“El temor a la invasión”: el origen del miedo al inmigrante

En el mundo de la era de la globalización y del neoliberalismo triunfante, el papel del Estado nacional es cada vez menor. El Estado social está siendo desmontado y con él se está perdiendo la principal base sobre la que se erigía su legitimidad. Los gobiernos necesitan un nuevo relato para justificarse ante su población, y ese nuevo relato es el de la seguridad. El eminente sociólogo Zygmunt Bauman analizó este proceso en su libro “Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias”, y apuntó directamente a la clave: “Debe haber tensión; cuanta más, mejor”.

Cada día los medios de comunicación ofrecen imágenes de grupos de jóvenes africanos desesperados que se abalanzan hacia las vallas que rodean Ceuta y Melilla, poniendo en riesgo sus propias vidas. A pesar de la compasión que deberían despertar estas imágenes, desde hace meses el contenido de las noticias que las acompañan es inequívoco: aprovechando su tremenda carga emocional, se habla de “asalto” (755.000 resultados encontrados en Google), “avalancha” (279.000 resultados), incluso de “invasión” (132.000 resultados).

Lo que es una huída desesperada de la miseria por parte de personas harapientas y desarmadas, es transmitida como un asalto frontal de carácter prácticamente militar. Incluso la muerte de un pequeño grupo indefenso que trataba de entrar a nado a Ceuta por los disparos de la policía se justifica, en cierta manera, como una acción en defensa propia por parte de unos funcionarios sometidos a una altísima tensión debido a los reiterados “asaltos” a la frontera.

Las vallas de Melilla y Ceuta adquieren la cualidad de muros protectores, al estilo del Limes romano que protegía al imperio de las incursiones bárbaras. Mientras, se habla de reforzar la seguridad, de cuchillas en las vallas, de incrementar el presupuesto para la vigilancia de las fronteras, de soberanías, en vez de ayuda humanitaria, asilo y solidaridad. ¿Por qué?

El sociólogo Zygmunt Bauman analizó hace una década este fenómeno y publicó sus conclusiones en el libro “Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias”. Según Bauman este discurso de alerta ante una amenaza es consecuencia de la debilidad del Estado. Paradójicamente, mientras más imágenes de las vallas y de policías armados se publican en los medios de comunicación, más contundentemente está el Estado mostrando su debilidad y su muerte lenta en la era de la globalización y del neoliberalismo hegemónico.

Vulnerabilidad e incertidumbre

Bauman parte de la base de que “la vulnerabilidad y la incertidumbre humanas son la principal razón de ser de todo poder político; y todo poder político debe atender a una renovación periódica de sus credenciales”. Durante gran parte del S. XX la legitimidad del Estado descansaba en la lucha contra esa vulnerabilidad e incertidumbre, proporcionando una cobertura social para la población. Es decir, los sistemas de poder eran aceptados en tanto y en cuanto eran capaces de proporcionar seguridad personal y material a sus ciudadanos. Sin embargo, en las últimas décadas, según Bauman “el Estado contemporáneo tiene que buscar otras variedades, no económicas, de vulnerabilidad e incertidumbre en las que hacer descansar su legitimidad”.

Zygmunt Bauman

La causa es la globalización y el lento pero imparable proceso de vaciamiento del Estado nacional. Los gobiernos nacionales están dejando de serlo en el contexto global y están perdiendo poder a favor de  los mercados y otros elementos del capitalismo transnacional que, gracias a la hegemonía neoliberal, pueden ignorar las fronteras y a los propios estados, que quedan desarmados ante los deseos y necesidades del capitalismo global. El Estado ha perdido su soberanía.

Como consecuencia de esta pérdida de soberanía, el Estado es débil y ya no tiene la fuerza de antaño para imponer un marco legal y administrativo enfocado en la búsqueda de seguridad de sus ciudadanos, por lo que abandona el terreno desmantelando el Estado social y desregulando el mercado laboral, convirtiendo la sociedad cada vez más en una jungla en la que predomina el miedo a la vulnerabilidad e incertidumbre que precisamente el Estado debería combatir.

El Estado ya no se siente responsable del bienestar de sus ciudadanos. Según Zygmut Bauman ”se lava las manos ante la vulnerabilidad y la incertidumbre que dimanan de la lógica (o falta de lógica) del libre mercado, redefinida ahora como un asunto privado, una cuestión que los individuos han de tratar y hacer frente con los recursos que obran en su poder”. Y esa retirada del Estado como protector tiene sus consecuencias en su legitimidad ante los ciudadanos, ya que “estas tendencias “socavan los fundamentos en los que se apoyaba cada vez más el poder estatal en los tiempos modernos, reivindicando un papel crucial en el combate contra la vulnerabilidad y la incertidumbre que perseguían a sus súbditos”, explica el autor.

