Un
buen día en el futuro el Gobierno, los actores sociales (sobre todo los
empresarios) y los medios de comunicación decidirán que la crisis ha terminado.
Lo harán basándose en los datos del paro de ese momento, más bajos que los
actuales. Dirán que se ha creado de nuevo empleo y que la maquinaria económica
vuelve a tirar porque la gente podrá volver a consumir. La rueda volverá a moverse,
pero, ¿a qué precio? Y ¿qué tipo de empleo nos espera? - Publicado en MBC Times
El pasado 3 de
septiembre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó los datos del paro registrado del mes de agosto de 2013: Por primera vez en 13 años bajó el
desempleo en ese mes – ¡aunque sólo en 31 personas a nivel nacional! -,
siguiendo una tendencia que también se dio en julio. El paro está bajando. Según
los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2013, la tasa de paro es ya del 26,26%, con casi 6 millones de
desempleados, más de 200.000 menos que en el primer trimestre del año.
El Gobierno de Mariano
Rajoy no esconde su entusiasmo. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, insistió repetidas veces en rueda de prensa que se trata del “mejor mes de agosto desde el año
2000”. “Todos los meses han sido mejores que los meses del año 2012 y si las
cosas siguen así, al final el año que viene tendrá un comportamiento mejor en
términos de desempleo", aseguró. El
paro baja en España, pero, como matizó el Instituto Nacional de Estadística (INE)
a finales de julio, se trata exclusivamente por las contrataciones temporales
propias del turismo y de los trabajos agrícolas, el llamado “efecto verano”.
Así pues, ¿qué trabajo se está creando?
Según los mismos datos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, de los 1.043.166 contratos de trabajo firmados en agosto,
sólo 62.454 lo fueron por tiempo indefinido. O dicho de otra manera, 980.712
contratos firmados fueron temporales, de ellos 343.565 temporales
a tiempo parcial, es decir, los más precarios de los precarios. El pasado mes
de julio fue parecido: De los 1.507.341
contratos firmados en ese mes, sólo 96.338 fueron a indefinidos, y el resto,
1.411.003, lo fueron temporales.
Los sindicatos advierten sobre los efectos reales
de estos datos en el mercado laboral. Se está creando empleo, pero al precio de
empeorar drásticamente las condiciones de trabajo. En un comunicado publicado a
finales de julio para valorar los datos de la EPA del segundo trimestre, UGT
mostró su “preocupación por la fuerte reducción de la población activa
que se está produciendo (349.100 personas en el último año), lo que a medio
plazo supondrá una pérdida en la capacidad productiva de nuestro país; y porque
el empleo que se crea es íntegramente temporal, destruyéndose de manera masiva
empleo indefinido (se han perdido 434.900, en el último año)”. Asimismo, el
sindicato destacó que “todo el empleo que se está destruyendo es a tiempo
completo, que se está transformando parte del que se mantiene en empleo a
tiempo parcial y que se está consolidando el porcentaje de desempleo de larga
duración (solo 3.500 personas salieron del paro de larga duración en el segundo
trimestre de 2013)”.
La crisis está
empezando a entrar en su siguiente fase. De la destrucción masiva de empleo se
está pasando a la creación –lenta e insegura- de puestos de trabajo. Pero se
trata de empleo precario y temporal, con condiciones mucho peores para los
trabajadores. La mayoría han perdido poder adquisitivo al rebajarse sus
sueldos, también entre los que no han perdido sus empleos, y trabajan más horas
que antes. Horas extras sin cobrar, sueldos mínimos, trabajo gratis,
explotación laboral. Un reportaje del diario El País publicado el pasado 25 de
agosto contaba la historia de una camarera de 42 años que había encontrado un
empleo tras medio año en el paro. Cobraba 500 euros al mes y triplicaba las 20
horas semanales estipuladas en su contrato.
