LA OLEADA NEOLIBERAL ¿Simples recortes o un nuevo modelo de gestión?

La crisis está sirviendo de coartada para los recortes y la privatización de los servicios públicos. Los partidarios de estas privatizaciones aseguran que la caída de los ingresos públicos imposibilita la financiación de estos servicios y que es más eficaz y barato que se ocupen de ellos en el sector privado. ¿Se está aprovechando la crisis para imponer el modelo económico neoliberal?

El pasado 3 de septiembre un juzgado de Madrid paralizó el proceso de privatización de seis hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, paralización que fue confirmada días más tarde por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un sindicato médico puso una denuncia al considerar que esta privatización atentaba contra el derecho universal a recibir una asistencia sanitaria, y el juez decidió parar el proceso al considerar que, de continuar, se podría incurrir a daños irreparables con respecto a la capacidad de los ciudadanos para poder ejercer ese derecho.

El auto judicial, además, ponía en duda que la privatización de los hospitales fuera el modelo de gestión más eficaz de los mismos, precisamente el argumento utilizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (del PP) para justificar la venta de los centros hospitalarios. El PP dice que con la privatización se ahorra más de un 25% de gasto con respecto a la gestión pública. En concreto, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha manifestado, para justificar su apuesta de ceder al sector privado seis hospitales, que la atención en estos centros cuesta 600 euros por habitante, mientras que en los de gestión privada es de 441 euros, un 26,5% inferior. La crisis, continúan los partidarios de la privatización, hace imposible mantener los actuales costes de los servicios públicos, por lo que hay que recortar y vender, sin que ello vaya a repercutir negativamente en la calidad.

Pero existe un modelo previo de privatización sanitaria en España, el modelo Alzira, llamado así por el hospital de esa localidad valenciana que fue el primero que pasó de ser gestionado por la administración pública a serlo por una empresa privada en 1999. Las cifras finales de ese experimento no avalan el supuesto ahorro para el contribuyente. Lo dice un estudio mencionado por el Diario El País el pasado mes de enero y coordinado por Salvador Peiró (coordinador de la unidad de investigación de servicios de salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia) y Ricard Meneu (del Instituto de Investigación en Servicios de Salud y responsable de la revista Gestión Clínica y Sanitaria).  Las conclusiones del estudio indican que apenas hay diferencias en el gasto por habitante entre hospitales gestionados de forma pública o privada. En el primer caso, cuesta entre 608 y 707 euros, y en el segundo, entre 672 y 733 euros (con datos de 2009).

Estos datos están comenzando a calar entre la opinión pública que no entiende por qué se deben desprender de unos hospitales que son de todos si al final se acaba pagando lo mismo. Se preguntan por qué se privatiza si no se garantiza el ahorro y ni mucho menos una mejor gestión desde lo privado. Esta cuestión ha provocado una enorme contestación social con movilizaciones masivas en la calle -conocidas como ‘marea blanca’-, así como decenas de iniciativas de partidos y sindicatos desde la izquierda política. Una encuesta realizada por el Diario El País el pasado mes de mayo revelaba que un 71% de los madrileños estaba en contra del proceso de privatización. Un enorme coste y desgaste político para el PP en el Gobierno regional y nacional. Pero el PP insiste en su empeño, a pesar de la tremenda oposición pública y la falta de argumentos basados en la eficacia que justifiquen el desmantelamiento del sistema público. Entonces, ¿por qué insiste el PP?

La privatización de los servicios públicos –o su externalización como gustan decir los neoliberales- es una cuestión de fe que va más allá del mismísimo cálculo político o de la búsqueda de eficacia en la administración. Es parte de una manera de pensar, la expresión de una firme convicción ideológica absolutamente arraigada en unos sectores políticos y económicos que hace muchos años declararon la guerra al Estado del Bienestar, al que identifican con su mayor enemigo: la socialdemocracia.

El Estado del Bienestar, la edad de oro del keynesianismo

A partir de 1945, tras las traumáticas experiencias de la crisis económica que siguió al crack de 1929 y de la terrible Segunda Guerra Mundial, el pensamiento económico reinante era el keynesanismo. Sus fórmulas de actuar a favor de la demanda para estimular la economía tuvieron un éxito asombroso y lo legitimaron hasta convertirlo en el modelo hegemónico e indiscutible en las economías de libre mercado (enfrentadas en ese momento a las economías dirigidas del bloque soviético en plena guerra fría).

