De bastión a cloaca: el PP de Madrid

Hace diez años la Comunidad de Madrid era el bastión del PP. En pleno auge de la era Zapatero, Madrid era un lugar seguro para los conservadores. Esperanza Aguirre en el Gobierno regional y Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de la capital (y dos legislaturas antes, en la Puerta del Sol), ganaban por mayorías absolutas, y, sobre todo Aguirre, encabezaba la oposición al Gobierno socialista en La Moncloa. Eran tiempos felices para ese partido en la región madrileña. Controlado por una bicefalia de facto de Ignacio González, con un mando absoluto de la administración, y de Francisco Granados, con el mismo dominio sobre el partido, Esperanza Aguirre, la única por encima de sus dos príncipes enfrentados, era quien asumía el poder total y absoluto. Podía incluso permitirse el lujo de ignorar a la oposición, minimizar hasta prácticamente hacer desaparecer, el control parlamentario de la Asamblea de Madrid. Aguirre sonreía y los medios locales y regionales aplaudían. El dinero corría a raudales. Y los votos se multiplicaban: casi 1,35 millones en octubre de 2003; casi 1,6 millones en 2007 y casi 1,55 millones en 2011.

Los tiempos han cambiado, y mucho, desde entonces. Las últimas encuestas (Celeste Tel, abril 2018) destronan al PP y le sitúan como segunda fuerza política (24,3%) a muy escasa distancia del nuevo favorito, Ciudadanos (25,7%), y del tercero en discordia, el PSOE (23,9%). Un desastre. Un cataclismo que fulminaría la enorme ventaja cuantitativa de los populares en la Comunidad de Madrid, que pasarían de tener 67 diputados en el Parlamento regional en 2007, el año del máximo esplendor, a 34 en 2019. La mitad. Esta es la espada de Damocles que pende sobre las cabezas del PP en estos días. Y el escenario no es optimista.

Del tamayazo al escándalo del máster

Diez años después de ser el bastión del PP en España, la Comunidad de Madrid se ha convertido en su cloaca. Esperanza Aguirre comenzó su reinado en 2003 gracias a un suceso sospechoso, el llamado ‘tamayazo’. Muchos pensaron entonces que, tarde o temprano, este escándalo acabaría alcanzando a sus mayores beneficiarios. Pero 15 años después, los escándalos que han asediado primero, y minado lentamente al PP madrileño hasta carcomerlo se llaman Gürtel, Púnica y Lezo. Corrupción. Supuesto enriquecimiento personal y del partido, aprovechando los años del poder intocable. Un supuesto saqueo de las arcas públicas, acompañado de privilegios personales y una forma de gobernar y entender la política que tenía más en común con el feudalismo medieval que con una sociedad democrática.

Esta forma de entender la vida es la que ha acabado con la figura que el PP había elegido como cortafuegos de este declive. Cristina Cifuentes, una cortesana más del reinado aguirrista de la segunda mitad de los años 2000, fue la elegida para visualizar una supuesta regeneración y distanciamiento del PP con respecto a los desmanes del poder absoluto que estaban siendo investigados por la Justicia. Cifuentes fue escogida, señalada y aupada al trono. Pero a cambio tuvo que apostatar y acusar a sus antiguos compañeros.

Cifuentes se erigió como el “azote de la corrupción”, Granados y González fueron detenidos, y Aguirre tuvo que dimitir de todos sus cargos. La nueva reina parecía todopoderosa, pero un año antes de las elecciones, el llamado ‘fuego amigo’, según Cifuentes, se ha cobrado su pieza. En muchos medios de comunicación se apunta a una venganza de los antiguos compañeros de la corte de Aguirre, que habrían filtrado los pecados de Cifuentes. Al final estas faltas son las que han acabado con ella. No ha sido un gran caso de corrupción, como los que acosan a sus predecesores, o un escándalo electoral. Han sido dos ejemplos de como se ejercían los privilegios sin rubor: un máster supuestamente falsificado y regalado por parte de una universidad pública en 2012, y un hurto en un supermercado en 2011, que acabó sin denuncia en comisaría a instancia, al parecer, de la propia policía. Una manera de entender el poder que la sociedad ya no perdona.

