LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS

Los partidos políticos gastan mucho dinero. Se han convertido en enormes maquinarias con infinidad de gastos por lo que necesitan ingresar ingentes cantidades para poder sufragarlos. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Para qué lo necesitan? ¿Qué es legal e ilegal en la financiación y por qué? Y, sobre todo, ¿es necesario?

El pasado 27 de junio el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresó en prisión después de que el juez detectara riesgo de fuga al descubrirse que contaba con una fortuna de casi 50 millones de euros en Suiza. A Bárcenas se le imputan una serie de delitos que tienen un denominador común: la financiación de su partido. Por un lado, se le considera responsable del destino de las donaciones millonarias de varios empresarios españoles al PP que superaban el límite establecido por la ley. Por el otro lado, se le relaciona con la trama “Gürtel”, una red que presuntamente habría financiado al mismo PP a cambio de suculentos contratos públicos. En ambos casos se trataría presuntamente de dinero destinado a surtir las arcas del partido en el Gobierno.

El caso Bárcenas pone una vez más en cuestión la financiación de los partidos. ¿Cómo se financian y para qué? ¿Qué está permitido y qué no? ¿Por qué hay límites a la financiación? ¿Qué pasaría si no existieran esos límites?

Para responder a todas estas cuestiones hay que tener en cuenta algo que se olvida pronto: los partidos políticos son muy caros. Mantener la contabilidad saneada de un partido es difícil. Gastos de todo tipo acosan a los tesoreros o administradores de cuentas. Por un lado están los costes de las sedes de los partidos. También hay que pagar las nóminas de los empleados que se dedican a trabajar a tiempo completo en tareas como las administrativas, de organización o de comunicación. Esta última es la más cara y compleja, además de la más necesaria para las organizaciones políticas.

Todo ello sin olvidar los gastos de publicidad, propaganda, etc., y sobre todo las campañas electorales: en España la campaña electoral de noviembre de 2011 costó un total de 65 millones de euros, de los que casi 26 millones se destinaron al envío de propaganda electoral, según los gastos electorales justificados que recoge el informe del Tribunal de Cuentas sobre los comicios. Pero esta cifra se queda en mera anécdota si tenemos en cuenta que en la última campaña electoral por la Presidencia de los EEUU en 2012 se superó el gasto de los ¡dos billones de dólares!

Los partidos no son empresas

Los partidos tienen un problema: gastan mucho pero no producen nada que puedan convertir en dinero. No son empresas que puedan realizar una actividad por dinero. Es decir, no pueden autofinanciarse para cubrir sus gastos, al menos de manera legal. Los partidos políticos son organizaciones cuya misión fundamental es recabar el mayor número posible de votos en las elecciones y por lo tanto la mayor cuota de representación y de poder que puedan. Ese poder se visualiza por el número de representantes de esos partidos en los parlamentos y ayuntamientos. Si algún partido es mayoritario en alguno de esos espacios, ese poder se transforma en capacidad legislativa y ejecutiva. Es decir, los partidos no tienen como objetivo crear beneficios económicos, sino llegar y acaparar el poder. Pero para eso necesitan dinero, y la manera de conseguirlo está regulada por ley, en España Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

  

¿Cómo llega el dinero a los partidos? Según esta ley existen dos maneras de que ese dinero llegue: por subvención pública y por donaciones privadas. Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. La ventaja de la subvención es que alejan a los partidos de la dependencia económica de un grupo de personas poderosas que esperarían a cambio que el partido usase su poder institucional en su provecho. La desventaja es el enorme coste que supone para las arcas públicas. Por ejemplo, en España los partidos costaron 65.880.000 euros de los Presupuestos Generales del Estado en 2012. Es una cantidad enorme, sin embargo quedan fuera los gastos electorales, que el año pasado se presupuestaron en 44.495,95 euros, y los gastos de seguridad, por los que los partidos políticos recibieron 3.382,75 euros. Para 2013 los Presupuestos Generales son algo más modestos: 52,7 millones, un 20% menos que el año pasado.