El keynesanismo, resumiendo su esencia en un ejemplo que podría ser demasiado simplista, basa su actuación estimulando la demanda en el mercado. Para ello cuenta con el poder inestimable del Estado, la única organización capaz de financiar enormes proyectos que ocupen a miles de trabajadores. Estos reciben un salario que inyectan en la economía que así sale de la recesión. Como hay más empleo y más riqueza, el Estado puede ingresar más dinero vía impuestos, por lo que puede financiar el gasto inicial que invirtió para crear el empleo necesario para reactivar la economía. Es decir, un círculo vicioso que se retroalimenta y que tiene al Estado como el catalizador necesario para una economía en crisis y capaz de invertir allí donde la empresa privada no puede o no quiere.

Este modelo fue adoptado por la socialdemocracia de Europa occidental, que apostó por el papel del Estado para corregir los defectos y carencias de la economía privada e incluso para enderezarla para evitar injusticias sociales, aunque siempre reconociendo al capitalismo como modelo inevitable. La consecuencia de esta apuesta fue el Estado del Bienestar, la manera de corregir las desigualdades sociales y de crear situaciones de igualdad de oportunidades a través de unos servicios públicos que se financian a través de un sistema fiscal progresivo que grava a los ciudadanos según su nivel de renta.

Mientras estuvo en vigor el modelo keynesiano y se desarrollaba el Estado del Bienestar en Europa, el Viejo Continente disfrutó de la etapa de mayor crecimiento económico y del bienestar de su historia. En pocos años la clase trabajadora accedió a unos derechos laborales y a una capacidad de consumo impensable tan sólo una generación antes. Los obreros tenían vacaciones pagadas, coches, viviendas, electrodomésticos, y sobre todo, pleno empleo.

Todo ello terminó con la crisis del petróleo de 1973, cuando los estados de la OPEP, fundamentalmente sus socios árabes, cortaron el suministro a los países de Europa occidental por su apoyo a Israel durante la guerra del Yom Kippur en ese año. De pronto el combustible del crecimiento económico, abundante y barato hasta entonces, empezó a escasear o se tenía que pagar a precio de oro. La consecuencia fue la crisis económica y el paro. El Estado del Bienestar, basado en el pleno empleo y en que todos los trabajadores pagaban impuestos con los que financiar los servicios públicos, entró en crisis al dejar muchos de los contribuyentes de pagar y a empezar a recibir prestaciones por desempleo. El sistema empezó a estar sometido a estrés y a gastar más de lo previsto. El modelo keynesiano omnipotente e intocable hasta entonces comenzó a agrietarse y sus enemigos empezaron a movilizarse.

Estos enemigos tenían a dos referentes económicos fundamentales que negaban la aplicabilidad del keynesianismo: Friedrich Hayek y la Escuela de Chicago en torno a Milton Friedman. Querían recuperar los viejos valores liberales de la superación y libertad individual que habían imperado en la economía a finales del S. XIX y la primera mitad del XX, y que habían quedado deslegitimados por las consecuencias de la crisis de 1929. Sus seguidores serían conocidos como neoliberales.

Adam Smith, “secuestrado”

De nuevo a riesgo de presentar un análisis simplista, la esencia de este modelo podría resumirse en el principio que estableció Adam Smith, el padre de la economía moderna: “laissez faire”, dejar hacer a la economía sin ningún tipo de traba o intervencionismo. Básicamente quiere decir que la ley de la oferta y de la demanda es lo suficientemente fuerte como para cubrir todas las necesidades humanas y hacerlo de manera que todos puedan acceder a los bienes y servicios sin necesidad de la intervención de un Estado que solamente interrumpe ese proceso. Es un principio que Smith dictó hace más de dos siglos, cuando la libertad individual se enfrentaba al despotismo de los reyes absolutos, que solamente recaudaban impuestos para sus cortes y ejércitos, y no para redistribuirlos ni mucho menos entre los pobres. Pero los neoliberales han “secuestrado” este principio del S. XVIII y lo quieren aplicar al S. XXI, a pesar de que Smith lo pensó en una sociedad absolutamente diferente a la actual.

Los neoliberales apuestan por eliminar toda intervención estatal, incluso en los servicios sociales, y dejarlo en manos de la iniciativa privada. Piensan que si alguien necesita un servicio, siempre habrá alguien dispuesto a ofrecerlo en el mercado. Los servicios sociales públicos sólo quedarían para aquellos cuyo bajo nivel adquisitivo no les permite pagarlo. Dándole la vuelta al modelo keynesiano, los neoliberales no creen en los impuestos como un instrumento de redistribución de la riqueza. De hecho, son partidarios de eliminar los tributos progresivos, los que gravan al contribuyente por su nivel de renta, y sustituir el ingreso perdido para el Estado mediante impuestos indirectos (IVA, tasas, etc.) que pagan todos los contribuyentes por igual, independientemente de su nivel de renta. Es decir, quieren que prime el interés individual sobre el colectivo.