Ciudadanos, un socio ¿cómodo?

Las elecciones de 2015, el estreno de Cifuentes como la gran salvadora del PP madrileño, demostraron que los conservadores se movían en terreno complicado en su feudo: consiguieron poco más de un millón de votos. Uno de cada tres votantes del PP en 2007, el año álgido, había dejado de escoger a esta marca. Adiós a la mayoría absoluta.

La nueva realidad se llamaba pacto. Y el único partido dispuesto a firmarlo se llamaba Ciudadanos. Parecía un socio cómodo. Por un lado, con un discurso crítico, incluso fiscalizador, de las políticas del PP. Pero leal en las votaciones clave. Ciudadanos parecía la muleta perfecta. Con unos 383.000 votos en 2015, podía jugar el papel de atraer el voto desencantado con el PP, pero sin salir de la esfera de influencia de la derecha. Un voto a Ciudadanos parecía un voto en diferido al PP. Pero eso también ha cambiado.

Ahora la que parecía la muleta del PP aspira a intercambiar los papeles en Madrid. Todo el escándalo de Cifuentes debe observarse bajo ese prisma. Todas las miradas y jugadas políticas han estado enfocadas a esperar a ver qué hacía Ciudadanos. La izquierda lo tenía fácil. El PSOE presentó una moción de censura a Cifuentes, apoyada por un Podemos débil y dividido, una medida que se podría llamar ‘win-win’: colocaba la presión sobre Ciudadanos. Si el partido naranja apoyaba la moción, el PSOE gobernaría. Si no lo hacía, los socialistas empezarían a utilizar el mensaje de que Ciudadanos no ha dejado de ser la muleta del PP ni en los momento más avergonzantes de los conservadores, tratando así de frenar el discurso de novedad, regeneración y seriedad de los naranjas, y cortando de paso así el trasvase de votos del PSOE a los de Rivera, e incluso tratando de atraer nuevo votante asqueado con el apoyo de Ciudadanos a un PP podrido.

Cifuentes, por su parte, nunca quiso dimitir. Y como escudo trató de utilizar las mismas debilidades de Ciudadanos que había identificado el PSOE, pero desde el ángulo opuesto: si apoyaban la moción de censura, le estarían regalando el gobierno regional a la “izquierda radical” de PSOE y Podemos. Esto espantaría a muchos votantes de derechas que así, aunque fuera con la nariz tapada, seguirían apoyando al PP. Y si no apoyaban la moción, el PP seguiría gobernando. Esta era también la fórmula favorita de Rajoy y del PP nacional. Comenzaron distanciándose de Cifuentes, pero tras la Convención Nacional en Sevilla, parecía que aceptaban la estrategia de Cifuentes para poner en un dilema a Ciudadanos. Pero las filtraciones, posibles venganzas y guerras internas, han precipitado la salida de la ya ex presidenta y facilitado la posición de Ciudadanos, que nunca quiso apoyar la moción de censura, pero no podía seguir apuntalando un gobierno de Cristina Cifuentes. Ahora seguirá gobernando el PP, pero con otra persona al frente. ¿Pero quién?

El PP de Madrid tiene un problema, y por extensión también lo tiene el PP nacional. Madrid está dejando de ser su bastión. A un año de las elecciones municipales y autonómicas, no tienen un candidato o candidata claro para el Ayuntamiento de Madrid, y ahora tampoco tienen cabeza de lista para la Comunidad. Se trata de una elección muy complicada, cuyo primer capítulo será saber cómo acabará el drama Cifuentes: ¿dejará también de forma ‘voluntaria’ la presidencia regional del PP, un puesto oscuro pero clave, con capacidad de confeccionar las listas electorales?

Mientras tanto, el tiempo pasa y vendrán nuevas encuestas. La última de Metroscopia para El País publicada el 26 de abril: El PP pasa al tercer puesto, con una estimación de solamente 25 diputados, 23 menos que Ciudadanos y ocho menos que el PSOE. Muy lejos de otros tiempos no tan lejanos.