Un nuevo objetivo

Sin una red social protectora, los gobiernos necesitan convencer a sus ciudadanos de que sirven para algo. Se produce un cambio de objetivo que Bauman describe de la siguiente manera: “Despojados de gran parte de sus prerrogativas y capacidades soberanas, en virtud de las fuerzas de la globalización que son incapaces de resistir, y menos aún controlar, los gobiernos no tienen más opción que la de “seleccionar cuidadosamente” objetivos que pueden (verosímilmente) dominar y contra los cuales pueden dirigir sus salvas retóricas y medir sus fuerzas mientras sus agradecidos súbditos oyen y ven cómo lo hacen”. Es por ello que “los gobiernos de hoy en día (nacionales, redefinidos como locales en la era de la globalización) están buscando esferas de actividad en las cuales poder afirmar su soberanía y demostrar en público, y de manera convincente, que así lo han hecho”.

Esas nuevas ‘esferas de actividad’ para afirmar la soberanía han sido encontradas en la seguridad personal: “Amenazas y miedos a los cuerpos, posesiones y hábitats humanos que surgen de las actividades criminales, la conducta antisocial de la ‘infraclase’, y el terrorismo global”, a la que hay que sumar la amenaza de una ‘invasión’ de los inmigrantes.

Determinado el nuevo espacio (la seguridad personal frente a la antigua seguridad social), se trata ahora establecer un nuevo objetivo, que según Bauman es “inspirar un volumen de ‘temor oficial’ lo bastante grande como para eclipsar y relegar a una posición secundaria las preocupaciones relativas a la inseguridad generada por la economía, sobre la cual nada puede ni desea hacer la administración estatal”.

Es decir, hoy es más sencillo para el Estado luchar contra terroristas (que no derrotarlos), colocar una valla y armar a policías fronterizos, que imponer un derecho laboral respetuoso con los intereses de la mayoría de los trabajadores o tratar de recaudar impuestos entre la minoría multimillonaria del país que atesora sus fortunas en paraísos fiscales. 

Por lo tanto, de un Estado que se legitimaba en la protección social de sus ciudadanos, en la era de la globalización neoliberal hemos pasado a un Estado que busca legitimarse por la protección personal de sus ciudadanos. Para justificar la seguridad personal se crea previamente una demanda de protección provocando un estado de alarma por la amenaza de un supuesto peligro exterior, que a su vez sustituye la sensación de vulnerabilidad e incertidumbre provocada por el desmantelamiento del Estado social.

La cuestión ahora es, ¿por qué se utiliza a los inmigrantes como causantes de ese “temor oficial” para justificar la actuación estatal?

Residuos de la globalización

Zygmunt Bauman escribe que el mundo contemporáneo es un mundo en el que se corre el riesgo constantemente de quedarse excluido, convertido en residuo. Como consecuencia de la voracidad consumista, no existe ya concepto de perdurabilidad. Todo es efímero, fútil. Lo nuevo de hoy se convierte en obsoleto inmediatamente, con la intención de consumir enseguida el nuevo artículo, desechando el anterior.

Lo mismo ocurre con las personas. Mientras que anteriormente existía un concepto inclusivo del Estado, en el que el objetivo era no dejar fuera a ningún individuo (tampoco los sistemas totalitarios en un sentido de control y opresión), el Estado hoy es cada vez más excluyente. El sentido del Estado social era ayudar a no dejar caer a nadie fuera del sistema. Por ejemplo, los parados se veían como parte de la sociedad productora y su situación de desempleo era considerada pasajera, algo temporal, aliviada por el seguro del paro hasta su reincorporación al grupo de los productores cotizantes.

Hoy, en cambio, si se considera que no se sirve ni como productor ni como consumidor (generalmente como consecuencia de lo primero), se es excluido del sistema y penalizado con mayores dificultades que, a su vez, suponen obstáculos insalvables para recuperar el status perdido. Es decir, si se pierde el empleo, se pierde poder adquisitivo y se pierde capacidad de consumo. Si no se consigue recuperar pronto la posición anterior, se cae en la exclusión. Es lo que les ocurre a las personas mayores de 50 años que son despedidas, a los pensionistas que ven como menguan sus ingresos, y a los trabajadores en paro de larga duración afectados por la crisis económica.

Y a los inmigrantes que provienen de los países afectados por los procesos de modernización, brutales y despiadados, que provocan la expulsión de la mano de obra sobrante que no ha podido reubicarse tras la destrucción de las economías tradicionales. Según Bauman, esos procesos se dieron en Europa hace un siglo, pero entonces existían “lugares vacíos” en el mundo (con permiso de los indígenas) con capacidad de absorber el flujo de migraciones. Hoy esos “lugares vacíos” no existen, y los emigrantes se encuentran atrapados. “Refugiados, desplazados, solicitantes de asilo, emigrantes sin papeles, son todos ellos residuos de la globalización”, explica Bauman.     

Al llegar a los países “desarrollados”, provocan incomodidad y desconfianza entre la población autóctona, sometida a su vez a fuertes tensiones sociales por el desmantelamiento del Estado social y la incertidumbre provocada por el libre mercado. “Para quienes les odian y detractan, los inmigrantes encarnan –de manera visible, tangible, corporal- el inarticulado, aunque hiriente y doloroso, presentimiento de su propia desechabilidad”, escribe Bauman.