Los neoliberales, al contrario que los keynesianos, consideran que el Estado y los impuestos son un estorbo para el buen camino de la economía y para crear empleo. Según este modelo al pagar menos impuestos, los empresarios tienen menos gastos fijos, por lo que pueden invertir ese dinero en crear más puestos de trabajo. Al crear más empleo hay más contribuyentes que pagan IRPF y, sobre todo, consumen más, por lo que suben los ingresos del Estado por el IVA. Es decir, los neoliberales presentan la cuadratura del círculo: ingresar más dinero bajando los impuestos, lo cual solamente se sostiene respetando la regla de oro del equilibrio presupuestario, no gastar más de lo que se ingresa.

Esta idea se ha ido imponiendo en EEUU y en Europa desde principios de los años 80, con la llamada “revolución conservadora” de Reagan y Thatcher, y vive una situación de hegemonía desde la desaparición de la URSS en 1991. Desde entonces se ha ido desmantelando el Estado del Bienestar y la idea de redistribución de la riqueza que había detrás, dejando el servicio público cada vez más como un servicio auxiliar de asistencia a los más desfavorecidos.

La sanidad pública y la escuela pública, dos de los pilares fundamentales de los servicios públicos, compiten cada vez con mayor desventaja frente a las aseguradoras y los colegios privados. Los servicios públicos sufren una decadencia provocada y un empeoramiento de su calidad que empuja a muchos ciudadanos al sector privado, lo que a su vez es utilizado por los neoliberales como un indicador de que existe una gran demanda en ese sector privado que legitima su política. Es decir, al debilitar paulatinamente al sector público alimentan al sector privado.

España y la aplicación del neoliberalismo

El problema y los graves riesgos de este modelo se están evidenciando en la actual crisis económica, en la que España presenta una tasa de paro superior al 27%. El PP es uno de los partidos conservadores más entusiastas a la hora de defender los principios neoliberales, unos principios que por otra parte están fuertemente anclados en los organismos e instituciones de la economía internacional.

El FMI, el Banco Mundial, los EEUU y la Unión Europea, funcionan con criterios básicamente neoliberales a la hora de diseñar sus políticas económicas. Por eso rechazan sistemáticamente aplicar el modelo keynesiano para combatir la crisis y se niegan a realizar grandes inversiones públicas para crear empleo y motivar la demanda –al menos se lo prohíben a los demás. Para ello se escudan en la regla de oro del equilibrio presupuestario que impide endeudarse a los estados (excepto para rescatar a los bancos, podría añadirse).

Por el contrario, su apuesta para crear empleo se basa en eliminar costes de producción, en concreto bajando los sueldos de los trabajadores, lo que se llama “moderación salarial”. Esto sólo se consigue debilitando previamente a los sindicatos y eliminando derechos laborales de los trabajadores, es decir la reforma laboral dictada por un PP con mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, el éxito de este modelo está aún por ver. Por el momento sólo se ha conseguido que siga habiendo una tasa insostenible de desempleo y una bajada de los sueldos general, que el FMI quiere aumentar en otro 10% “para crear empleo”.

Las privatizaciones de los servicios públicos entran en esta lógica: menor presencia del Estado en la vida de los ciudadanos y su sustitución por una mayor presencia de las empresas. Ocurre en la sanidad madrileña, que no sólo compite contra las grandes aseguradoras sanitarias, sino que ve cómo se venden sus hospitales a sus competidores privados. Ocurre en la educación, por ejemplo otra vez en Madrid, donde el gobierno del PP recorta inversiones dejando a las escuelas y universidades públicas en peor situación de competitividad frente a las privadas. Y está ocurriendo en otros muchos servicios públicos.

Y ocurrirá con los otros dos pilares del Estado del Bienestar herederos de la socialdemocracia: las prestaciones de desempleo y las pensiones. El PP ya está presionando para una reforma de las pensiones con la excusa de que la bajada general de los sueldos -que ellos están imponiendo- impedirá poder pagar las pensiones del futuro. Es el mismo discurso que el de la necesidad de las privatizaciones: la dificultad de financiación pública. Ya avisan de que habrá que bajarlas, lo que empuja a los ciudadanos a abrirse planes de pensiones privados. Por el momento han anunciado que no subirán conforme a la subida anual del IPC, lo que supone una lenta pero segura bajada del poder adquisitivo de los futuros pensionistas.

En resumen, las fuerzas políticas y económicas están aplicando el modelo neoliberal con la excusa de la crisis económica. Una crisis, que por otra parte, es consecuencia de la falta de control y de reglas en los mercados financieros que fueron eliminadas precisamente al aplicar el modelo neoliberal.