¿Cómo se reparte ese dinero? Ese dinero no se entrega a los partidos a todos por igual y en las mismas cantidades. La ley es muy clara al respecto. En su artículo 3º lo explica: “El Estado otorgará a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento. Dichas subvenciones se distribuirán en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones a la indicada Cámara. Para la asignación de tales subvenciones se dividirá la correspondiente consignación presupuestaria en tres cantidades iguales. Una de ellas se distribuirá en proporción al número de escaños obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados y las dos restantes proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido en dichas elecciones”.

Es decir, mientras más votos y escaños consiga un partido en unas elecciones, más dinero público recibirá a cambio. El partido más fuerte es recompensado con más dinero lo que le permite seguir siendo fuerte y mantener una mejor capacidad competitiva con respecto al resto. En cambio, un partido que tiene menos representación institucional y haya recibido menos votos, recibe menos dinero por lo que carece de los medios para competir con el ganador en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el PP recibirá en 2013 unos 24,5 millones de euros, que es lo que vale su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El PSOE, el primer partido de la oposición, recibirá 14,5 millones

Siempre queda la aportación de los afiliados, regulada en el artículo 4º.1 de la ley (“Los partidos políticos podrán recibir de acuerdo con sus estatutos cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes”). Sin embargo, el número de militantes de cada partido suele ir acompañado de su fuerza institucional, por lo que no supone ningún consuelo para los partidos más débiles. Por ejemplo, según un reciente reportaje de ABC, el partido con mayor número de afiliados en 2012 era el PP, con más de 830.000 personas que pagan cuota. El siguiente partido en número de afiliados sería el PSOE con casi 217.000 militantes, seguido muy de lejos por Izquierda Unida (35.000) y UPyD (unos 6.000). Por lo tanto, el partido más votado y que más subvenciones recibe es también el que más afiliados tiene y más puede cobrar por ese concepto.

Las donaciones privadas, ¿altruistas o interesadas?

La siguiente fuente de ingresos permitida y la más delicada es la de las donaciones privadas. El artículo 4.2 de la ley de financiación de  los partidos establece que “los partidos políticos podrán recibir donaciones, no finalistas (es decir, no pueden tener un fin concreto) nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley”.

La propia ley advierte que se trata de un asunto polémico y problemático: ¿El donante privado aporta su dinero solamente por amor a las siglas del partido? ¿No querrá nada a cambio? No es una cuestión baladí, ya que como se ha señalado arriba, los partidos no comercian con bienes ni servicios, sino que son organizaciones que luchan por el poder para crear y cambiar leyes y ejecutarlas. Un donante muy generoso podría condicionar su aportación a ser recompensado por el partido beneficiario si este llegase al poder, por ejemplo, con suculentos contratos públicos o con cambios en las leyes que le beneficien exclusivamente.

Por eso la ley española pone límites a quien puede donar: “Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”. Y sobre todo, pone límite a cuanto se puede donar: Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente “donaciones anónimas, finalistas o revocables. Donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 100.000 euros anuales. Todas las donaciones superiores a 50.000 euros y en todo caso, las donaciones de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses” (art. 5).

La ruptura de este límite es precisamente uno de los elementos que ha hecho salir a la luz el caso Bárcenas, ya que una serie de empresarios (sobre todo constructores) sobrepasaron con sus donativos al PP el límite legal. Bárcenas y el PP no lo rechazaron, lo cogieron y presuntamente se lo repartieron en forma de sobresueldos y cuentas en Suiza. Por otro lado, las empresas de la trama Gürtel, que también habrían donado al PP, habrían vivido de contratos públicos con los gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid y de Valencia (ambos del PP).

EEUU, donativos sin restricción pero transparentes

En EEUU, en cambio, no existen límites legales a la donación privada. Una sentencia del Tribunal Supremo en enero de 2010 declaró inconstitucionales algunas de las restricciones legales que existían a las donaciones de organizaciones privadas a las campañas electorales.