 

LOS SINDICATOS EN HORAS BAJAS

Los sindicatos están en horas bajas. Caen las cifras de afiliación mientras la confianza en ellos se desploma: según los datos del barómetro del CIS del pasado mes de abril sacaron la tercera peor nota por parte de los ciudadanos españoles, sólo por delante de los partidos políticos y del Gobierno. Sin embargo, mientras esto sucede, el paro alcanza cotas históricas y empeoran las condiciones laborales cambiando las relaciones entre trabajador y empresario en detrimento del primero. Es un escenario en el que los sindicatos deberían seguir gozando de la confianza que históricamente han depositado en ellos los trabajadores para que les defiendan ante el abuso, pero sucede lo contrario. Los sindicatos son percibidos como “inútiles” o como “cómplices” de este deterioro de las condiciones de los trabajadores. Surge pues la pregunta, ¿siguen representando los sindicatos a los trabajadores? - Publicado en MBC Times. 

La Constitución de 1978 garantiza el papel de los sindicatos (art. 7. “los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”) y el derecho a la huelga (art. 28.2. “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”). Este reconocimiento legal es consecuencia de una larga lucha de más de un siglo en el que los sindicatos han sufrido represión, persecución y prohibición, y en el que han conseguido convertir en derechos las principales reivindicaciones de los trabajadores, como por ejemplo, la limitación de las jornadas de trabajo, la representación sindical en la empresa, la indemnización por despido y su justificación, en definitiva, la protección de los trabajadores ante el capricho y la libre voluntad de los empresarios.

Sin embargo, hoy en día el peligro que corren los sindicatos no es que vayan a ser prohibidos o proscritos. El peligro es que se vacíe de contenido su labor y los trabajadores no puedan ser representados por ellos de hecho.

La huelga, ¿un derecho herido de muerte?

Comenzamos por el derecho a la huelga, un derecho constitucional y una de las armas más importantes de los sindicatos a la hora de presionar para conseguir sus objetivos en una negociación. Es un instrumento totalmente normalizado en una sociedad democrática –a diferencia de sus primeros tiempos a finales del siglo XIX y durante las dictaduras totalitarias del siglo XX, incluida la soviética- y seguramente que todo/as hemos participado en alguna. Sin embargo, su utilidad real últimamente se está poniendo en entredicho. ¿Ha muerto la huelga como instrumento de presión?

Las huelgas con mayor impacto y que afectan a más personas suelen ser hoy por hoy aquellas convocadas en los servicios públicos. Es la culminación de las medidas de presión ideadas por los sindicatos para negociar con la administración pública, contando con que el desgaste que sufre el gobierno de turno ante los electores le obligará a actuar rápidamente y de manera favorable a sus intereses. Sin embargo, algunas de las huelgas y protestas más intensas desarrolladas en España en los últimos años, como por ejemplo las que han tenido lugar en la Comunidad de Madrid, se han mostrado como un fracaso a la hora de conseguir algún beneficio para los trabajadores. Es más, han terminado desgastando a los sindicatos antes que al Gobierno regional del Partido Popular, que además consiguió salir reforzado.

Por ejemplo, en las navidades de 2007 los sindicatos de los servicios de limpieza del metro convocaron una huelga, lo que provocó que las estaciones del interurbano estuvieran llenas de basura durante días. Pero lejos de querer negociar y de temer algún perjuicio a su imagen por mantener el metro sucio en Navidad, la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre contraatacó culpabilizando a los sindicatos y endureciendo el clima de la negociación haciendo imposible llegar a un acuerdo. Consiguió darle la vuelta al problema siendo entonces los sindicatos los que tuvieron que mantener la huelga para no salir derrotados, con el consiguiente desgaste de su imagen y discurso, y con la dificultad añadida de que los trabajadores no cobraban las jornadas de protesta. Al final ganó Aguirre.

