Los españoles conviven diariamente con los escándalos de corrupción en los medios de comunicación. El caso Bárcenas sólo es el último de una larga lista de escándalos que comenzó su deriva mediática hace veinte años con el caso Roldán. El número de casos que actualmente copan las páginas de los periódicos y los minutos en las radios y televisiones es preocupantemente largo: el caso Noos que implica a la Familia Real española, el caso Gürtel –emparentado con el caso Bárcenas-, el caso Palma Arena, el caso Pallerols, los ERE de Andalucía, etc. Estos casos, entre otros, son noticia hoy. Ayer fueron otros y antes de ayer otros. - Publicado en MBC Times.
Desde hace veinte años la política española está siendo sacudida por una tormenta de escándalos de corrupción prácticamente diarios. Es un bombardeo y la sensación que dejan en la opinión pública es que la corrupción se ha apoderado del país, por lo que la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus políticos está sufriendo un durísimo golpe.
No es un escenario que pudiera o debería considerarse normal. Por ello cabe preguntarse si estas oleadas de corrupción son reales, si realmente existe este problema en nuestro país o si se trata de un espejismo mediático, una expresión de la sociedad del espectáculo en la que vivimos. ¿Están saqueando el país o se trata de una realidad publicada en los medios? Existen dos teorías que no tiene por qué ser excluyentes y que explico a continuación.
La corrupción como un saqueo institucionalizado
El catedrático de Derecho Administrativo, Alejandro Nieto, es autor de un libro titulado “La corrupción en la España democrática”. Explica que la corrupción es sistemática, una cuestión que responde al mismo diseño institucional y al mecanismo de funcionamiento del Estado desde la Transición que sería intrínsecamente corrupto.
Su tesis se resume en que los grandes partidos son los que controlan el Estado, un sistema de gobierno que llama “partitocracia”. Todos los miembros de los diferentes poderes y órganos estatales pertenecen a alguno de los grandes partidos que aprovechan las estructuras estatales para alimentarse de ellas. Es decir, el partido que gana las elecciones automáticamente se hace con el control de los recursos y estructuras públicas a través del nombramiento de los responsables de la administración.
Se trata de centenares de personas que son puestas “a dedo” al frente de organismos o departamentos administrativos y controlan presupuestos y políticas públicas. Estas personas no son funcionarios, es decir, no han pasado un examen. Por ello su lealtad se debe a su partido que le ha puesto en ese lugar, no al Estado al que sirve. Esa lealtad se traduce en que, a cambio de las prebendas y sueldos relacionados con sus cargos en la administración, hacen lo que el partido les pide.
Esto implica todos los niveles administrativos (local, autonómico y central), y los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Es decir, se implica también a jueces y a funcionarios. El propio Alejandro Nieto lo explicó así en una entrevista en 2009 en el blog Fuerteventura Limpia: “Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen”.
De hecho, los propios instrumentos fiscalizadores de la misma administración, como por ejemplo los tribunales de cuentas, tampoco sirven porque sus miembros son nombrados a dedo por los partidos políticos.
Esto mismo ocurre con los jueces, que pertenecen a un poder supuestamente autónomo y que debería fiscalizar la acción administrativa. El problema reside en que sus máximos representantes también son nombrados por los partidos. Nieto explicó en esa misma entrevista que “el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia”.
Esto impide que exista un poder controlador neutral que impida el saqueo de la administración. Como el propio Nieto aseguró en una entrevista a ABC el pasado 11 de diciembre de 2012, los jueces “tienen una responsabilidad enorme. Son los que tienen la última palabra y podrían hacer mucho más: atender los expedientes y sumarios en lugar de dejarlos dormir. Que la corrupción no se persiga correctamente se debe en gran parte a que los magistrados se atienen a los consejos de los políticos”.
Es decir, el problema de la corrupción en España reside en el control que ejercen los principales partidos sobre la estructura administrativa y estatal en su conjunto, impidiendo que existan resquicios que escapen a su influencia y que puedan servir para controlar sus actividades.
Como afirmó Nieto en la entrevista antes mencionada en ABC: “Todos están corruptos hasta el tuétano. Cada partido tiene su área de corrupción y la ejerce donde, cuando y como puede. El que gobierna, que da las licencias y contrata, puede incurrir en ella. Cuando se descubre un escándalo, las demás formaciones no tienen ningún interés en que se continúe investigando porque pueden apuntarles a ellos. Por eso, el único modo de evitar que la población salga a la calle es callarse”.
Sin embargo, existen otras teorías. La corrupción también puede ser un arma política muy poderosa utilizada en el campo de batalla moderno en la guerra entre los partidos en su lucha por el poder: los medios de comunicación.
La corrupción como expresión de la lucha política en los medios
El catedrático de sociología Manuel Castells explica que los medios de comunicación han sustituido al parlamento o la plaza pública como el lugar del debate político. Como dice en su libro “Comunicación y poder”: “Los medios de comunicación son el espacio donde se crea el poder”. La consecuencia de la política mediática es la adaptación de la política a las necesidades de los medios. Estos necesitan contar historias atractivas y “entretenidas”, y eso se hace mejor con un rostro humano que con las siglas de un partido. Así pues, la consecuencia es la personalización de la política.
Los electores buscan líderes de los que se puedan fiar, por lo que la (imagen de) honradez se convierte en uno de los pilares fundamentales para cualquier carrera política. O al revés, destruir la (imagen de) honradez del rival se convierte así en una de las prioridades de los contendientes políticos en su lucha por el poder. Aquí entran en juego los medios de comunicación, fundamentales para llevar a cabo el ataque decisivo entre políticos y difundirlo entre sus electores: el escándalo.
El problema es que este enfrentamiento basado en el escándalo se ha generalizado de tal manera que ya es lo habitual. Como dice Castells, “la política del escándalo es una forma de lucha por el poder más enraizada y típica que el desarrollo ordenado de la competencia política de acuerdo con las leyes del estado”.
Es decir, el escándalo de corrupción es parte de la munición habitual en la lucha diaria por el poder, un hábito que en España comenzó a partir de 1993 cuando el socialista Felipe González ganó las elecciones contra todo pronóstico y el PP comenzó a usar los escándalos para hacer caer su gobierno (casos Roldán, Filesa, GAL, Mariano Rubio, etc.).
El escándalo político en España es pues un arma que se utiliza de manera indiscriminada y abusiva, sin tener en cuenta las consecuencias. Existen y son muy peligrosas, ya que como explica Castells, “Parece haber una conexión, si bien mediada y compleja, entre la política mediática, la política del escándalo y la disminución de la confianza en las instituciones políticas”.
Teniendo en cuenta el constante bombardeo al que están expuestos, no es casualidad que los españoles confíen cada vez menos en sus representantes públicos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, “Los políticos en general, los partidos políticos y la política” son considerados por los encuestados el tercer problema más importante de España desde octubre de 2009.
La percepción de la política como un problema está aumentando. Así, si hace tres años y medio lo pensaba un 13,3% de los encuestados, en febrero de este año lo consideran así el 30,3%. En comparación, en septiembre de 1993 –el año de la última victoria electoral de Felipe González- sólo el 2,8% de los encuestados identificaron a los políticos como un problema. En cambio, en marzo de 1996, el mes de la primera victoria electoral del PP en una generales tras los escándalos que salpicaron al PSOE, un 14,7% de los encuestados desconfiaba de la política. ¿Casualidad o fruto de un proceso mediático basado en la política del escándalo?
Los medios de comunicación son, por lo tanto, fundamentales en las luchas por el poder de las organizaciones políticas y cómplices necesarios para la puesta en práctica de la política del escándalo. Sin embargo, los medios deben tener cuidado ya que juegan con fuego. Manuel Castells afirma que “lo irónico es que como los medios de comunicación desempeñan un papel en la propagación de los escándalos y la deslegitimación de las instituciones, corren el riesgo de perder su propia legitimidad ante su audiencia”. Es lo que el profesor David Fan llama el mensajero suicida.
Los medios de comunicación se han convertido en el lugar central en el que se desarrolla la lucha política. Eso tiene la ventaja de que así se aseguran una audiencia millonaria y que se convierten en actores con una gran influencia. Sin embargo, arrastran el mismo desgaste que sus cómplices.
Según una encuesta del Instituto Gallup publicada en septiembre de 2012, un 60% de los estadounidenses –país en el que la política del escándalo es una constante- desconfía de los medios de comunicación de masas. En España la cifra de los que no confían en los medios de masas es del 50%, según el último “Trustbarometer” de la consultora Edelman publicado el pasado 20 de enero.
La corrupción, ¿causa o consecuencia?
En resumen, ambas tesis explican la oleada de escándalos de corrupción en España de los últimos veinte años como una causa o como una consecuencia. Como causa de un diseño de la organización del estado desde la Transición que propicia el saqueo de los recursos públicos por la llamada “partitocracia”, como la llama Alejandro Nieto. O como consecuencia de una estrategia mediática de lucha política enfocada a desprestigiar al rival en la (legítima) lucha por el poder, como explica Manuel Castells.
En todo caso sea causa o consecuencia del funcionamiento del sistema político, el prestigio de dicho sistema está por los suelos y la desconfianza en las antiguas formas de hacer política crece cada día más. Tanto si la corrupción, o mejor dicho su percepción en la opinión pública, es una causa o una consecuencia de la labor de los partidos políticos tradicionales, éstos están obligados a diseñar nuevas formas de relacionarse con la sociedad que descarten los escándalos de corrupción para siempre. Si quieren conservar su legitimidad como representantes de la ciudadanía y del propio sistema democrático parlamentario, claro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.