        

Los inmigrantes llegan en un momento perfecto para los gobiernos, deseosos, como hemos visto, de redefinir su papel y de reorientar “las preocupaciones explosivas por la seguridad (que) ya se habían ido almacenando en virtud de la retirada progresiva, lenta pero constante, del seguro colectivo que solía ofrecer el Estado social, así como de la rápida desregulación del mercado laboral”.

Así, afirma Bauman, “reinterpretados como un “peligro para la seguridad”, los inmigrantes ofrecían un útil foco alternativo para las aprensiones nacidas de la súbita inestabilidad y vulnerabilidad de las posiciones sociales, y, por consiguiente, se convertían en una válvula de escape relativamente más segura para la descarga de la ansiedad y la ira que semejantes aprensiones no podían por menos de suscitar”.

Es por todo ello que la imagen de un grupo de africanos asustados y desorientados, subidos a las vallas de Ceuta y Melilla y rodeados por cientos de policías, es considerada una amenaza para nuestra seguridad, y no una escena lamentable que debería provocar la compasión del Estado y la solidaridad de la sociedad.  

LA OLEADA NEOLIBERAL ¿Simples recortes o un nuevo modelo de gestión?

La crisis está sirviendo de coartada para los recortes y la privatización de los servicios públicos. Los partidarios de estas privatizaciones aseguran que la caída de los ingresos públicos imposibilita la financiación de estos servicios y que es más eficaz y barato que se ocupen de ellos en el sector privado. ¿Se está aprovechando la crisis para imponer el modelo económico neoliberal?

El pasado 3 de septiembre un juzgado de Madrid paralizó el proceso de privatización de seis hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, paralización que fue confirmada días más tarde por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un sindicato médico puso una denuncia al considerar que esta privatización atentaba contra el derecho universal a recibir una asistencia sanitaria, y el juez decidió parar el proceso al considerar que, de continuar, se podría incurrir a daños irreparables con respecto a la capacidad de los ciudadanos para poder ejercer ese derecho.

El auto judicial, además, ponía en duda que la privatización de los hospitales fuera el modelo de gestión más eficaz de los mismos, precisamente el argumento utilizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (del PP) para justificar la venta de los centros hospitalarios. El PP dice que con la privatización se ahorra más de un 25% de gasto con respecto a la gestión pública. En concreto, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha manifestado, para justificar su apuesta de ceder al sector privado seis hospitales, que la atención en estos centros cuesta 600 euros por habitante, mientras que en los de gestión privada es de 441 euros, un 26,5% inferior. La crisis, continúan los partidarios de la privatización, hace imposible mantener los actuales costes de los servicios públicos, por lo que hay que recortar y vender, sin que ello vaya a repercutir negativamente en la calidad.

Pero existe un modelo previo de privatización sanitaria en España, el modelo Alzira, llamado así por el hospital de esa localidad valenciana que fue el primero que pasó de ser gestionado por la administración pública a serlo por una empresa privada en 1999. Las cifras finales de ese experimento no avalan el supuesto ahorro para el contribuyente. Lo dice un estudio mencionado por el Diario El País el pasado mes de enero y coordinado por Salvador Peiró (coordinador de la unidad de investigación de servicios de salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia) y Ricard Meneu (del Instituto de Investigación en Servicios de Salud y responsable de la revista Gestión Clínica y Sanitaria).  Las conclusiones del estudio indican que apenas hay diferencias en el gasto por habitante entre hospitales gestionados de forma pública o privada. En el primer caso, cuesta entre 608 y 707 euros, y en el segundo, entre 672 y 733 euros (con datos de 2009).

Estos datos están comenzando a calar entre la opinión pública que no entiende por qué se deben desprender de unos hospitales que son de todos si al final se acaba pagando lo mismo. Se preguntan por qué se privatiza si no se garantiza el ahorro y ni mucho menos una mejor gestión desde lo privado. Esta cuestión ha provocado una enorme contestación social con movilizaciones masivas en la calle -conocidas como ‘marea blanca’-, así como decenas de iniciativas de partidos y sindicatos desde la izquierda política. Una encuesta realizada por el Diario El País el pasado mes de mayo revelaba que un 71% de los madrileños estaba en contra del proceso de privatización. Un enorme coste y desgaste político para el PP en el Gobierno regional y nacional. Pero el PP insiste en su empeño, a pesar de la tremenda oposición pública y la falta de argumentos basados en la eficacia que justifiquen el desmantelamiento del sistema público. Entonces, ¿por qué insiste el PP?

La privatización de los servicios públicos –o su externalización como gustan decir los neoliberales- es una cuestión de fe que va más allá del mismísimo cálculo político o de la búsqueda de eficacia en la administración. Es parte de una manera de pensar, la expresión de una firme convicción ideológica absolutamente arraigada en unos sectores políticos y económicos que hace muchos años declararon la guerra al Estado del Bienestar, al que identifican con su mayor enemigo: la socialdemocracia.

