LOS ESCENARIOS POLÍTICOS QUE PUEDE PROVOCAR BÁRCENAS

Luis Bárcenas, el ex tesorero y ex gerente del PP, está desvelando los peores trapos sucios del partido en el Gobierno y del presidente Mariano Rajoy. Cada día salen a la luz nuevos ejemplos de cómo el PP utilizaba el dinero negro que recibía por parte de empresarios solícitos a cambio de favores. Se trata de uno de los mayores, sino el mayor escándalo de la actual democracia española, mientras Rajoy sigue sin querer comparecer en el Parlamento. La oposición ha anunciado una Moción de Censura y se reclama a gritos la dimisión del presidente y elecciones anticipadas. ¿Qué escenarios políticos se abren en España a partir de ahora?

El periodista Pedro Blanco definió a Mariano Rajoy como “preso de un preso de Soto del Real”. Luis Bárcenas por el momento ha desvelado que ha mantenido una estrecha relación y complicidad con el presidente del Gobierno, al menos hasta el pasado mes de marzo, como atestiguan los SMS que se enviaron mutuamente. También le ha confesado al periodista Pedro J. Ramírez que el PP recibía donaciones millonarias de empresarios a cambio de favores y que no podían justificar por exceder los límites fijados por la ley de financiación de los partidos políticos. Pero Bárcenas no se ha quedado ahí.

Por el momento ha revelado ante el juez que Rajoy y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, recibieron un sobresueldo en negro entre 2008 y 2010, o que el PP pagó la defensa del caso del Yak 42 con los euros de su caja B que, según los datos aportados por Bárcenas al juez, podría ascender a 8,3 millones de euros de dinero negro. El diario El Mundo ha publicado también que el propio Rajoy habría amenazado a Bárcenas con encarcelar a su mujer si seguía hablando, o la nulidad del caso y el cese del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, si guardaba silencio.

Uno por uno y en singular todos estos casos suponen por sí mismos un escándalo grave, pero en su conjunto suponen un verdadero terremoto de consecuencias a primera vista imprevisibles. La oposición exige a Rajoy que comparezca en el Parlamento y explique su relación con Bárcenas y el origen del dinero negro del PP. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, ha anunciado una Moción de Censura si la mayoría absoluta del PP continúa bloqueando esta comparecencia, y los gritos que piden la dimisión del presidente se multiplican.

Rajoy está asediado, ¿pero realmente no tiene escapatoria? Su situación parece muy precaria, sin embargo cuenta con muy buenas cartas y una situación política, social y económica que le desaconsejan hacer otra cosa que no sea aguantar en el puesto. Aquí se analizan los diferentes escenarios políticos que se podrían abrir a partir del Caso Bárcenas y por qué Rajoy no se mueve:

Moción de Censura: Parece el escenario más probable e inmediato si el PSOE cumple su advertencia –el único grupo parlamentario de la oposición con diputados suficientes para presentarla- y si Rajoy sigue sin comparecer en el Congreso. La Moción de Censura es un mecanismo recogido en los artículos 113 y 114.2 de la Constitución y en los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso de los Diputados. No se debe olvidar que el Presidente del Gobierno es nombrado por el Congreso –en las elecciones no votamos al presidente, sino a los diputados que le nombran-, por lo que le corresponde al propio Congreso la capacidad de deponerlo. Sin embargo, no se puede poner una Moción de Censura a la ligera. Se necesitan al menos 35 diputados y se caracteriza por la obligación de proponer a un candidato a la Presidencia del Gobierno por parte de los diputados que presentan la moción, una persona que, por otra parte, no tiene por qué ser diputado. Es decir, se obliga a la oposición a ser constructiva y no solamente a deponer el Gobierno. Ya sólo este detalle obliga a la reflexión. En este caso, ¿a quién nombraría el PSOE como candidato para enfrentarse a Rajoy?

El PP tiene mayoría absoluta de 186 diputados en el Congreso, por lo que el resultado de la Moción de Censura está claro. Los socialistas, con 110 escaños, explican que, sin embargo, se presentaría “por dignidad de la Cámara”, para no dejar sin lucha la exigencia de respeto al Parlamento. Sabiendo que van a perder, los socialistas tendrían que presentar a un candidato dispuesto a autoinmolarse. ¿Sería una persona sin grandes ambiciones dispuesta a sacrificarse o sería el líder?

La moción de censura prevé un debate en el Congreso para explicar por qué se presenta, y en ese momento todas las miradas se centrarían en el orador que representaría a su partido. Sería la voz de la oposición frente al PP, aunque no está obligada la presencia de Rajoy al tratarse de un trámite exclusivamente parlamentario. En caso de que se encargue de defender la postura socialista un o una dirigente sin demasiado peso orgánico y mediático, sería un papel demasiado grande para una persona que no pretende liderar al principal partido de la oposición más allá de este debate, y una imagen de poco convencimiento en la utilidad de esta medida. Pero tendría la ventaja de que se ‘quemaría’ a una personalidad sin demasiada relevancia para la futura lucha por el poder. Sin embargo, le restaría toda utilidad y sentido a esta maniobra que no dejaría de ser puramente mediática.   

