ESPAÑA, ¿secuestrada por la Unión Europea?

España está inmersa en una dinámica peligrosa. Para poder pagar la enorme deuda privada contraída por el sector financiero español a raíz de la burbuja inmobiliaria, se han inyectado miles de millones de euros de dinero público a los bancos y cajas de ahorro en peligro de quiebra. La alternativa era la posible pérdida de los ahorros de millones de personas, pero ese dinero inyectado en los bancos ha puesto en aprietos las cuentas públicas antes saneadas. Los países de la Unión Europea de la zona euro han acudido en ayuda de esas cuentas con otros miles de millones de euros, pero al precio de imponer una serie de condiciones que solamente se pueden cumplir a cambio de enormes sacrificios sociales. Estos sacrificios, a su vez,  están provocando una bajada espectacular del nivel de renta en España y abriendo una brecha de desigualdad social que hacía bastante tiempo se daba por superada. España depende ahora de las exigencias de Bruselas. ¿Está ‘secuestrada’ por la Unión Europea? - Publicado en MBC Times.

Mariano Rajoy ahora, y José Luis Rodríguez Zapatero antes que él, tenían un objetivo claro: evitar el rescate de España y de sus cuentas públicas para no tener que aceptar las condiciones draconianas de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI) como las que está imponiendo en Grecia y en Portugal. A cambio sí se inyectó dinero público para la recapitalización de la banca española, sobre todo las cajas de ahorro que han quedado muy tocadas por la crisis del ladrillo. Y es que el problema original en esta crisis no son las cuentas públicas españolas. En 2008, año de inicio de la crisis, la administración pública no estaba en quiebra ni tenía números rojos como sí tenía, por ejemplo, Grecia. El problema estaba y sigue estando en el sistema financiero español y en el pinchazo de la enorme burbuja inmobiliaria y de millones de hipotecas desde 2008.

La crisis que afecta a España es fundamentalmente una crisis provocada por la deuda privada, como por otro lado ha advertido el FMI. A finales de 2012 el 77% de la deuda total de la economía española había sido generada por agentes privados: empresas, bancos y hogares, mientras que únicamente el 23% restante era deuda adquirida por las diferentes administraciones públicas, según datos del Banco de España.

Es decir, el problema principal al que se enfrenta España es la insolvencia y la falta de credibilidad de su sistema financiero, lo que está lastrando a todos los demás sectores. Simplificando mucho, es una rueda que gira con una dinámica propia: los bancos no dan créditos, sin créditos los negocios se hunden, por lo que la gente va al paro, no pueden pagar sus deudas, los bancos no recuperan su dinero y no se fían por lo que no dan créditos, y vuelta a empezar.

Por esta razón al comenzar la crisis en 2008, el Gobierno aceptó inyectar dinero en el sistema financiero con el objetivo de romper ese círculo vicioso. Y eso ha costado muy caro. Según publicó el Servicio de Estudios de La Caixa el pasado mes de enero, las inyecciones de capital público en las entidades sumaron 55.752 millones de euros hasta ese momento. Este dinero sí computa como deuda pública, ya que se ha contraído con los recursos del Estado. Es así como se ha puesto en marcha una dinámica que ha provocado que en el primer trimestre de 2013 la deuda pública española sea de más de 923.000 millones de euros, alrededor del 88% del PIB nacional según datos del Gobierno, lo que aún así sigue siendo menos que la media del 90,7% de la zona euro.

Un dinero que sale caro

A principios de este mes de junio los representantes de la Troika estuvieron en Madrid para verificar las necesidades del sector financiero español, que tiene una línea de crédito disponible de hasta 100.000 millones de euros por parte de Bruselas para hacer frente a las necesidades financieras más urgentes. Por el momento se ha dicho que “sólo” se necesitan unos 40.000 millones. Sin embargo, tanto la Troika como el Gobierno español sospechan que esa cantidad en realidad se queda corta. Y ahí es donde comienzan las exigencias de austeridad de Bruselas a España, para que los países acreedores tengan la certeza de que España devolverá el dinero que le han prestado para dárselo a la banca. 

¿Por qué insiste Bruselas en la austeridad? La actitud de Alemania es fundamental. El Gobierno alemán, presidido por la conservadora Angela Merkel, quiere imponer su modelo económico partidista basado en la austeridad al resto de Europa. Es un modelo de gasto que no sólo se explica desde un punto de vista ideológico. Alemania es el país que más dinero pone sobre la mesa. No sólo para España. Fundamentalmente también para Grecia y Portugal, dos administraciones públicas intervenidas o rescatadas directamente por la UE. En Alemania el elector medio está convencido de que en el resto de Europa le están tomando el pelo y eso tiene una influencia enorme en la política de ese país. El discurso más popular alentado por la derecha dice que los alemanes pagan mientras el resto holgazanea. Es una percepción que se expresa políticamente en que desde Berlín se exigen contraprestaciones a los países que reciben su ayuda, al menos hasta las elecciones previstas el próximo mes de septiembre.    