Otro ejemplo. A finales de junio de 2010 los trabajadores otra vez de Metro de Madrid  convocaron una huelga sin respetar los servicios mínimos para protestar por los recortes aprobados por el Gobierno de Aguirre ignorando el convenio colectivo. Los hechos fueron muy parecidos a los señalados arriba. La ciudad de Madrid se paralizó durante días. Aguirre estuvo más ágil y se adueñó de la iniciativa mediática desde el primer momento al calificar la huelga de “salvaje” y de restar razón y legitimidad a los sindicatos.

El Gobierno regional ofreció a los ciudadanos enfadados un culpable escapándose a su vez de jugar ese papel. Por mucho que los sindicatos y la izquierda trataran de responsabilizar a Aguirre, ella ya había ganado la batalla mediática y los sindicatos se vieron acorralados: si desconvocaban la huelga sin conseguir nada a cambio perderían apoyos entre los trabajadores; en cambio si la mantenían, sufrirían un duro desgaste social y por cada día que pasaba sin resultados, también perderían apoyos en Metro, ya que muchos trabajadores no podían permitirse pasar un número indefinido de días sin cobrar. Al final, también ganó Aguirre.

Más ejemplos. La comunidad educativa (profesores, padres y alumnos) encadenó en 2011-2012 protestas y huelgas contra los recortes educativos del Gobierno madrileño en lo que mediáticamente se denominó “marea verde”. Las jornadas de huelga y de manifestaciones se sucedieron, pero al igual que en los ejemplos anteriores, Aguirre no tomó ninguna medida excepto la de dar la batalla mediática tratando de desgastar a sus contrarios con ayuda del tiempo.

Al final llegaron los exámenes y el verano y las protestas se desmovilizaron hasta el curso siguiente, pero sin  poder repetir la fuerza y el empuje inicial y sin que Aguirre hubiera estado obligada a tomar ninguna de las medidas reivindicadas. Fue una nueva victoria para la presidenta madrileña con consecuencias nefastas para el movimiento sindical en el ámbito educativo, ya que muchos docentes perdieron la confianza.

Estos ejemplos se circunscriben a la Comunidad de Madrid y son pioneros con respecto a lo que vendría después en el resto de España. Y es que tienen como protagonista a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que tanto disfruta comparándose con Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” que también ganó el pulso a los sindicatos británicos en los años 80 poniendo fin a su influencia y posibilitando así la aplicación de sus políticas neoliberales en el Reino Unido. Aguirre y sus sucesores en el PP encarnan en España la nueva voluntad de la derecha a nivel global de no pactar con los defensores del Estado social. De hecho, miembros de este grupo incluso han pedido públicamente la limitación del derecho a la huelga y a la manifestación, como por ejemplo el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

La reforma laboral: ataque directo al Estado de Bienestar

Esta voluntad de hierro de los conservadores españoles está inspirada en la revolución neoconservadora iniciada en los años 80 en EEUU y el Reino Unido. Hoy cabalga alimentada por la crisis y los discursos neoliberales mientras se desmantela poco a poco el carácter redistributivo y social de la administración pública. Es decir, se aprovecha la crisis para destruir el maltrecho Estado del Bienestar y cambiar las relaciones laborales que lo sustentan basado en un sistema de seguridad y bienestar social público.

Este cambio de las relaciones laborales tiene nombre: la reforma laboral. La crisis ha impulsado en España dos reformas laborales en los últimos tres años que facilitan el despido fijando en mínimos la indemnización para los trabajadores, entre otros aspectos. Dicen que así se eliminan costes salariales para las empresas y se aumenta su competitividad. Pero también es el inicio de un cambio en las relaciones laborales en este país que instala definitivamente la precariedad y la brecha salarial entre una minoría con sueldos altos y una gran mayoría con sueldos prácticamente de subsistencia que apenas cotiza a la Seguridad Social.

Por ejemplo, y según un estudio publicado recientemente por la revista británica The Economist, España es el cuarto país europeo con la mayor brecha salarial. “Un empleado español con un suelo medio necesita trabajar ininterrumpidamente siete días para ganar lo mismo que recibe el director general de su empresa en sólo una hora. Y si el empleado se encuentra en el tramo de salarios más bajos, la diferencia se dispara: tendrá que emplearse a fondo durante tres semanas seguidas para ingresar la cantidad que recibe su máximo jefe en apenas sesenta minutos”, según se cita en infolibre.es.