El Estado del Bienestar, la edad de oro del keynesianismo

A partir de 1945, tras las traumáticas experiencias de la crisis económica que siguió al crack de 1929 y de la terrible Segunda Guerra Mundial, el pensamiento económico reinante era el keynesanismo. Sus fórmulas de actuar a favor de la demanda para estimular la economía tuvieron un éxito asombroso y lo legitimaron hasta convertirlo en el modelo hegemónico e indiscutible en las economías de libre mercado (enfrentadas en ese momento a las economías dirigidas del bloque soviético en plena guerra fría).

El keynesanismo, resumiendo su esencia en un ejemplo que podría ser demasiado simplista, basa su actuación estimulando la demanda en el mercado. Para ello cuenta con el poder inestimable del Estado, la única organización capaz de financiar enormes proyectos que ocupen a miles de trabajadores. Estos reciben un salario que inyectan en la economía que así sale de la recesión. Como hay más empleo y más riqueza, el Estado puede ingresar más dinero vía impuestos, por lo que puede financiar el gasto inicial que invirtió para crear el empleo necesario para reactivar la economía. Es decir, un círculo vicioso que se retroalimenta y que tiene al Estado como el catalizador necesario para una economía en crisis y capaz de invertir allí donde la empresa privada no puede o no quiere.

Este modelo fue adoptado por la socialdemocracia de Europa occidental, que apostó por el papel del Estado para corregir los defectos y carencias de la economía privada e incluso para enderezarla para evitar injusticias sociales, aunque siempre reconociendo al capitalismo como modelo inevitable. La consecuencia de esta apuesta fue el Estado del Bienestar, la manera de corregir las desigualdades sociales y de crear situaciones de igualdad de oportunidades a través de unos servicios públicos que se financian a través de un sistema fiscal progresivo que grava a los ciudadanos según su nivel de renta.

Mientras estuvo en vigor el modelo keynesiano y se desarrollaba el Estado del Bienestar en Europa, el Viejo Continente disfrutó de la etapa de mayor crecimiento económico y del bienestar de su historia. En pocos años la clase trabajadora accedió a unos derechos laborales y a una capacidad de consumo impensable tan sólo una generación antes. Los obreros tenían vacaciones pagadas, coches, viviendas, electrodomésticos, y sobre todo, pleno empleo.

Todo ello terminó con la crisis del petróleo de 1973, cuando los estados de la OPEP, fundamentalmente sus socios árabes, cortaron el suministro a los países de Europa occidental por su apoyo a Israel durante la guerra del Yom Kippur en ese año. De pronto el combustible del crecimiento económico, abundante y barato hasta entonces, empezó a escasear o se tenía que pagar a precio de oro. La consecuencia fue la crisis económica y el paro. El Estado del Bienestar, basado en el pleno empleo y en que todos los trabajadores pagaban impuestos con los que financiar los servicios públicos, entró en crisis al dejar muchos de los contribuyentes de pagar y a empezar a recibir prestaciones por desempleo. El sistema empezó a estar sometido a estrés y a gastar más de lo previsto. El modelo keynesiano omnipotente e intocable hasta entonces comenzó a agrietarse y sus enemigos empezaron a movilizarse.

Estos enemigos tenían a dos referentes económicos fundamentales que negaban la aplicabilidad del keynesianismo: Friedrich Hayek y la Escuela de Chicago en torno a Milton Friedman. Querían recuperar los viejos valores liberales de la superación y libertad individual que habían imperado en la economía a finales del S. XIX y la primera mitad del XX, y que habían quedado deslegitimados por las consecuencias de la crisis de 1929. Sus seguidores serían conocidos como neoliberales.

Adam Smith, “secuestrado”

De nuevo a riesgo de presentar un análisis simplista, la esencia de este modelo podría resumirse en el principio que estableció Adam Smith, el padre de la economía moderna: “laissez faire”, dejar hacer a la economía sin ningún tipo de traba o intervencionismo. Básicamente quiere decir que la ley de la oferta y de la demanda es lo suficientemente fuerte como para cubrir todas las necesidades humanas y hacerlo de manera que todos puedan acceder a los bienes y servicios sin necesidad de la intervención de un Estado que solamente interrumpe ese proceso. Es un principio que Smith dictó hace más de dos siglos, cuando la libertad individual se enfrentaba al despotismo de los reyes absolutos, que solamente recaudaban impuestos para sus cortes y ejércitos, y no para redistribuirlos ni mucho menos entre los pobres. Pero los neoliberales han “secuestrado” este principio del S. XVIII y lo quieren aplicar al S. XXI, a pesar de que Smith lo pensó en una sociedad absolutamente diferente a la actual.