En ese caso, ¿sería Rubalcaba? Es la gran pregunta, ya que hoy por hoy es el líder del PSOE dentro y fuera del Congreso. Sin embargo, su futuro como candidato a presidente del Gobierno no está claro. Está previsto un proceso de primarias en el que se elegiría al nombre de la persona que se enfrentará al PP en las próximas elecciones. Rubalcaba no ha aclarado si se presentará o no a este proceso, y si tiene pensado continuar al frente del PSOE. Aceptar la responsabilidad de encabezar una Moción de Censura abocada al fracaso le confirmaría como el líder socialista, pero le podría quemar definitivamente de cara al futuro. Si acepta o no la candidatura frente a Rajoy podría considerarse una manera interesante para poder interpretar los planes de futuro de este veterano y hábil político.

Por otra parte, y recordando que no es necesario ser diputado para ser candidato en una Moción de Censura, no es probable que se opte por presentar a algún dirigente con proyección y ambición a dirigir el PSOE o presentarse a las primarias (según han publicado los medios), como Carme Chacón, Patxi López o Eduardo Madina. Ninguno de ellos querría encabezar una Moción de Censura abocada al fracaso y, sobre todo, no se puede apostar por ninguno de ellos sin haber pasado previamente el trámite de las primarias y pensar que ello no tendría consecuencias. No estaría legitimado ante el propio partido y el desgaste interno sería muy alto. Y no hay tiempo para celebrar unas primarias.

Lo complicado en este proceso de presentación de una Moción de Censura es conseguir la unanimidad de los grupos de la oposición para, al menos, presentar un bloque compacto frente al Gobierno. Y eso ahora tampoco está claro. Los catalanes de CiU, por ejemplo, han puesto precio a su apoyo a la Moción de Censura (apoyar la consulta soberanista) y los vascos del PNV ya la han despreciado como “inútil”. UPyD y ERC la apoyan, y el grupo de la Izquierda Plural en el Congreso (IU-ICV-CHA) decidirá en su momento si la apoya o no.

Está por ver que todos ellos acepten a un único candidato contra Rajoy, ya que el Reglamento permite que todos los grupos puedan presentar un candidato propio una vez que se presenta la Moción de Censura, sea cual sea su número de diputados. Y hay que recordar que el Reglamento impide presentar otra moción en el mismo periodo de sesiones. Habría que esperar un año para la siguiente

De todos modos, los trámites para presentar una Moción de Censura pueden ser largos. Si el PSOE lo pidiera en los próximos días seguramente habría que esperar a septiembre ya que el Congreso ahora está de vacaciones hasta el inicio del próximo periodo de sesiones. ¿Qué habrá desvelado Bárcenas hasta entonces?

Elecciones adelantadas: Está claro que no todos los partidos de la oposición tienen la misma estrategia a la hora de encarar el Caso Bárcenas. Por ejemplo, Izquierda Unida se muestra ambigua con respecto a la Moción de Censura. En cambio exige la dimisión de Rajoy y elecciones anticipadas. No es de extrañar, ya que las últimas encuestas electorales prevén una importante subida de escaños de esta formación política si se celebraran elecciones hoy.

Según una encuesta de GESOP publicada por el Periódico de Cataluña a principios de este mes de julio, en caso de elecciones anticipadas IU conseguiría 50 diputados (frente a los siete de ahora). Por su parte, el otro partido emergente, UPyD, pasaría de cinco a 33 diputados. Por su parte, los partidos mayoritarios perderían apoyos. El PP perdería hasta 68 diputados, pasando de los 186 actuales a 118-122 escaños. El PSOE sufriría un desgaste menor, ya que pasaría de sus 110 diputados actuales a 104-107. El CIS, en su barómetro del pasado mes de mayo, señaló que el PP perdía 10,6% de su intención de voto con respecto a las elecciones de noviembre de 2011, y el PSOE se quedaba estancado en el 28,2%.

Por lo tanto, si hubiera elecciones anticipadas el PP perdería su comodísima mayoría absoluta. Sin embargo, España entraría en una situación de ingobernabilidad peligrosa. La bajada de los partidos mayoritarios no está siendo acompañada por una  subida correspondiente de los emergentes. No hay que olvidar que IU en el mejor de los casos para ellos conseguiría sólo la mitad de diputados que el PSOE y UPyD menos de un tercio. La consecuencia es que ni PP ni PSOE tendrían una mayoría suficiente para gobernar en solitario y necesitarían pactar con estos partidos emergentes o entre ellos. Se abriría un escenario de consecuencias impredecibles y no es descartable que tuvieran que repetirse las elecciones. Un escenario a la italiana, por lo que está claro que ni PP ni PSOE tienen ni la menor pizca de interés en convocar nuevas elecciones.