Con millones de personas que no cotizan o que lo hacen muy poco, el futuro es previsible: la incapacidad de la administración pública de recaudar suficiente como para financiar los servicios públicos y un auge de los servicios privados (educativos, sanitarios y de pensiones).

Todo ello viene acompañado por unos índices de desempleo alarmantes en España que según la OCDE pueden llegar a una tasa del 28% a pesar de breves episodios de recuperación parcial debido a fenómenos estacionarios. Un alto índice de paro es el mejor escenario para los empresarios, ya que son ellos los que dictan las condiciones y los sueldos. Hay que recordar que para la construcción del Estado del Bienestar en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial era fundamental el pleno empleo. Los sindicatos pudieron entonces presionar a los patronos para imponer mejores condiciones y sueldos, con los que el estado pudo financiar los servicios públicos vía impuestos. Ahora llegan los minijobs con sueldos de hasta 500 euros al mes, una realidad que por ejemplo en Alemania ya afecta al 22% de los trabajadores. 

La siguiente consecuencia previsible es la de la individualización de las relaciones laborales entre trabajador y empresa poniendo fin a los convenios colectivos, debilitando así muy significativamente la capacidad negociadora del trabajador y sus derechos. No es casualidad que los convenios estén en el punto de mira de los empresarios: destruirían la presencia sindical, o al menos la vaciarían de contenido.

Ante esta situación los sindicatos respondieron con tres huelgas generales en España: el 29 de septiembre de 2010, y el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012. Aunque el seguimiento de las huelgas es una cuestión de interpretaciones, el caso es que ninguna tuvo éxito, ya que la reforma laboral sigue ahí. No pasó lo mismo en junio de 2002, cuando otra huelga general pudo impedir que prosperara el “decretazo” de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de José María Aznar.  

Tampoco han podido cambiar nada las infinitas movilizaciones y huelgas sectoriales en los servicios públicos en todo el país. Se puede decir, por tanto, que la paulatina pérdida de eficacia de la huelga es un síntoma de las horas bajas de los sindicatos.

Bajada masiva de la afiliación sindical

Los sindicatos españoles mantienen los mismos principios y sistemas de protesta y de movilización de las últimas décadas, y eso a pesar de que la sociedad y el mundo laboral han cambiado radicalmente. Como hemos visto, la relación entre capital y trabajo ya no es la misma. La consecuencia es que, desde que comenzó la crisis financiera en 2008, en España hay medio millón menos de afiliados a la UGT y a CC OO.

De cara al futuro el horizonte parece todavía más negro, ya que entre los jóvenes menores de 30 años la afiliación es de menos del 10%, mientras que se mantiene en cotas también bajas de entorno al 20% entre los mayores de 45 años.

Según un informe de la “Fundación 1 de Mayo” de CCOO fechado en mayo de 2012, en España sólo el 19% de los trabajadores está afiliado a algún sindicato. En el resto de países europeos, sorprendentemente Francia es el que cuenta con menos porcentaje de afiliación (8%), aunque sus sindicatos son capaces de movilizar masivamente a los trabajadores.

Los que más porcentaje de afiliación tienen son los países nórdicos (Suecia, Finlandia y Dinamarca) en torno al 80%. Estos países cuentan con una larga y sólida tradición de Estado del Bienestar y la vinculación de los sindicatos con él es crucial, ya que, por ejemplo, el cobro de las prestaciones por desempleo se hace a través de las centrales sindicales. Pero estas son sólo excepciones. Lo normal es que solamente uno de cada cuatro trabajadores europeos esté sindicado, como muestra la media de la UE del 23%, y con tendencia a la baja.

Necesidad urgente de adaptación

Los sindicatos no han sabido adaptarse a la precariedad laboral, a la llegada de la inmigración en la época anterior a la crisis -y a la ocupación de los puestos de trabajo sin cualificación por esta mano de obra-, a la bajada de los salarios, y en los últimos años, al aumento masivo del desempleo.