Los neoliberales apuestan por eliminar toda intervención estatal, incluso en los servicios sociales, y dejarlo en manos de la iniciativa privada. Piensan que si alguien necesita un servicio, siempre habrá alguien dispuesto a ofrecerlo en el mercado. Los servicios sociales públicos sólo quedarían para aquellos cuyo bajo nivel adquisitivo no les permite pagarlo. Dándole la vuelta al modelo keynesiano, los neoliberales no creen en los impuestos como un instrumento de redistribución de la riqueza. De hecho, son partidarios de eliminar los tributos progresivos, los que gravan al contribuyente por su nivel de renta, y sustituir el ingreso perdido para el Estado mediante impuestos indirectos (IVA, tasas, etc.) que pagan todos los contribuyentes por igual, independientemente de su nivel de renta. Es decir, quieren que prime el interés individual sobre el colectivo.

Los neoliberales, al contrario que los keynesianos, consideran que el Estado y los impuestos son un estorbo para el buen camino de la economía y para crear empleo. Según este modelo al pagar menos impuestos, los empresarios tienen menos gastos fijos, por lo que pueden invertir ese dinero en crear más puestos de trabajo. Al crear más empleo hay más contribuyentes que pagan IRPF y, sobre todo, consumen más, por lo que suben los ingresos del Estado por el IVA. Es decir, los neoliberales presentan la cuadratura del círculo: ingresar más dinero bajando los impuestos, lo cual solamente se sostiene respetando la regla de oro del equilibrio presupuestario, no gastar más de lo que se ingresa.

Esta idea se ha ido imponiendo en EEUU y en Europa desde principios de los años 80, con la llamada “revolución conservadora” de Reagan y Thatcher, y vive una situación de hegemonía desde la desaparición de la URSS en 1991. Desde entonces se ha ido desmantelando el Estado del Bienestar y la idea de redistribución de la riqueza que había detrás, dejando el servicio público cada vez más como un servicio auxiliar de asistencia a los más desfavorecidos.

La sanidad pública y la escuela pública, dos de los pilares fundamentales de los servicios públicos, compiten cada vez con mayor desventaja frente a las aseguradoras y los colegios privados. Los servicios públicos sufren una decadencia provocada y un empeoramiento de su calidad que empuja a muchos ciudadanos al sector privado, lo que a su vez es utilizado por los neoliberales como un indicador de que existe una gran demanda en ese sector privado que legitima su política. Es decir, al debilitar paulatinamente al sector público alimentan al sector privado.

España y la aplicación del neoliberalismo

El problema y los graves riesgos de este modelo se están evidenciando en la actual crisis económica, en la que España presenta una tasa de paro superior al 27%. El PP es uno de los partidos conservadores más entusiastas a la hora de defender los principios neoliberales, unos principios que por otra parte están fuertemente anclados en los organismos e instituciones de la economía internacional.

El FMI, el Banco Mundial, los EEUU y la Unión Europea, funcionan con criterios básicamente neoliberales a la hora de diseñar sus políticas económicas. Por eso rechazan sistemáticamente aplicar el modelo keynesiano para combatir la crisis y se niegan a realizar grandes inversiones públicas para crear empleo y motivar la demanda –al menos se lo prohíben a los demás. Para ello se escudan en la regla de oro del equilibrio presupuestario que impide endeudarse a los estados (excepto para rescatar a los bancos, podría añadirse).

Por el contrario, su apuesta para crear empleo se basa en eliminar costes de producción, en concreto bajando los sueldos de los trabajadores, lo que se llama “moderación salarial”. Esto sólo se consigue debilitando previamente a los sindicatos y eliminando derechos laborales de los trabajadores, es decir la reforma laboral dictada por un PP con mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, el éxito de este modelo está aún por ver. Por el momento sólo se ha conseguido que siga habiendo una tasa insostenible de desempleo y una bajada de los sueldos general, que el FMI quiere aumentar en otro 10% “para crear empleo”.

Las privatizaciones de los servicios públicos entran en esta lógica: menor presencia del Estado en la vida de los ciudadanos y su sustitución por una mayor presencia de las empresas. Ocurre en la sanidad madrileña, que no sólo compite contra las grandes aseguradoras sanitarias, sino que ve cómo se venden sus hospitales a sus competidores privados. Ocurre en la educación, por ejemplo otra vez en Madrid, donde el gobierno del PP recorta inversiones dejando a las escuelas y universidades públicas en peor situación de competitividad frente a las privadas. Y está ocurriendo en otros muchos servicios públicos.

Y ocurrirá con los otros dos pilares del Estado del Bienestar herederos de la socialdemocracia: las prestaciones de desempleo y las pensiones. El PP ya está presionando para una reforma de las pensiones con la excusa de que la bajada general de los sueldos -que ellos están imponiendo- impedirá poder pagar las pensiones del futuro. Es el mismo discurso que el de la necesidad de las privatizaciones: la dificultad de financiación pública. Ya avisan de que habrá que bajarlas, lo que empuja a los ciudadanos a abrirse planes de pensiones privados. Por el momento han anunciado que no subirán conforme a la subida anual del IPC, lo que supone una lenta pero segura bajada del poder adquisitivo de los futuros pensionistas.

En resumen, las fuerzas políticas y económicas están aplicando el modelo neoliberal con la excusa de la crisis económica. Una crisis, que por otra parte, es consecuencia de la falta de control y de reglas en los mercados financieros que fueron eliminadas precisamente al aplicar el modelo neoliberal.   