El dinero que llega de Europa es un dinero que no le sale gratis a España ni a los españoles. Hace dos semanas la Comisión Europea pidió a España que suba el IVA y baje las pensiones. Eso sí, a cambio de aumentar al 6,5% el límite del déficit español. Por lo tanto, Bruselas quiere que el Estado recaude más y gaste menos, aunque eso sea a costa de esquilmar el poder adquisitivo medio y los servicios sociales, por otra parte más demandados que nunca debido a la crisis.

Es de nuevo otro círculo vicioso con consecuencias terribles en un escenario con 6,2 millones de parados, una tasa del 27,16% según los últimos datos de la EPA: mientras más parados, más gastos para el Estado (las prestaciones de desempleo) y menos ingresos (los impuestos de la renta que dejan de pagar los desempleados). También sube la demanda de los servicios públicos como la sanidad y la educación, ya que muchas familias en paro ya no pueden permitirse la educación y sanidad privada, por lo que sube la demanda pública pero con menos ingresos por parte del Estado. Pero la respuesta de la UE y del Gobierno de Rajoy es recortar, no invertir más en estos sectores, lo que castiga aún más a los ciudadanos.

¿Cuáles son las consecuencias sociales? Esta situación crea un caldo de cultivo perfecto para la injusticia social. Según un estudio de la Fundación 1º de Mayo (ligada al sindicato CCOO) publicado a principios de junio, se denuncia que España es el segundo país de la Unión Europea que presenta mayores desigualdades sociales sólo superada por Letonia. Según datos de Eurostat (la agencia de estadística europea), el índice de la desigualdad (el índice de Gini) aumentó en España 2,1 puntos (del 31,8% al 33,9%) entre 2005 y 2010, mientras que la media de la Unión se redujo en una décima pasando del 30,6% al 30,5%. Esta diferencia está vinculada a la evolución de la desigualdad de los ingresos.

Según estos datos, en España la relación entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% que menos ingresa ha variado de un índice de 5,5 al 6,9 entre 2005 y 2010, mientras que en el resto de la UE ha permanecido en el 5. Estas cifras son consecuencia directa de las políticas de recortes impuestas por la Unión Europea y aplicadas con más o menos entusiasmo por el Gobierno de España.

Aumenta la desafección hacia la Unión Europea

¿Qué consecuencias políticas pueden tener los recortes? Las medias de los países de la zona euro se traducen no sólo en un crecimiento de las desigualdades y en cifras macroeconómicas que afectan muy negativamente en la vida real de los ciudadanos. También incide muy negativamente en la percepción política que se tiene de la UE como institución e incluso como idea. Según una encuesta publicada el pasado 13 de mayo de 2013 por el Pew Research Center, sólo un 46% de los españoles ve a la UE de manera favorable. Son 14 puntos menos que hace un año, en el que un 60% de españoles consideraba a la UE como algo positivo. En 2007, justo antes de que estallara la crisis, dos tercios de los españoles confiaban en las instituciones europeas.

Es decir, en seis años, la Unión Europea ha pasado de ser una suma de instituciones muy valorada y apoyada por los españoles, a ser percibido más como un problema que como una solución para salir de la crisis. Lo mismo puede decirse de otros países del “sur” europeo, como por ejemplo Grecia que sufre las directrices más descarnadas de la Troika contra el Estado social. Así, sólo un tercio de los ciudadanos griegos es favorable a las instituciones europeas, el porcentaje más bajo entre los encuestados por el Pew Research Center.    

  

Sin embargo, la imagen de la Unión Europea no sólo se resiente en los países en crisis y que dependen de las recetas económicas y sociales impuestas por Bruselas. La percepción se está empezando a tornar también negativa en los países que controlan las instituciones europeas e imponen sus políticas desde hace años como por ejemplo el llamado eje franco-alemán. Así, en Alemania la percepción favorable de la UE es del 60%, bastante alto en comparación con otros países, pero un 8% menos que hace un año. Pero en Francia es de menos de la mitad de la población, ya que sólo un 41% ve a la UE con buenos ojos, menos incluso que en España. Son 19 puntos menos que hace un año, la mayor caída de la confianza de todos los países europeos encuestados. En resumen, son malos tiempos para la idea de Europa.