Sólo es uno de miles de
casos de explotación en los que el Estatuto de los Trabajadores es simplemente
ignorado. Semanas seguidas trabajando sin librar con contratos a tiempo parcial
(y sueldos a tiempo parcial). También se han multiplicado los contratos por
obra y servicio, en los que el trabajador sólo cobra por servicio prestado. Es
decir, si cae enfermo no cobra.
Todo esto lo ha hecho
posible la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en febrero de
2012, que permite lo que los empresarios llaman “flexibilizar” el mercado de
trabajo. Se facilita el despido rebajando sustancialmente (o incluso
eliminando) las indemnizaciones y se permite la contratación temporal casi sin
restricciones. Se ha creado así un contexto perfecto a la medida de las
necesidades de la patronal y del empresariado con la excusa de que hay que
crear empleo a toda costa, aunque sea destruyendo los derechos de los
trabajadores, que viven atemorizados por la amenaza constante a perder su
empleo, o por el terror que implica no encontrar uno.
Trabajar por menos
Este miedo hace que también
se acepte trabajar por menos. De acuerdo con los
datos del INE, entre 2010 y 2012, los costes laborales unitarios han caído casi
un 7%. En lo referido al coste laboral total por trabajador y mes, en el
cuarto trimestre del año pasado bajó el 3,2%. Y entre enero y marzo de 2013 se ha reducido un 1,4% hasta
los 2.480,22 euros. Por su parte,
el Banco de España en su boletín económico de
julio-agosto, subraya que en términos de los indicadores más amplios de coste
laboral, ha habido una “notable moderación salarial”.
Finalmente, según los datos de Eurostat, el coste laboral en España es uno de
los que más ha bajado, con Portugal e Irlanda, de Europa. En concreto ha caído
5,1 puntos entre 2010 y 2012, frente al incremento de 4,8 puntos de la UE-27.
Esto
ha provocado un incremento muy notable de las diferencias sociales. Según un estudio de la Fundación 1º de Mayo (ligada al
sindicato CCOO) publicado a principios de junio, se denuncia que España es el
segundo país de la Unión Europea que presenta mayores desigualdades sociales,
sólo superada por Letonia. Según datos de Eurostat (la agencia de estadística
europea), el índice de la desigualdad (el índice de Gini) aumentó en España 2,1 puntos (del 31,8% al 33,9%)
entre 2005 y 2010, mientras que la media de la Unión se redujo en una décima
pasando del 30,6% al 30,5%. Esta
diferencia está vinculada a la evolución de la desigualdad de los ingresos. Según estos datos, en España la
relación entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% que menos
ingresa ha variado de un índice de 5,5 al 6,9 entre 2005 y 2010, mientras que
en el resto de la UE ha permanecido en el 5.
Traducido al mundo real, un empleado español con un suelo
medio necesita trabajar ininterrumpidamente siete días para ganar lo mismo que recibe el director
general de su empresa en sólo una hora, según un estudio publicado por la
revista The Economist también el pasado mes de junio. Y si el empleado se
encuentra en el tramo de salarios más bajos, la diferencia se dispara: tendrá
que emplearse a fondo durante tres semanas seguidas
para ingresar la cantidad que recibe su máximo jefe en apenas sesenta minutos.
Sin
embargo, y a pesar de que han bajado los costes laborales (véase los sueldos)
en los últimos años y se ha “flexibilizado” el mercado de trabajo (véase la
reforma laboral), el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a España a
principios del pasado mes de agosto mayores esfuerzos, con una bajada adicional
de los sueldos del 10% y una subida del IVA. Esta receta fue secundada con
entusiasmo por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn,
que en su blog personal llegó a advertir incluso que “aquellos
actores que lo rechacen frontalmente cargarían sobre sus hombros con la enorme
responsabilidad de los costes sociales y humanos". ¿Por qué piden el FMI y
Ollie Rehn que sigan bajando los sueldos y además se suban los impuestos?