PRECARIEDAD LABORAL, LO QUE QUEDARÁ DE LA CRISIS

Un buen día en el futuro el Gobierno, los actores sociales (sobre todo los empresarios) y los medios de comunicación decidirán que la crisis ha terminado. Lo harán basándose en los datos del paro de ese momento, más bajos que los actuales. Dirán que se ha creado de nuevo empleo y que la maquinaria económica vuelve a tirar porque la gente podrá volver a consumir. La rueda volverá a moverse, pero, ¿a qué precio? Y ¿qué tipo de empleo nos espera? - Publicado en MBC Times

El pasado 3 de septiembre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó los datos del paro registrado del mes de agosto de 2013: Por primera vez en 13 años bajó el desempleo en ese mes – ¡aunque sólo en 31 personas a nivel nacional! -, siguiendo una tendencia que también se dio en julio. El paro está bajando. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2013, la tasa de paro es ya del 26,26%, con casi 6 millones de desempleados, más de 200.000 menos que en el primer trimestre del año.

El Gobierno de Mariano Rajoy no esconde su entusiasmo. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, insistió repetidas veces en rueda de prensa que se trata del “mejor mes de agosto desde el año 2000”. “Todos los meses han sido mejores que los meses del año 2012 y si las cosas siguen así, al final el año que viene tendrá un comportamiento mejor en términos de desempleo", aseguró. El paro baja en España, pero, como matizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de julio, se trata exclusivamente por las contrataciones temporales propias del turismo y de los trabajos agrícolas, el llamado “efecto verano”. Así pues, ¿qué trabajo se está creando?

Según los mismos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de los 1.043.166 contratos de trabajo firmados en agosto, sólo 62.454 lo fueron por tiempo indefinido. O dicho de otra manera, 980.712 contratos firmados fueron temporales, de ellos 343.565 temporales a tiempo parcial, es decir, los más precarios de los precarios. El pasado mes de julio fue parecido: De los 1.507.341 contratos firmados en ese mes, sólo 96.338 fueron a indefinidos, y el resto, 1.411.003, lo fueron temporales.

Los sindicatos advierten sobre los efectos reales de estos datos en el mercado laboral. Se está creando empleo, pero al precio de empeorar drásticamente las condiciones de trabajo. En un comunicado publicado a finales de julio para valorar los datos de la EPA del segundo trimestre, UGT mostró su “preocupación por la fuerte reducción de la población activa que se está produciendo (349.100 personas en el último año), lo que a medio plazo supondrá una pérdida en la capacidad productiva de nuestro país; y porque el empleo que se crea es íntegramente temporal, destruyéndose de manera masiva empleo indefinido (se han perdido 434.900, en el último año)”. Asimismo, el sindicato destacó que “todo el empleo que se está destruyendo es a tiempo completo, que se está transformando parte del que se mantiene en empleo a tiempo parcial y que se está consolidando el porcentaje de desempleo de larga duración (solo 3.500 personas salieron del paro de larga duración en el segundo trimestre de 2013)”.

La crisis está empezando a entrar en su siguiente fase. De la destrucción masiva de empleo se está pasando a la creación –lenta e insegura- de puestos de trabajo. Pero se trata de empleo precario y temporal, con condiciones mucho peores para los trabajadores. La mayoría han perdido poder adquisitivo al rebajarse sus sueldos, también entre los que no han perdido sus empleos, y trabajan más horas que antes. Horas extras sin cobrar, sueldos mínimos, trabajo gratis, explotación laboral. Un reportaje del diario El País publicado el pasado 25 de agosto contaba la historia de una camarera de 42 años que había encontrado un empleo tras medio año en el paro. Cobraba 500 euros al mes y triplicaba las 20 horas semanales estipuladas en su contrato.

Sólo es uno de miles de casos de explotación en los que el Estatuto de los Trabajadores es simplemente ignorado. Semanas seguidas trabajando sin librar con contratos a tiempo parcial (y sueldos a tiempo parcial). También se han multiplicado los contratos por obra y servicio, en los que el trabajador sólo cobra por servicio prestado. Es decir, si cae enfermo no cobra.

Todo esto lo ha hecho posible la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en febrero de 2012, que permite lo que los empresarios llaman “flexibilizar” el mercado de trabajo. Se facilita el despido rebajando sustancialmente (o incluso eliminando) las indemnizaciones y se permite la contratación temporal casi sin restricciones. Se ha creado así un contexto perfecto a la medida de las necesidades de la patronal y del empresariado con la excusa de que hay que crear empleo a toda costa, aunque sea destruyendo los derechos de los trabajadores, que viven atemorizados por la amenaza constante a perder su empleo, o por el terror que implica no encontrar uno.