Dimisión de Rajoy: Una última y también, por el momento, improbable posibilidad es que Mariano Rajoy no aguante la presión y decida dimitir sin que eso suponga la convocatoria de elecciones. Esto es perfectamente posible ya que, como se ha señalado arriba, es el Parlamento el que nombra al jefe del Ejecutivo, y no es necesario alterar las mayorías en el Congreso.

Por las mismas razones explicadas en el apartado anterior, el PP seguiría sin tener un interés en adelantar las elecciones, por lo que se limitaría a nombrar a un nuevo presidente o presidenta de su elección. En este caso, al igual que sucede con la candidatura obligatoria para presentar una Moción de Censura, la Constitución no especifica que sea obligatorio nombrar a alguien que sea diputado. Esto abriría la lucha por el poder a todo el PP. ¿Quién sería el o la nueva presidente?

El PP está salpicado hasta el fondo por los escándalos del Caso Bárcenas. Prácticamente toda la cúpula directiva desde la época de José María Aznar ha recibido presuntamente sobresueldos de dinero negro, lo que implica a casi todos los posibles candidatos a suceder a Rajoy. Si se ignorase esta circunstancia se perpetuaría el Caso Bárcenas y se trasplantaría al siguiente Gobierno.

Sin embargo, en caso de que fuera así, cabría resolver el problema de la sucesión en el seno del PP. Habría lucha y muy fuerte. Entre los partidarios de Rajoy destacan  su “número dos” en el partido, María Dolores de Cospedal, o su mano derecha en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero en la ecuación entrarían los enemigos internos que no desaprovechan la ocasión para debilitar a su rival e incluso para tratar de hacerse con el poder.

Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid y ex presidenta regional, encabeza desde hace años al sector crítico contra Rajoy. No está desaprovechando el Caso Bárcenas para desmarcarse de la dirección y la estrategia de su partido, y no duda en exigir transparencia y responsabilidades –olvidándose de los escándalos que le salpican como responsable del ejecutivo madrileño como los casos Gürtel o Fundesam. Aguirre es el azote de Rajoy que no descansa, lo que incluso le ha valido una bronca de su amigo y sucesor en la Puerta del Sol, Ignacio González, según informó El País esta semana. Y además está José María Aznar. Hace poco más de un mes hizo una reaparición pública estelar en Antena 3 en la que fustigó a Rajoy e incluso no descartó veladamente que pudiera volver a la vida política activa. Los viejos fantasmas de Rajoy están despertando.

El caso Bárcenas está poniendo en tensión a todo el país. Existen diferentes opciones y escenarios que podrían abrirse a partir de ahora como consecuencia de los escándalos que salpican al principal partido del país. Sin embargo, son muchas y poderosas las razones que hacen pensar que, pase lo que pase, ni Rajoy será derrocado por una Moción de Censura, ni dimitirá y ni mucho menos convocará elecciones anticipadas. De hecho, si lo hiciera, sería incoherente con su actual argumentario: “Bárcenas es un delincuente y no tiene credibilidad”. Rajoy intenta ignorar que es preso de un preso de Soto del Real, como dijo Pedro Blanco.  

  

EL GIRO DE BÁRCENAS

“Un acto de lealtad”. Así explicó Luis Bárcenas al periodista Pedro J. Ramírez su desmentido el pasado mes de enero en el que rechazaba haber pagado sobresueldos a altos cargos del PP y desligaba a su partido del escándalo en el que estaba implicado. Seis meses después el ex gerente y ex tesorero popular amenaza con “tirar de la manta”.
- Publicado en MBC Times.

Luis Bárcenas está hablando. El artículo “Cuatro horas con Bárcenas”, firmado por el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, y publicado el pasado 7 de julio, es el fruto de una conversación entre el ex tesorero y ex gerente del PP y el periodista días antes de que Bárcenas ingresara en prisión. En él se describe cómo aceptaba sobornos de empresarios junto al que fue tesorero del PP antes que él, Álvaro Lapuerta:

“El dinero se entregaba en bolsas, maletines o maletas en el despacho del tesorero Álvaro Lapuerta en la calle Génova y en presencia de Bárcenas, en calidad de gerente. Ambos contaban los billetes y los metían en la caja fuerte, bromeando a menudo sobre si se fiaban el uno del otro o no. 

Cuando el donante abandonaba el despacho, Lapuerta extraía de la cartera de mano una tarjeta de visita y en el reverso escribía con letra diminuta el nombre y la cuantía de la entrega. Bárcenas hacía otro tanto en un libro de caja con sus correspondientes renglones. Periódicamente Lapuerta cotejaba las ajadas tarjetas que siempre llevaba encima con las anotaciones de Bárcenas y, al hallarlas conformes, las certificaba con el correspondiente visé en el margen. 

