de los salarios, y en los últimos años, al aumento masivo del desempleo.

Es decir, el actual marco laboral inestable, precario e individualizado pone en riesgo la existencia misma de los sindicatos, que no están diseñados para esta realidad sino para representar a trabajadores con empleos estables como se da por ejemplo en la función pública entre los funcionarios, pero cada vez menos. Es por ello que el único bastión que les queda a las centrales sindicales son los trabajadores de los servicios públicos.

Esto se debe a la actual tendencia de cambio en las relaciones entre capital y trabajo, ya que como se ha indicado arriba, se individualizan las relaciones laborales, las condiciones y el status, barriendo los convenios colectivos haciendo imposible una representación de los trabajadores en masa. Se impone el “divide y vencerás”, y allí los sindicatos poco pueden hacer si el empresario impone condiciones individuales a cada empleado.   

Los sindicatos, a pesar de todo, siguen siendo las únicas organizaciones con legitimidad legal e histórica para representar a los trabajadores. Sin embargo, tienen que reaccionar y replantear su diseño y organización para adecuarse a la nueva realidad del mundo laboral, atomizada e individualizada. Cuanto antes se pongan en práctica métodos de movilización y de protesta más eficaces, antes se podrá presionar mejor para tratar de frenar el constante recorte del Estado social y de su calidad. Para ello hace falta discurso, recursos y capacidad de innovación, algo muy difícil para unas centrales sindicales altamente burocratizadas pero que deben afrontar si no quieren que los hechos les vacíen de contenido. 

Publicado en MBC Times.