La receta neoliberal
para salir de la crisis
Muchos expertos y
economistas han escrito kilómetros de líneas sobre los orígenes de la crisis y
de las maneras que hay para combatirla. José V. Sevilla, ex Secretario de
Estado de Hacienda en el primer gobierno socialista en 1982, cuenta en su libro
“El declive de la socialdemocracia” que hay dos maneras de combatir la crisis.
Resumiendo, viene a decir que se puede invertir en modernizar las empresas para
mejorar su valor añadido y su competitividad, o se puede rebajar sus costes de
producción para que puedan ser más competitivas, tocando fundamentalmente los
sueldos de los trabajadores a la baja.
La primera opción es
más segura en sus resultados, es la que, por ejemplo, se llevó a cabo en
Alemania en los últimos años 90 y principios de la década del 2000. Así las
empresas alemanas mantuvieron su liderazgo mundial en exportaciones, lo que le
permite a Alemania hoy seguir siendo el gigante económico europeo, aunque
también se tocaron bastante los sueldos y los derechos laborales para bajar los
costes de producción. El inconveniente de esta vía es que es lenta y hace falta
capital para invertir.
En España se ha
escogido la segunda vía. Los bancos –profundamente afectados por la crisis del
ladrillo- no tienen dinero que prestar, a pesar de los miles de millones de
euros de dinero público. Y también porque la bajada de costes de producción
tiene unos efectos más rápidos en el tiempo, pero a costa de mantener a las
empresas anticuadas y con el único factor competitivo en el precio, y no en la
calidad del producto, lo que a la larga provocará otra vez su desfase y falta
de competitividad en el mercado internacional. Un ejemplo de esta tendencia
cortoplacista: España se encuentra
hoy en el puesto número 18 de Europa en inversión I+D+I con un 0,8% del PIB,
lejos del 2% que gasta la media de la Unión Europea.
Para poder llevar a
cabo la bajada de los costes de producción hacen falta una serie de factores
fundamentales, entre los que destacan el apoyo político e ideológico a este
camino, en este caso del Gobierno del Partido Popular, que ha diseñado y puesto
en funcionamiento una reforma laboral que crea un marco legal que precisamente
permite la bajada de los sueldos y el empeoramiento de las condiciones de los
trabajadores. Así se bajan los costes mientras se aumentan las horas de
producción. Es decir, se produce más por menos, o lo que es lo mismo, se
trabaja más por menos.
Sin
embargo, para poder aplicar este empeoramiento de las condiciones de trabajo,
es fundamental haber debilitado previamente la posición de los sindicatos. Esta
es una labor que los neoliberales y la derecha política han ido llevando a cabo
en los últimos años con notable éxito social dañando la imagen de los
sindicatos entre los trabajadores. Así, desde que
comenzó la crisis en 2008, en España hay medio millón menos de afiliados a la
UGT y a CC OO. Según un
informe de la “Fundación 1 de Mayo” de CCOO fechado en mayo de 2012, en España
sólo el 19% de los trabajadores está afiliado a algún sindicato. De cara
al futuro el horizonte parece todavía más negro, ya que entre los jóvenes
menores de 30 años la afiliación es de menos del 10%, mientras que se mantiene
en cotas también bajas de entorno al 20% entre los mayores de 45 años.
A los sindicatos
débiles se suma una tasa de paro muy alta, de más del 26%, lo que pone en
ventaja al empresario a la hora de elegir a los trabajadores e imponer las
condiciones. El enorme número de parados interesa a la patronal. Es lo que Karl
Marx denominó en “El Capital” como el “ejército de reserva” de trabajadores
siempre disponibles y sumisos a las condiciones de los patronos, lo que
mantiene los sueldos bajos y las condiciones de trabajo precarias, es decir,
los costes de producción bajos. Este es el camino elegido para sacar a España
de la crisis y el señalado por el FMI.