Trabajar por menos

Este miedo hace que también se acepte trabajar por menos. De acuerdo con los datos del INE, entre 2010 y 2012, los costes laborales unitarios han caído casi un 7%. En lo referido al coste laboral total por trabajador y mes, en el cuarto trimestre del año pasado bajó el 3,2%. Y entre enero y marzo de 2013 se ha reducido un 1,4% hasta los 2.480,22 euros.  Por su parte, el Banco de España en su boletín económico de julio-agosto, subraya que en términos de los indicadores más amplios de coste laboral, ha habido una “notable moderación salarial”. Finalmente, según los datos de Eurostat, el coste laboral en España es uno de los que más ha bajado, con Portugal e Irlanda, de Europa. En concreto ha caído 5,1 puntos entre 2010 y 2012, frente al incremento de 4,8 puntos de la UE-27.

Esto ha provocado un incremento muy notable de las diferencias sociales. Según un estudio de la Fundación 1º de Mayo (ligada al sindicato CCOO) publicado a principios de junio, se denuncia que España es el segundo país de la Unión Europea que presenta mayores desigualdades sociales, sólo superada por Letonia. Según datos de Eurostat (la agencia de estadística europea), el índice de la desigualdad (el índice de Gini) aumentó en España 2,1 puntos (del 31,8% al 33,9%) entre 2005 y 2010, mientras que la media de la Unión se redujo en una décima pasando del 30,6% al 30,5%. Esta diferencia está vinculada a la evolución de la desigualdad de los ingresos. Según estos datos, en España la relación entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% que menos ingresa ha variado de un índice de 5,5 al 6,9 entre 2005 y 2010, mientras que en el resto de la UE ha permanecido en el 5. 

Traducido al mundo real, un empleado español con un suelo medio necesita trabajar ininterrumpidamente siete días para ganar lo mismo que recibe el director general de su empresa en sólo una hora, según un estudio publicado por la revista The Economist también el pasado mes de junio. Y si el empleado se encuentra en el tramo de salarios más bajos, la diferencia se dispara: tendrá que emplearse a fondo durante tres semanas seguidas para ingresar la cantidad que recibe su máximo jefe en apenas sesenta minutos.

Sin embargo, y a pesar de que han bajado los costes laborales (véase los sueldos) en los últimos años y se ha “flexibilizado” el mercado de trabajo (véase la reforma laboral), el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a España a principios del pasado mes de agosto mayores esfuerzos, con una bajada adicional de los sueldos del 10% y una subida del IVA. Esta receta fue secundada con entusiasmo por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, que en su blog personal llegó a advertir incluso que “aquellos actores que lo rechacen frontalmente cargarían sobre sus hombros con la enorme responsabilidad de los costes sociales y humanos". ¿Por qué piden el FMI y Ollie Rehn que sigan bajando los sueldos y además se suban los impuestos?

La receta neoliberal para salir de la crisis

Muchos expertos y economistas han escrito kilómetros de líneas sobre los orígenes de la crisis y de las maneras que hay para combatirla. José V. Sevilla, ex Secretario de Estado de Hacienda en el primer gobierno socialista en 1982, cuenta en su libro “El declive de la socialdemocracia” que hay dos maneras de combatir la crisis. Resumiendo, viene a decir que se puede invertir en modernizar las empresas para mejorar su valor añadido y su competitividad, o se puede rebajar sus costes de producción para que puedan ser más competitivas, tocando fundamentalmente los sueldos de los trabajadores a la baja.

La primera opción es más segura en sus resultados, es la que, por ejemplo, se llevó a cabo en Alemania en los últimos años 90 y principios de la década del 2000. Así las empresas alemanas mantuvieron su liderazgo mundial en exportaciones, lo que le permite a Alemania hoy seguir siendo el gigante económico europeo, aunque también se tocaron bastante los sueldos y los derechos laborales para bajar los costes de producción. El inconveniente de esta vía es que es lenta y hace falta capital para invertir.

En España se ha escogido la segunda vía. Los bancos –profundamente afectados por la crisis del ladrillo- no tienen dinero que prestar, a pesar de los miles de millones de euros de dinero público. Y también porque la bajada de costes de producción tiene unos efectos más rápidos en el tiempo, pero a costa de mantener a las empresas anticuadas y con el único factor competitivo en el precio, y no en la calidad del producto, lo que a la larga provocará otra vez su desfase y falta de competitividad en el mercado internacional. Un ejemplo de esta tendencia cortoplacista: España se encuentra hoy en el puesto número 18 de Europa en inversión I+D+I con un 0,8% del PIB, lejos del 2% que gasta la media de la Unión Europea.

Para poder llevar a cabo la bajada de los costes de producción hacen falta una serie de factores fundamentales, entre los que destacan el apoyo político e ideológico a este camino, en este caso del Gobierno del Partido Popular, que ha diseñado y puesto en funcionamiento una reforma laboral que crea un marco legal que precisamente permite la bajada de los sueldos y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. Así se bajan los costes mientras se aumentan las horas de producción. Es decir, se produce más por menos, o lo que es lo mismo, se trabaja más por menos.