Al día siguiente de la entrega o como mucho durante la semana posterior Lapuerta llamaba al ministro, secretario de Estado, presidente, consejero autonómico, alcalde o concejal competente en el asunto que afectaba al donante. Según Bárcenas, siempre recurría a la misma literalidad: “¿Qué tal? Soy Álvaro Lapuerta. Te va a llamar fulanito. Tengo interés en que lo recibas. No conozco el tema del que te va a hablar. Sólo te pido que seas amable y te tomes un café con él”. Todos sabían que era el tesorero el que llamaba”.

Esta descripción del modus operandi en el seno de la tesorería del PP que le hizo Bárcenas a Pedro J. Ramírez estalló como una bomba. En la misma pieza periodística se afirma que el dinero recaudado de esta manera irregular, y cuya justificación legal era imposible, “se ingresaba en las cuentas bancarias del partido, y parte se destinaba a pagar en negro el sobrecoste de las campañas electorales para eludir la fiscalización del Tribunal de Cuentas y otra parte se quedaba en la caja fuerte y era utilizado para «otros fines»”.

Esta es la clave del escándalo. Esos “otros fines” presuntamente incluían el pago de sobresueldos a altos cargos del PP con el dinero de los sobornos.  Queda reflejado en una serie de documentos en los que Bárcenas habría plasmado de su puño y letra la contabilidad oculta del PP: a quién se daba un sobresueldo y cuanto dinero recibía. Estos llamados ‘Papeles de Bárcenas’ fueron publicados por el diario El País en enero junto a la noticia de que el ex tesorero del PP había llegado a amasar una fortuna impresionante de origen más que sospechoso en un banco suizo.

Desde la información de los sobresueldos ya no se trataba de un caso de corrupción personal. A partir de ese momento se sabía que no hay prácticamente ni un solo dirigente del PP que no esté implicado en este escándalo que puede tener unas consecuencias políticas insospechadas, ya que también afectaría al mismo presidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando era ministro en el Gobierno de José María Aznar. Al parecer también se benefició de estos sobresueldos pagados con dinero procedente de los sobornos de los empresarios al PP para ser favorecidos en sus negocios.

Esto es lo que se ha conocido en los últimos días gracias al testimonio del ex tesorero del PP. Sin embargo, hace medio año Bárcenas todavía desmentía todas las informaciones que lo situaban en el centro de una trama corrupta que salpicaba a todo el partido. Su objetivo era salvar la cara a sus ex compañeros del PP y al partido en el que había trabajado durante 30 años, “un acto de lealtad”.

Bárcenas el “leal”

La agencia EFE informó en un teletipo el pasado 23 de enero que “El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado que nunca ha pagado sobresueldos a miembros de la cúpula del partido y ha pedido que no se implique a esta fuerza política en las cuentas que él ha mantenido en Suiza”. El teletipo, que fue recogido por los principales medios de comunicación, continuaba ofreciendo las declaraciones de Bárcenas que insistía en que “nunca se ha pagado con recibos a dirigentes populares, ni se han firmado "recibís".

  

Una semana después, Bárcenas anunció una querella contra el diario El País, que había publicado los papeles que presuntamente probaban la existencia de una caja B en el PP administrada por él. En un comunicado distribuido ese día, Bárcenas afirmó que "jamás en los muchos años de servicio que tuve el honor de desempeñar en el Partido Popular consentí, auspicié ni ejecuté actuación alguna que pudiera suponer un incumplimiento de la Ley ni de los estrictos principios éticos del Partido". 

Bárcenas mantuvo esta versión ante el juez Pablo Ruz que investiga el caso y al que mintió indicando la falsedad de los papeles y negando que fueran suyos. Como le relató más tarde a Pedro J. Ramírez, incluso llegó a falsificar su propia letra en la prueba caligráfica a la que fue sometido para comprobar la autoría de los papeles manuscritos con la contabilidad B del PP. No quería que reconocieran su letra.

Los papeles son falsos, no hay sobresueldos provenientes de dinero de sobornos. No hay escándalo y los millones en Suiza son fruto de su pericia en los negocios. Este era el mensaje oficial de Luis Bárcenas y el que el PP repetía hasta la saciedad.

Bárcenas estaba en línea con el PP, que, como se denunció poco después, aún le mantuvo secretamente en nómina de unos 21.000 euros brutos al mes hasta enero de 2013 y con un despacho en la sede central de la Calle Génova, a pesar de que ya no tenía cargo orgánico alguno desde julio de 2009. Cuando se supo, la secretaria general del PP y presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, tuvo que dar entonces explicaciones a la prensa sobre la famosa y bochornosa “indemnización en diferido”.