Es decir, el actual marco laboral inestable, precario e individualizado pone en riesgo la existencia misma de los sindicatos, que no están diseñados para esta realidad sino para representar a trabajadores con empleos estables como se da por ejemplo en la función pública entre los funcionarios, pero cada vez menos. Es por ello que el único bastión que les queda a las centrales sindicales son los trabajadores de los servicios públicos.

Esto se debe a la actual tendencia de cambio en las relaciones entre capital y trabajo, ya que como se ha indicado arriba, se individualizan las relaciones laborales, las condiciones y el status, barriendo los convenios colectivos haciendo imposible una representación de los trabajadores en masa. Se impone el “divide y vencerás”, y allí los sindicatos poco pueden hacer si el empresario impone condiciones individuales a cada empleado.   

Los sindicatos, a pesar de todo, siguen siendo las únicas organizaciones con legitimidad legal e histórica para representar a los trabajadores. Sin embargo, tienen que reaccionar y replantear su diseño y organización para adecuarse a la nueva realidad del mundo laboral, atomizada e individualizada. Cuanto antes se pongan en práctica métodos de movilización y de protesta más eficaces, antes se podrá presionar mejor para tratar de frenar el constante recorte del Estado social y de su calidad. Para ello hace falta discurso, recursos y capacidad de innovación, algo muy difícil para unas centrales sindicales altamente burocratizadas pero que deben afrontar si no quieren que los hechos les vacíen de contenido. 

Publicado en MBC Times. 

¿QUIÉN DEBE TEMER A ESPERANZA AGUIRRE?

Cuando Esperanza Aguirre dimitió de su puesto como presidenta de la Comunidad de Madrid pasó al mito. En un acto meditado y con un discurso potente y bien armado, la ex presidenta anunció que deja la política. Sin embargo, hay muchas razones para sospechar que no será así y que Aguirre ha pasado a un nivel superior de la escena política española. La pregunta que surge ahora es ¿quién debe temer a Esperanza Aguirre?

Fue un acto de apariencia improvisada pero muy estudiado. El mismo día en el que iba a realizarse una entrevista en directo en TVE al líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba, Aguirre convocó una rueda de prensa por sorpresa y con urgencia sin especificar por qué. Un golpe de efecto muy eficaz y manido por los servicios de comunicación de la Puerta del Sol y que crean una expectación en los medios de comunicación que rara vez se decepciona.

El lunes 17 de septiembre de 2012 la noticia estuvo a la altura. Esperanza Aguirre anunció su dimisión por razones personales y su retirada de la política. Aunque enseguida se especuló y se le preguntó si su enfermedad tenía algo que ver en su decisión –ella lo negó-, cada vez hay menos personas que comienzan a sospechar que Aguirre realmente no deja la política, simplemente pasa a un siguiente nivel.

El anuncio fue un acto de liberación para Aguirre, ya que se deshace de la pesada mochila del Gobierno regional de Madrid. Si este cargo le había servido como catapulta para su carrera política y como ariete contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una vez que Mariano Rajoy ganó las elecciones nacionales en noviembre del año pasado, el sillón presidencial se había convertido en un lastre para su siguiente misión: ser la portavoz de los críticos del PP con la gestión del presidente del Gobierno.

 

La cuestión de ETA

Esa crítica ya ha comenzado el pasado verano con la cuestión sobre la excarcelación del preso de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga. Mientras el sector ‘duro’ del PP se oponía a esta medida –entre ellos el ex ministro Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre- el Gobierno advirtió que estaba obligado a acatar la decisión de los tribunales. Comenzó así la primera trifulca en el seno del PP sobre la cuestión más difícil para Rayo en clave interna: la gestión del fin de ETA.

El adelanto de las elecciones vascas al próximo 21 de octubre garantizan que la cuestión de ETA se sume a los muchos frentes mediáticos abiertos para el Gobierno, ya de por sí cada vez más debilitado debido a la crisis económica. Y es que el sector ‘duro’ o anti Rajoy no puede atacar a su líder por sus políticas económicas y reformas, todas de un estricto corte neoliberal, y por ello tendrá que hacerlo a través de las cesiones que, inevitablemente, se tendrán que hacer frente al mundo abertzale para garantizar la paz. Tampoco hay que olvidar el órdago lanzado por el nacionalismo catalán. Y aquí entra Aguirre.