Esta libertad de donación indiscriminada hizo posible que en la campaña electoral a las presidenciales de noviembre de 2012 se batieran todos los récords de gasto (dos billones de dólares) y de recaudación. Las grandes empresas y los poderosos multimillonarios pudieron donar públicamente a su candidato preferido. Por ejemplo, Sheldon Adelson, el propietario de la empresa de casinos Las Vegas Sands y promotor del megaproyecto de Eurovegas en la Comunidad de Madrid, donó él sólo unos 100 millones de dólares a los republicanos, 95 millones solamente para la campaña de su candidato Mitt Romney.

Esta donación individual fue bastante más cuantiosa de lo que costó el total la campaña electoral española en noviembre 2011. Pero es que los gastos de la campaña electoral en EEUU son astronómicos. Solamente en medios de comunicación, Obama y Romney gastaron más de 500 millones de dólares.

A pesar de estas enormes cifras de dinero, se ha conseguido imponer la transparencia sobre el origen de las donaciones en EEUU, ya que lo cierto es que la eliminación de todo tipo de restricciones legales a los donantes, sobre todo a los llamados “Super Pacs” (grupos específicos para recaudar sin límites), se hace innecesario esconder el origen del dinero –siempre que su origen sea lícito. Así es como sabemos que entre los mayores donantes de la campaña de Obama estuvieron, por ejemplo las universidades de Harvard y California, Microsoft o Google, mientras que las que apoyaron a Romney figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley o el Bank of America. Los votantes estadounidenses saben quién ha pagado y cuanto, con lo que se sabe si al final esos donantes son favorecidos por el Gobierno. En España, en cambio, se suele mantener el secreto de los donantes y las cantidades que aportan.  

En EEUU se va a lo práctico. Es un hecho que los gastos de las campañas y de los partidos son cada vez más altos y se acaban cubriendo como sea. Las restricciones legales solamente establecen un límite a la recaudación que la realidad acaba convirtiendo en obsoleta, y las subvenciones acaban beneficiando a los partidos en el poder. Al final solamente se cierra la puerta a la transparencia ya que hay que esconder el dinero que se dona de más y que siempre existe. ¿No sería mejor que cada cual donara lo que quisiera, siempre y cuando se supiera quién es y cuánto paga?

El control del dinero en España   

¿Quién controla la financiación de los partidos españoles? La ley prevé dos tipos de control. Primero el control interno por los partidos: “Artículo 15. Los partidos políticos deberán prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos. El informe resultante de esta auditoría acompañará a la documentación a rendir al Tribunal de Cuentas”. ¡Son los propios partidos los que se controlan a sí mismos!

El segundo tipo de control es el externo: “Artículo 16. Corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos de fiscalización de las Comunidades Autónomas previstos en sus respectivos Estatutos”. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas y quién lo compone?

La función del Tribunal de Cuentas consiste en “comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía”, según explica en su página web. Con respecto a su composición, “el Tribunal de Cuentas está integrado por doce miembros, que tienen la denominación de Consejeros de Cuentas, designados (…) por las Cámaras legislativas”. Es decir, son los partidos políticos representados en las Cortes Generales los que deciden quién está en el Tribunal de Cuentas y quién controla su financiación, entre otras cuestiones.

La ley española deja el control de la financiación de los partidos a los propios partidos.  Esto impide la transparencia porque los partidos generalmente no quieren que se sepa quién les hace donativos, ya que a la hora de legislar se podría descubrir algún que otro nexo entre una donación y una ley que favorece al donante.

También facilita las acciones irregulares porque al poner un límite a las donaciones y ser los mismos partidos los que deben controlar que no se excedan, es muy fácil que finalmente hagan la vista gorda y recauden bastante más de lo permitido sin que ese dinero quede reflejado y por lo tanto sea controlado.

Es, a grosso modo, lo que ha sucedido en el caso Bárcenas, al que nadie le pudo impedir meter la mano en la caja de su propio partido porque ese dinero estaba sin control. Pero los propios partidos prefieren que siga así. ¿Por qué será?