El PP mantenía y cubría las espaldas de Bárcenas, y éste correspondía con su silencio y disciplina. “Un acto de lealtad” del ex tesorero del PP, como se lo explicó meses después a Pedro J. Ramírez. Una lealtad que duró hasta que entró en prisión el pasado 27 de junio.

Bárcenas el “traidor”

El 10 de julio todo había cambiado. El abogado Miguel Durán, letrado de Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia e imputado por el caso Gürtel, visitó al ex tesorero del PP en la cárcel y afirmó que “Bárcenas se ha ratificado en todas las acusaciones y tiene suficiente información para hacer caer al Gobierno actual. El motivo por el que no lo dijo cuando declaró ante el juez es que ha estado muy presionado a la hora de ratificar los papeles. En la cárcel, está entristecido, cabreado, pero no lo vi deprimido. Se siente maltratado por su gente”.

¿Qué ha ocurrido? Los papeles que hace medio año Bárcenas calificó de falsos y por los que se querelló contra El País, ahora los reconoce como suyos y verdaderos. Eso sí, esta recuperación repentina de la memoria la hace a través de El Mundo, la herramienta periodística que ha elegido para ejercer su venganza. La entrevista concedida a Pedro J. Ramírez se antoja sólo el principio. Bárcenas no se muerde la lengua y ya ha destapado públicamente algún episodio comprometedor en el que el presidente del Gobierno estaría involucrado.

El director de El Mundo describe en su artículo una reunión entre Bárcenas y Javier Arenas en la que habría estado presente el propio Mariano Rajoy: “Ante el estupor de Arenas y Rajoy, Bárcenas describió entonces el cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo a una empresa de construcción y servicios cuyo polémico presidente aparece en la lista de donantes del partido. Cuando Bárcenas les mostró documentos acreditativos de la operación, Rajoy se echó literalmente las manos a la cabeza y –siempre según los recuerdos del ex tesorero– exclamó: «¡Por Dios, Luis, cómo puedes tener estos papeles!»”. 

Se estrecha el cerco a Rajoy

El objetivo de Bárcenas es el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que señala como uno de los beneficiario del escándalo de los sobresueldos y conocedor de las irregularidades y sobornos en el entorno del PP. Se siente traicionado por él y le está presionando para conseguir un trato favorable que le evite una condena. ¿Qué consecuencias políticas tendrá este escándalo?

El cerco que está tejiendo Bárcenas en torno a Rajoy comienza a estrecharse mientras las reacciones de los antiguos compañeros del ex tesorero no se han dejado esperar. María Dolores de Cospedal, por ejemplo, ha anunciado que los abogados del partido "ya tienen encomendado el ejercicio de acciones judiciales" contra Bárcenas por calumnias. Los miembros del Gobierno apoyan públicamente a su presidente mientras el propio Rajoy guarda silencio.

 

No hay desbandada ni sálvese quien pueda en las filas conservadoras excepto por parte de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. Como si ella nunca hubiera estado salpicada por casos de corrupción y de financiación ilegal como los casos Gürtel o Fundescam, exige a Rajoy que “si ha habido irregularidades hay que reconocerlas”. Un disparo a la línea de flotación del argumentario oficial que en el cuartel general del PP en Génova han respondido con la misma fuerza: “A lo mejor se refiere al PP de Madrid”. La guerra entre sectores enfrentados en el partido ha comenzado. No hay tregua y Aguirre quiere aprovechar la debilidad de su contrincante. Rajoy tiene un poderoso enemigo interno que debilita su defensa. Pero no es lo único que se empieza a desmoronar en la estructura de su defensa.  

Mientras, en la sede de Génova se insiste en desmentir la existencia de una caja B y el origen ilegal del dinero de los sobresueldos a altos cargos del partido. El argumento es que el Tribunal de Cuentas no habría detectado nada irregular. Sin embargo, este tribunal solamente fiscaliza la documentación que se le entrega voluntariamente. ¿Y desde cuándo se entrega voluntariamente las pruebas de una caja B ilegal? Además, hay que tener en cuenta que los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por los partidos políticos en función de su mayoría en el Congreso, por lo que el PP controla este organismo gracias a su mayoría absoluta.

¿Es el Tribunal de Cuentas el organismo más indicado para investigar este escándalo de manera objetiva? Para el PP sí hasta que chocó con los repentinos avances de la investigación judicial. Bárcenas reconoce que sí existe una “caja B” y pocos días después un informe de una unidad de la Intervención General del Estado adscrita a la Fiscalía Anticorrupción acredita que efectivamente existe una contabilidad B en el PP. ¿Casualidad?

¿Qué puede temer Rajoy?

Este es el escenario al que se enfrenta Rajoy: Un partido dividido y una oposición interna mordaz, una investigación oficial que avanza imparable y paralela a las instituciones controladas por el PP, y un ex tesorero con gran cantidad de información muy comprometedora que se siente traicionado y amenaza con morir matando.