Si no quiere desgastar su imagen y su legitimidad dentro del partido, Aguirre no podía encabezar la oposición a Rajoy al frente de una administración pública obligada a aplicar las leyes redactas en la Moncloa. Aguirre no podía acompañar su insumisión en el discurso con una insumisión política y legislativa como hizo con José Luis Rodríguez Zapatero, cuyas normas eran sistemáticamente recurridas. Una vez libre del cargo de presidenta y en el limbo del mito de la derecha española, Aguirre es hoy más peligrosa para Rajoy.    

Un enfrentamiento sin tregua

Francisco Granados.

Es para todos conocido el enfrentamiento y la animadversión que Aguirre siente por Mariano Rajoy y sus aliados, sobre todo el ex alcalde de Madrid y actual ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Aguirre encabezó en 2008 a los críticos con la continuidad de Rajoy al frente del PP tras perder las elecciones de ese año y pagó por ello. Rajoy ganó el congreso y apartó a sus críticos de los máximos cargos orgánicos nacionales del PP –entre ellos a Ignacio González, el sucesor de Aguirre- y apostó claramente por los rivales de la presidenta madrileña.

Aguirre respondió atrincherándose en el PP de Madrid, apartando y marginando a los partidarios de Rajoy en el partido regional, entre ellos quien fue vicepresidente regional y consejero Alfredo Prada. Es más, en torno a esas fechas conflictivas de junio de 2008 -cuando se celebró el congreso del PP- se produjo el turbio episodio de los espionajes a miembros del PP fieles a Rajoy con personal adscrito a la Comunidad de Madrid. Aunque la Justicia ha dado carpetazo al caso, las sospechas recayeron en Francisco Granados, entonces un fiel de Aguirre, que habría ordenado el espionaje a Alfredo Prada y al entonces ‘número dos’ de Gallardón, Manuel Cobo.

Sin riesgos en Madrid

Precisamente Granados e Ignacio González protagonizaron durante años un enconado enfrentamiento interno en el seno del PP y del gobierno madrileño por el favor de Aguirre. Ambos querían ser sus sucesores, pero ganó González. Granados se pasó al bando de Rajoy y fue apartado del Gobierno primero y de la Secretaría General del PP de Madrid después a favor de González. Esto ocurrió justo después de las elecciones generales de noviembre. El debate sucesorio estaba cerrado. Ya había un único delfín y Aguirre podía alejarse del mando directo de Madrid sin el riesgo de que provocara un vacío de poder y una guerra civil.

Ignacio González.

Otro elemento a favor de la dimisión de Aguirre es que, al igual que Ignacio González no tiene nada que temer de su propio partido en Madrid, tampoco tiene que tener ningún miedo de la oposición. El Partido Socialista de Madrid, dividido y menguado tras cada cita electoral, no es ninguna amenaza para que el sucesor de Aguirre –apenas conocido y sin el carisma de su jefa- mantenga el poder. El secretario general de los socialistas de Madrid y su portavoz en el Parlamento regional, Tomás Gómez, ha llevado al partido prácticamente a la ruina, a la división y está ahora más pendiente de enfrentarse con el PSOE federal para pelear por su supervivencia política que de hacer oposición. De hecho, la dimisión de Aguirre le cogió totalmente por sorpresa, sin discurso y sin una posición clara al respecto, a pesar de que era un escenario muy probable. Nada que temer pues desde la izquierda.

La pregunta que surge ahora es ¿qué hará Rajoy si Aguirre ataca? Y, ¿cuándo se producirá ese ataque? No tardará mucho ya que las elecciones vascas y gallegas están a la vuelta de la esquina. Será un buen momento para examinar la capacidad electoral del PP –en cierta manera tocada tras los fracasos en Andalucía y Asturias- y sin duda los críticos con Rajoy estarán al quite para atacar a su líder si los resultados no son los esperados. