LAS REFORMAS DEL PP: VACIANDO EL ESTADO

Las políticas de reformas del gobierno del Partido Popular están recortando el papel del Estado como ningún partido había hecho antes en la historia de España. Escondido entre argumentos de carácter económico y de viabilidad financiera, con cada recorte de medios y de competencias el PP está regalando a la iniciativa privada nuevos campos de actuación que antes estaban reservados a la acción estatal, comprendida esta en sus tres niveles: nacional, autonómico y municipal.

No se trata solamente de la clásica privatización de empresas y sectores públicos. Con cada recorte de ayudas, con cada ‘flexibilización’ de las normas a favor de las leyes del mercado, el Estado pierde su papel fundamental de corrector de desigualdades y de protector de los ciudadanos más débiles. Es decir, con las reformas y recortes, el PP rompe el contrato social del Estado con los ciudadanos y provoca una pérdida de legitimidad del actual marco estatal entre la población.

Es decir, si la legitimidad del Estado se basaba en las obligaciones pero también, y sobre todo, en los derechos de los ciudadanos, con la pérdida de esos derechos las obligaciones se hacen cada vez más onerosas e injustas, ya que no  se recibe nada a cambio. Se pierde el principio de que a cambio de los impuestos y de una serie de comportamientos se garantizan una serie de derechos y de bienes. Con la pérdida de derechos y el aumento de la carga de las obligaciones, la legitimidad del Estado se reduce cada vez más a su condición de monopolista de la violencia (con permiso de las empresas de seguridad privada) y no de Estado social.

Menos derechos y más obligaciones

En concreto, la reforma laboral y los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno de España van en esa dirección. La reforma laboral supone unos cuantos pasos hacia atrás del papel del Estado como garante de los derechos de los trabajadores, que ahora se encuentran cada vez más desprotegidos y a merced de la “mano invisible” del mercado. Por su parte, los presupuestos más restrictivos de la historia suponen la retirada de la presencia del Estado en muchos y muy importantes ámbitos, sobre todo en lo que respecta a su papel de redistribuidor de las rentas.

La amnistía a los defraudadores fiscales señala una derrota en toda regla del Estado y de su papel fundamental de garante y ejecutor de las leyes. El Estado ha señalado con esta medida su incapacidad para hacer respetar su papel, es decir, para obligar a los defraudadores a cumplir con su obligación mientras elimina derechos a la mayoría y aumenta sus obligaciones, como es la subida de los impuestos en el IRPF.

Más impuestos y a cambio amnistía para los que no los pagan. Menos derechos sociales para todos y menos ayudas estatales para los más débiles. La pregunta que se podrían hacer los ciudadanos es muy simple: ¿Por qué participo en esto? Un golpe directo a la legitimidad del Estado. Pero este golpe también va dirigido a la que para muchos es la culpable de esta situación: Europa.

Es la Unión Europea quien alienta estos recortes pero a cambio no es capaz de recordar los beneficios de ser miembro del club europeo. Es cierto que los trabajadores españoles pueden (y deben) emigrar a otros países europeos sin trabas burocráticas para buscar empleo. Es cierto que el Euro ha ayudado a España a fortalecer su economía en la época de vacas gordas. Y es cierto que España se ha beneficiado de las muchas y generosas ayudas europeas en la construcción de infraestructuras y en la agricultura. Pero ahora toca sufrir, y no está claro que los beneficios superen a los sacrificios.

El miedo se llama Grecia. No acabar como Grecia, no ser como los griegos. No estamos tan mal, no podemos caer en eso. Este es el mensaje que trata de justificar todas las reformas y recortes destinados, en principio, a salvar el Estado. Sin embargo, ¿no somos ya un Estado cada vez más vacío?