Sin embargo, el PP mantiene una actitud desafiante. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó en una entrevista en RNE un día después de que El Mundo publicara la entrevista a Bárcenas que "lo que tenga que decir, lo diga en los tribunales" porque el PP "no tiene miedo de que tire de la manta". "Bárcenas está en prisión por mentir al juez, al fiscal y a Hacienda. Durante mucho tiempo mintió al partido y a los dirigentes del partido amasando una fortuna cuyo origen se desconoce, mientras ostentaba un cargo de enorme responsabilidad. Espero que lo esclarezcan los tribunales. A mi Bárcenas me ha engañado, defraudado, me ha llenado de vergüenza y a la mayoría de los militantes del PP también". Todo un desafío al ex tesorero que seguramente servirá para echar más leña al fuego.

¿Qué puede contar Bárcenas? Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia, afirmó en una entrevista al periódico La Opinión de la Coruña que “Me consta que hay dirigentes muy nerviosos porque se han puesto muy estupendos hablando de la corrupción, pero que tire la primera piedra el que esté libre de pecado”.

Crespo debe saberlo bien. Se le imputa ser el “número dos” de la trama Gürtel, una red de corrupción que presuntamente se aprovechaba del gobierno del PP en determinadas comunidades autónomas (sobre todo en Madrid y en Valencia) para enriquecerse a base de contratos públicos amañados. Parte de ese dinero habría recaído en las arcas del PP para pagar actos públicos y campañas electorales. Uno de los nombres que apareció en la investigación de este caso –que comenzó el juez Garzón antes de ser expulsado de la magistratura- es el de Luis Bárcenas.

¿Va el caso Bárcenas mucho más allá del simple enriquecimiento personal del ex tesorero? ¿Se aprovecharon los dirigentes del PP para llenarse los bolsillos? Pero parece que este caso es mucho más que un simple ejercicio de latrocinio. ¿Pagó el PP sus campañas electorales con dinero negro? ¿Ese dinero provenía de sobornos como le ha revelado Bárcenas a El Mundo? Y si fuera así, ¿qué empresarios sobornaron al PP y, sobre todo, qué consiguieron a cambio?

Luis Bárcenas tiene la clave para destapar lo que podría ser todo un sistema de financiación ilegal y de clientelismo del PP a costa de las instituciones públicas. Un escándalo sin precedentes que afectaría al partido en el gobierno y con el mayor poder institucional en la historia de la democracia reciente en España. Rajoy tiene razones para sentirse preocupado. Pero a Bárcenas sólo le mueve salvar su pellejo.   

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LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS

Los partidos políticos gastan mucho dinero. Se han convertido en enormes maquinarias con infinidad de gastos por lo que necesitan ingresar ingentes cantidades para poder sufragarlos. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Para qué lo necesitan? ¿Qué es legal e ilegal en la financiación y por qué? Y, sobre todo, ¿es necesario?

El pasado 27 de junio el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresó en prisión después de que el juez detectara riesgo de fuga al descubrirse que contaba con una fortuna de casi 50 millones de euros en Suiza. A Bárcenas se le imputan una serie de delitos que tienen un denominador común: la financiación de su partido. Por un lado, se le considera responsable del destino de las donaciones millonarias de varios empresarios españoles al PP que superaban el límite establecido por la ley. Por el otro lado, se le relaciona con la trama “Gürtel”, una red que presuntamente habría financiado al mismo PP a cambio de suculentos contratos públicos. En ambos casos se trataría presuntamente de dinero destinado a surtir las arcas del partido en el Gobierno.

El caso Bárcenas pone una vez más en cuestión la financiación de los partidos. ¿Cómo se financian y para qué? ¿Qué está permitido y qué no? ¿Por qué hay límites a la financiación? ¿Qué pasaría si no existieran esos límites?

Para responder a todas estas cuestiones hay que tener en cuenta algo que se olvida pronto: los partidos políticos son muy caros. Mantener la contabilidad saneada de un partido es difícil. Gastos de todo tipo acosan a los tesoreros o administradores de cuentas. Por un lado están los costes de las sedes de los partidos. También hay que pagar las nóminas de los empleados que se dedican a trabajar a tiempo completo en tareas como las administrativas, de organización o de comunicación. Esta última es la más cara y compleja, además de la más necesaria para las organizaciones políticas.

Todo ello sin olvidar los gastos de publicidad, propaganda, etc., y sobre todo las campañas electorales: en España la campaña electoral de noviembre de 2011 costó un total de 65 millones de euros, de los que casi 26 millones se destinaron al envío de propaganda electoral, según los gastos electorales justificados que recoge el informe del Tribunal de Cuentas sobre los comicios. Pero esta cifra se queda en mera anécdota si tenemos en cuenta que en la última campaña electoral por la Presidencia de los EEUU en 2012 se superó el gasto de los ¡dos billones de dólares!