La guerra contra la
socialdemocracia
No es casualidad que se
haya elegido este camino. Desde los años 80 los neoliberales y la derecha
política llevan desempeñando una lucha sin cuartel contra el modelo
socialdemócrata que imperaba en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y
gracias al cual se consiguió el crecimiento económico y la mejora del nivel de
vida más espectacular en la historia del continente. Esa mejora del nivel de
vida benefició sobre todo a la clase trabajadora, ya que el crecimiento se
gestionó basándose en criterios redistributivos de la riqueza.
Esa redistribución se
realizó creando el Estado del Bienestar, que proporcionaba servicios públicos a
toda la población, ya sea fomentando la igualdad de oportunidades mediante una
educación pública o la igualdad en la atención en la sanidad. Pero sobre todo,
el Estado del Bienestar proporcionaba por primera vez a todos los ciudadanos un
sistema de pensiones públicos que hacía posible el concepto de jubilación, y
una seguridad de cara al desempleo mediante un sistema de prestaciones.
Este entramado social
se financiaba vía impuestos, y aquí era donde radicaba esencialmente el
concepto de redistribución de la renta. La base del sistema socialdemócrata
está en un sistema fiscal basado en la proporcionalidad de la renta, es decir,
se paga en función de la riqueza de cada cual. Ese principio lleva siendo
golpeado por los neoliberales desde hace más de 30 años. Ellos defienden la
recaudación a través de impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, una tasa fija
que se pone sobre el precio de un producto. Todos sus consumidores lo pagan igual,
sean ricos o pobres. Un millonario paga el mismo IVA que un desempleado de
larga duración, por ejemplo.
El FMI o la Comisión
Europea, baluartes del neoliberalismo, defienden siempre la subida del IVA y no
del IRPF. Así es como se explica que el FMI pida la subida de este impuesto
mientras a la vez pide la bajada del 10% de los sueldos: Para compensar los
ingresos fiscales que el Estado deja de percibir vía IRPF, ya que si los
contribuyentes cobran menos sueldo, pagan menos IRPF.
Por lo tanto, se va
eliminando el concepto de redistribución socialdemócrata vía impuestos que se
sustituye por el auge de los impuestos indirectos y tasas que pagan todos por
igual aprovechando la debilidad (ideológica y política) de los partidos
socialistas, lo que también tiene consecuencias fundamentales en la
financiación de los servicios públicos y del Estado del Bienestar.
El catedrático de
Sociología Ignacio Sotelo explica en su libro “El Estado Social” que el Estado
del Bienestar sólo se puede financiar con el pleno empleo. Las pensiones, las
prestaciones de los parados, la sanidad, la educación, etc…, necesitan dinero y
ese llega vía impuestos. Con una tasa de paro alta los desempleados pagan menos
impuestos y se convierten en receptores de dinero público. El sistema público
cuenta con menos medios y más demanda, y acaba por sufrir las consecuencias. En
España el 26% de parados está sirviendo al PP como excusa para pasar a la
privatización de los servicios públicos, como la sanidad en Madrid, o para
empezar a reformar el sistema de pensiones que algunos “expertos” ya están
señalando como “insostenible”. También está sirviendo de excusa para debilitar
a los sindicatos y eliminar así derechos laborales y bajar los salarios.
Es decir, la alta tasa
de paro sirve para legitimar el marco legal necesario que permite a la derecha neoliberal
desmantelar el sistema de protección social de origen socialdemócrata, y a los
grandes empresarios aumentar sus beneficios a costa de sus trabajadores. Por lo
tanto, en el futuro y si no se remedia, cuando los efectos de la crisis vayan
disminuyendo en intensidad, seguramente se mantendrá una tasa de paro alta
durante años. Será una cifra que permita a la economía funcionar de nuevo y
reactivar el consumo, pero a la vez mantener la tensión entre los trabajadores,
que ante el miedo al desempleo aceptarán un mercado laboral precarizado de
sueldos bajos y largas horas de trabajo para mantener la competitividad de a
sus empresas y los beneficios altos de sus jefes.
Publicado en MBC Times
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