El pasado mes de
noviembre de 2012 el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid publicó el
borrador de los presupuestos para 2013. Ese borrador incluía una carga de
profundidad que no tardó en explotar: la subasta de seis hospitales públicos
que habían sido inaugurados pocos años antes. El argumento del Gobierno es que,
debido a la crisis no se pueden seguir financiando con dinero público y es
necesario dejar entrar a las empresas privadas para garantizar la prestación
del servicio. - Publicado en MBC Times
Millones
de personas no lo ven así. La reacción de una parte importante de la sociedad
civil y de la mayoría de los profesionales sanitarios es contundente. Desde
entonces se han convocado y celebrado decenas de marchas, manifestaciones,
concentraciones, encierros, y demás actos de movilización para tratar de
impedir la subasta, cuyos pliegos de condiciones han sido aprobados hace poco
por el Gobierno regional que está acusando un notable desgaste en su imagen.
Un
enorme desgaste político para el PP
Según una encuesta publicada por el Diario El País el pasado 3 de mayo, un 71% de los ciudadanos
rechaza que la “externalización” de la sanidad sea el mejor método para
mantener el servicio público, y un 70% incluso considera que poner en manos privadas la gestión
económica de la sanidad pone en peligro su supervivencia al entender que
prevalecería el negocio sobre la prestación de la asistencia.
Las consecuencias políticas –seguramente no todas derivadas de la
privatización de la sanidad- por el momento se reflejan en un dato muy
preocupante para los actuales gobernantes madrileños: según una encuesta del mismo diario publicada el pasado 2 de mayo, esta sería la primera vez que el PP
perdería la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid desde 1995.
El coste electoral para el PP en el Gobierno regional de Madrid es pues
enorme. Se impone por tanto la cuestión de por qué insiste en este proceso de
privatización. ¿Es por convicción ideológica?, ¿por necesidad financiera?, o,
como denuncian algunos ¿es por el negocio?
La crisis, un argumento comodín
Es fácil comprender que debido a la crisis bajan los ingresos de los
ciudadanos y de las administraciones. Hay cada vez más personas en situación de
desempleo (6,2 millones según los últimos datos de las EPA), y la mayoría que
conservan un puesto de trabajo han visto reducidos sus sueldos y su capacidad
adquisitiva tras los sucesivos recortes de plantilla o ajustes. Esto, a su vez,
supone una bajada general en la capacidad de recaudación de los impuestos por
parte de las admnistraciones.
Se puede argumentar así que las administraciones públicas tienen menos
ingresos para mantener unos servicios sociales que, al mismo tiempo, son cada
vez más demandados. Este es, grosso modo,
el argumento oficial del Partido Popular. Sin embargo, el PP en la Comunidad de
Madrid lleva años manteniendo el nivel de gasto sanitario de euro por habitante
más bajo de España, una decisión política incompatible con el argumento de que
no se puede mantener el gasto. Así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el
gasto per cápita en 2009 fue de 1.135 euros, en 2010 de 1.108
euros, en 2011 de 1.158,12 euros, en 2012 fue de 1104,52 euros y en 2013 es de 1.094,20
euros por habitante cuando la media nacional es de 1.412 euros. Solamente hay tres comunidades autónomas que invierten
menos. En todos esos años Madrid nunca ha
superado el tercer puesto, por la cola.
Por el otro lado la Comunidad de Madrid, junto al País Vasco, Cataluña y Baleares son las comunidades que cuentan con un mayor gasto por habitante en sanidad privada, según los datos del informe 'Sanidad privada, aportando
valor: Análisis de la situación en 2013', del Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad (IDIS) publicado el pasado mes de marzo. En concreto, según este informe en 2012 cada
madrileño se gastó 676 euros de media en la sanidad privada a pesar de la
crisis.
Es una tendencia que va en
crecimiento a nivel nacional. Según se advirtió en el Informe
Anual del Sistema Nacional de Salud 2011 (publicado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado mes de abril), en 2010 se
produjo un ligero incremento en el gasto en la sanidad privada en el país: Ese
año fue de 26.008 millones (2,5% del PIB) frente a los 25.496 millones de 2009
(2,4% del PIB). Por el contrario, el gasto sanitario público en el total de España
cayó desde los 75.395 millones en 2009 (7,2% del PIB) a 74.732 millones
en 2010 (7,1% del PIB).
¿Una privatización inducida?
Tras esta rápida ojeada a las cifras puede preguntarse si se ha inducido
a la privatización de la sanidad desde las instituciones, sobre todo en la
Comunidad de Madrid. A pesar de la evidente necesidad de fortalecer los
servicios públicos ante la esperada demanda por la crisis (sobre todo por parte
de ciudadanos que no pueden seguir pagando servicios privados), el Gobierno
regional estuvo invirtiendo recursos por debajo de la media nacional durante
bastantes años seguidos. No puede decirse, por lo tanto, que hubiera aumentado
el esfuerzo inversor con ánimo de fortalecer el sistema sanitario y que posteriormente
hubiera sucumbido ante los efectos de la crisis en la fiscalidad, obligando a usar
el sector privado para sostener al público.
En Madrid no se ha acompañado la demanda sanitaria con recursos públicos,
lo que ha provocado un aumento en el gasto sanitario privado por los ciudadanos
a pesar de la crisis. No es ningún secreto que el Partido Popular, al igual que
sus aliados conservadores en Europa o EEUU, apuestan ideológicamente por el sector
privado en la prestación de servicios, una política que comenzó ya en los años
80 con la llamada “revolución conservadora” de Reagan y Thatcher y que, desde
entonces, ha ido “adelgazando” el estado social poco a poco en el mundo
desarrollado. Existe pues una causa ideológica de la privatización.
Y seguramente tampoco sea casualidad que los ex consejeros de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes, hayan encontrado en
la sanidad privada -en plena expansión desde su gestión- un nuevo nicho donde
desarrollar sus actividades laborales una vez que abandonaron la política.
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