Los partidos no son empresas

Los partidos tienen un problema: gastan mucho pero no producen nada que puedan convertir en dinero. No son empresas que puedan realizar una actividad por dinero. Es decir, no pueden autofinanciarse para cubrir sus gastos, al menos de manera legal. Los partidos políticos son organizaciones cuya misión fundamental es recabar el mayor número posible de votos en las elecciones y por lo tanto la mayor cuota de representación y de poder que puedan. Ese poder se visualiza por el número de representantes de esos partidos en los parlamentos y ayuntamientos. Si algún partido es mayoritario en alguno de esos espacios, ese poder se transforma en capacidad legislativa y ejecutiva. Es decir, los partidos no tienen como objetivo crear beneficios económicos, sino llegar y acaparar el poder. Pero para eso necesitan dinero, y la manera de conseguirlo está regulada por ley, en España Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

  

¿Cómo llega el dinero a los partidos? Según esta ley existen dos maneras de que ese dinero llegue: por subvención pública y por donaciones privadas. Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. La ventaja de la subvención es que alejan a los partidos de la dependencia económica de un grupo de personas poderosas que esperarían a cambio que el partido usase su poder institucional en su provecho. La desventaja es el enorme coste que supone para las arcas públicas. Por ejemplo, en España los partidos costaron 65.880.000 euros de los Presupuestos Generales del Estado en 2012. Es una cantidad enorme, sin embargo quedan fuera los gastos electorales, que el año pasado se presupuestaron en 44.495,95 euros, y los gastos de seguridad, por los que los partidos políticos recibieron 3.382,75 euros. Para 2013 los Presupuestos Generales son algo más modestos: 52,7 millones, un 20% menos que el año pasado.

¿Cómo se reparte ese dinero? Ese dinero no se entrega a los partidos a todos por igual y en las mismas cantidades. La ley es muy clara al respecto. En su artículo 3º lo explica: “El Estado otorgará a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento. Dichas subvenciones se distribuirán en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones a la indicada Cámara. Para la asignación de tales subvenciones se dividirá la correspondiente consignación presupuestaria en tres cantidades iguales. Una de ellas se distribuirá en proporción al número de escaños obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados y las dos restantes proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido en dichas elecciones”.

Es decir, mientras más votos y escaños consiga un partido en unas elecciones, más dinero público recibirá a cambio. El partido más fuerte es recompensado con más dinero lo que le permite seguir siendo fuerte y mantener una mejor capacidad competitiva con respecto al resto. En cambio, un partido que tiene menos representación institucional y haya recibido menos votos, recibe menos dinero por lo que carece de los medios para competir con el ganador en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el PP recibirá en 2013 unos 24,5 millones de euros, que es lo que vale su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El PSOE, el primer partido de la oposición, recibirá 14,5 millones

Siempre queda la aportación de los afiliados, regulada en el artículo 4º.1 de la ley (“Los partidos políticos podrán recibir de acuerdo con sus estatutos cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes”). Sin embargo, el número de militantes de cada partido suele ir acompañado de su fuerza institucional, por lo que no supone ningún consuelo para los partidos más débiles. Por ejemplo, según un reciente reportaje de ABC, el partido con mayor número de afiliados en 2012 era el PP, con más de 830.000 personas que pagan cuota. El siguiente partido en número de afiliados sería el PSOE con casi 217.000 militantes, seguido muy de lejos por Izquierda Unida (35.000) y UPyD (unos 6.000). Por lo tanto, el partido más votado y que más subvenciones recibe es también el que más afiliados tiene y más puede cobrar por ese concepto.

Las donaciones privadas, ¿altruistas o interesadas?

La siguiente fuente de ingresos permitida y la más delicada es la de las donaciones privadas. El artículo 4.2 de la ley de financiación de  los partidos establece que “los partidos políticos podrán recibir donaciones, no finalistas (es decir, no pueden tener un fin concreto) nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley”.

La propia ley advierte que se trata de un asunto polémico y problemático: ¿El donante privado aporta su dinero solamente por amor a las siglas del partido? ¿No querrá nada a cambio? No es una cuestión baladí, ya que como se ha señalado arriba, los partidos no comercian con bienes ni servicios, sino que son organizaciones que luchan por el poder para crear y cambiar leyes y ejecutarlas. Un donante muy generoso podría condicionar su aportación a ser recompensado por el partido beneficiario si este llegase al poder, por ejemplo, con suculentos contratos públicos o con cambios en las leyes que le beneficien exclusivamente.

Por eso la ley española pone límites a quien puede donar: “Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”. Y sobre todo, pone límite a cuanto se puede donar: Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente “donaciones anónimas, finalistas o revocables. Donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 100.000 euros anuales. Todas las donaciones superiores a 50.000 euros y en todo caso, las donaciones de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses” (art. 5).

La ruptura de este límite es precisamente uno de los elementos que ha hecho salir a la luz el caso Bárcenas, ya que una serie de empresarios (sobre todo constructores) sobrepasaron con sus donativos al PP el límite legal. Bárcenas y el PP no lo rechazaron, lo cogieron y presuntamente se lo repartieron en forma de sobresueldos y cuentas en Suiza. Por otro lado, las empresas de la trama Gürtel, que también habrían donado al PP, habrían vivido de contratos públicos con los gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid y de Valencia (ambos del PP).

EEUU, donativos sin restricción pero transparentes

En EEUU, en cambio, no existen límites legales a la donación privada. Una sentencia del Tribunal Supremo en enero de 2010 declaró inconstitucionales algunas de las restricciones legales que existían a las donaciones de organizaciones privadas a las campañas electorales.

Esta libertad de donación indiscriminada hizo posible que en la campaña electoral a las presidenciales de noviembre de 2012 se batieran todos los récords de gasto (dos billones de dólares) y de recaudación. Las grandes empresas y los poderosos multimillonarios pudieron donar públicamente a su candidato preferido. Por ejemplo, Sheldon Adelson, el propietario de la empresa de casinos Las Vegas Sands y promotor del megaproyecto de Eurovegas en la Comunidad de Madrid, donó él sólo unos 100 millones de dólares a los republicanos, 95 millones solamente para la campaña de su candidato Mitt Romney.

Esta donación individual fue bastante más cuantiosa de lo que costó el total la campaña electoral española en noviembre 2011. Pero es que los gastos de la campaña electoral en EEUU son astronómicos. Solamente en medios de comunicación, Obama y Romney gastaron más de 500 millones de dólares.

A pesar de estas enormes cifras de dinero, se ha conseguido imponer la transparencia sobre el origen de las donaciones en EEUU, ya que lo cierto es que la eliminación de todo tipo de restricciones legales a los donantes, sobre todo a los llamados “Super Pacs” (grupos específicos para recaudar sin límites), se hace innecesario esconder el origen del dinero –siempre que su origen sea lícito. Así es como sabemos que entre los mayores donantes de la campaña de Obama estuvieron, por ejemplo las universidades de Harvard y California, Microsoft o Google, mientras que las que apoyaron a Romney figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley o el Bank of America. Los votantes estadounidenses saben quién ha pagado y cuanto, con lo que se sabe si al final esos donantes son favorecidos por el Gobierno. En España, en cambio, se suele mantener el secreto de los donantes y las cantidades que aportan.  

En EEUU se va a lo práctico. Es un hecho que los gastos de las campañas y de los partidos son cada vez más altos y se acaban cubriendo como sea. Las restricciones legales solamente establecen un límite a la recaudación que la realidad acaba convirtiendo en obsoleta, y las subvenciones acaban beneficiando a los partidos en el poder. Al final solamente se cierra la puerta a la transparencia ya que hay que esconder el dinero que se dona de más y que siempre existe. ¿No sería mejor que cada cual donara lo que quisiera, siempre y cuando se supiera quién es y cuánto paga?

El control del dinero en España   

¿Quién controla la financiación de los partidos españoles? La ley prevé dos tipos de control. Primero el control interno por los partidos: “Artículo 15. Los partidos políticos deberán prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos. El informe resultante de esta auditoría acompañará a la documentación a rendir al Tribunal de Cuentas”. ¡Son los propios partidos los que se controlan a sí mismos!

El segundo tipo de control es el externo: “Artículo 16. Corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos de fiscalización de las Comunidades Autónomas previstos en sus respectivos Estatutos”. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas y quién lo compone?

La función del Tribunal de Cuentas consiste en “comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía”, según explica en su página web. Con respecto a su composición, “el Tribunal de Cuentas está integrado por doce miembros, que tienen la denominación de Consejeros de Cuentas, designados (…) por las Cámaras legislativas”. Es decir, son los partidos políticos representados en las Cortes Generales los que deciden quién está en el Tribunal de Cuentas y quién controla su financiación, entre otras cuestiones.

La ley española deja el control de la financiación de los partidos a los propios partidos.  Esto impide la transparencia porque los partidos generalmente no quieren que se sepa quién les hace donativos, ya que a la hora de legislar se podría descubrir algún que otro nexo entre una donación y una ley que favorece al donante.

También facilita las acciones irregulares porque al poner un límite a las donaciones y ser los mismos partidos los que deben controlar que no se excedan, es muy fácil que finalmente hagan la vista gorda y recauden bastante más de lo permitido sin que ese dinero quede reflejado y por lo tanto sea controlado.

Es, a grosso modo, lo que ha sucedido en el caso Bárcenas, al que nadie le pudo impedir meter la mano en la caja de su propio partido porque ese dinero estaba sin control. Pero los propios partidos prefieren que siga así. ¿Por qué será?