Estos datos harían reflexionar a cualquiera y harían saltar las alarmas entre los europeístas. Sin embargo, las autoridades de Bruselas se mantienen impertérritas. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? ¿Por qué insiste en una política de austeridad que ataca directamente el nivel de vida de los ciudadanos? ¿Por qué insiste en esta vía mientras los ciudadanos se alejan cada vez más de la idea de Europa y de sus instituciones?

Llegan los minijobs

La respuesta podría estar en los datos del último mes de mayo del Paro registrado en España. Bajó en casi 100.000 personas con respecto al mes anterior, pero solo 7,49 de cada 100 contratos firmados en mayo fueron indefinidos, lo que supone la relación más baja para un mes de mayo desde 1997. Además, más de 60.000 de los contratos firmados ese mes lo fueron en el sector de la hostelería. Es decir, la precariedad avanza a pasos agigantados. España está en la senda de convertirse en el “país de camareros” que, con el mayor de los respetos hacia esa profesión, se decía medio en serio medio en broma para describir el mercado laboral nacional.

Es el fenómeno de los llamados “Minijobs” como se les llama en Alemania, el país de referencia económica y principal potencia política de la Unión Europea. Según un reportaje del semanario alemán “Der Spiegel” publicado a principios de junio, un 22% de los trabajadores alemanes tiene un Minijob, es decir, un empleo precario de pocas horas diarias con un sueldo de una media de 11 euros la hora. La consecuencia es previsible: al igual que España, en Alemania también se está produciendo una enorme brecha salarial entre los que más tienen y los que menos.

Hay teorías económicas que dicen que en un contexto global la Unión Europea, en concreto la zona Euro, solamente seguirá siendo competitiva en la economía global si baja sus costes de producción a cotas social y políticamente inaceptables para el estándar occidental. Es decir, para poder competir con la mano de obra china, india, brasileña, etc. de las economías emergentes, es necesario bajar sueldos, flexibilizar despidos y empeorar las condiciones laborales.

En España está ocurriendo, y en Alemania (mucho más fuerte económicamente) también. La sociedad en su conjunto lo acepta tácitamente. No le queda más remedio al estar agobiada por la enorme deuda privada a la que hacía referencia al principio. Hay que pagar la hipoteca y hacer frente a los cada vez más elevados costes de día a día como consecuencia de los recortes sociales (educación, sanidad). La enorme cantidad de parados (un 27,2% que llegaría a más del 28% según la OCDE) crea lo que Marx llamó un “ejército de reserva de trabajadores” dispuestos a aceptar cualquier empleo, sean las condiciones laborales las que sean.

España atrapada en un círculo vicioso

En resumen, España está atrapada en un círculo vicioso muy peligroso arrastrada por la deuda privada, fundamentalmente de su sector financiero debido al pinchazo de la especulación urbanística. Para evitar que los bancos quiebren el Estado se está endeudando cada vez más, y a cambio debe aceptar unas condiciones draconianas impuestas por la Unión Europea que apuesta por la austeridad en las cuentas, sobre todo sacrificando el gasto social, nada extraño por cierto teniendo en cuenta que los países más poderosos de la zona euro están siendo gobernados por partidos conservadores.

Los miles de millones del dinero público español inyectados en la banca y los más de 40.000 millones de euros recibidos por la UE se devuelven en forma de recortes sociales y aumento de impuestos que ahogan cada vez más la ya maltrecha economía española y ahondan en la brecha salarial haciendo desaparecer poco a poco a la clase media. La consecuencia es una creciente desafección ciudadana hacia Europa y la destrucción del modelo social y laboral que ha funcionado en el occidente europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y el abaratamiento de los costes laborales frente a las economías emergentes.

España está en medio de esta dinámica y no tiene salida. La vuelta a la peseta hundiría la ya exigua capacidad exportadora española y dejaría a su maltrecha economía a la intemperie del mercado global sin contar con un factor competitivo al que agarrarse. Negarse a pagar la deuda cerraría el grifo de futuros préstamos necesarios para toda economía, esté en crisis o no. La única manera es que en la Unión Europea cambien el objetivo y la austeridad de paso a políticas que permitan un endeudamiento moderado. Hay que recordar que la media de la deuda en la zona euro es todavía mayor que la española. Pero el principal problema de España sigue siendo la deuda privada. El precio de las hipotecas de los pisos vendidos en época de la especulación urbanística está saliendo muy caro.

Publicado en MBC Times.