Sin embargo, para poder aplicar este empeoramiento de las condiciones de trabajo, es fundamental haber debilitado previamente la posición de los sindicatos. Esta es una labor que los neoliberales y la derecha política han ido llevando a cabo en los últimos años con notable éxito social dañando la imagen de los sindicatos entre los trabajadores. Así, desde que comenzó la crisis en 2008, en España hay medio millón menos de afiliados a la UGT y a CC OO. Según un informe de la “Fundación 1 de Mayo” de CCOO fechado en mayo de 2012, en España sólo el 19% de los trabajadores está afiliado a algún sindicato. De cara al futuro el horizonte parece todavía más negro, ya que entre los jóvenes menores de 30 años la afiliación es de menos del 10%, mientras que se mantiene en cotas también bajas de entorno al 20% entre los mayores de 45 años.

A los sindicatos débiles se suma una tasa de paro muy alta, de más del 26%, lo que pone en ventaja al empresario a la hora de elegir a los trabajadores e imponer las condiciones. El enorme número de parados interesa a la patronal. Es lo que Karl Marx denominó en “El Capital” como el “ejército de reserva” de trabajadores siempre disponibles y sumisos a las condiciones de los patronos, lo que mantiene los sueldos bajos y las condiciones de trabajo precarias, es decir, los costes de producción bajos. Este es el camino elegido para sacar a España de la crisis y el señalado por el FMI.

La guerra contra la socialdemocracia

No es casualidad que se haya elegido este camino. Desde los años 80 los neoliberales y la derecha política llevan desempeñando una lucha sin cuartel contra el modelo socialdemócrata que imperaba en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y gracias al cual se consiguió el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida más espectacular en la historia del continente. Esa mejora del nivel de vida benefició sobre todo a la clase trabajadora, ya que el crecimiento se gestionó basándose en criterios redistributivos de la riqueza.

Esa redistribución se realizó creando el Estado del Bienestar, que proporcionaba servicios públicos a toda la población, ya sea fomentando la igualdad de oportunidades mediante una educación pública o la igualdad en la atención en la sanidad. Pero sobre todo, el Estado del Bienestar proporcionaba por primera vez a todos los ciudadanos un sistema de pensiones públicos que hacía posible el concepto de jubilación, y una seguridad de cara al desempleo mediante un sistema de prestaciones.

Este entramado social se financiaba vía impuestos, y aquí era donde radicaba esencialmente el concepto de redistribución de la renta. La base del sistema socialdemócrata está en un sistema fiscal basado en la proporcionalidad de la renta, es decir, se paga en función de la riqueza de cada cual. Ese principio lleva siendo golpeado por los neoliberales desde hace más de 30 años. Ellos defienden la recaudación a través de impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, una tasa fija que se pone sobre el precio de un producto. Todos sus consumidores lo pagan igual, sean ricos o pobres. Un millonario paga el mismo IVA que un desempleado de larga duración, por ejemplo.

El FMI o la Comisión Europea, baluartes del neoliberalismo, defienden siempre la subida del IVA y no del IRPF. Así es como se explica que el FMI pida la subida de este impuesto mientras a la vez pide la bajada del 10% de los sueldos: Para compensar los ingresos fiscales que el Estado deja de percibir vía IRPF, ya que si los contribuyentes cobran menos sueldo, pagan menos IRPF.

Por lo tanto, se va eliminando el concepto de redistribución socialdemócrata vía impuestos que se sustituye por el auge de los impuestos indirectos y tasas que pagan todos por igual aprovechando la debilidad (ideológica y política) de los partidos socialistas, lo que también tiene consecuencias fundamentales en la financiación de los servicios públicos y del Estado del Bienestar.

El catedrático de Sociología Ignacio Sotelo explica en su libro “El Estado Social” que el Estado del Bienestar sólo se puede financiar con el pleno empleo. Las pensiones, las prestaciones de los parados, la sanidad, la educación, etc…, necesitan dinero y ese llega vía impuestos. Con una tasa de paro alta los desempleados pagan menos impuestos y se convierten en receptores de dinero público. El sistema público cuenta con menos medios y más demanda, y acaba por sufrir las consecuencias. En España el 26% de parados está sirviendo al PP como excusa para pasar a la privatización de los servicios públicos, como la sanidad en Madrid, o para empezar a reformar el sistema de pensiones que algunos “expertos” ya están señalando como “insostenible”. También está sirviendo de excusa para debilitar a los sindicatos y eliminar así derechos laborales y bajar los salarios.

Es decir, la alta tasa de paro sirve para legitimar el marco legal necesario que permite a la derecha neoliberal desmantelar el sistema de protección social de origen socialdemócrata, y a los grandes empresarios aumentar sus beneficios a costa de sus trabajadores. Por lo tanto, en el futuro y si no se remedia, cuando los efectos de la crisis vayan disminuyendo en intensidad, seguramente se mantendrá una tasa de paro alta durante años. Será una cifra que permita a la economía funcionar de nuevo y reactivar el consumo, pero a la vez mantener la tensión entre los trabajadores, que ante el miedo al desempleo aceptarán un mercado laboral precarizado de sueldos bajos y largas horas de trabajo para mantener la competitividad de a sus empresas y los beneficios altos de sus jefes.  

Publicado en MBC Times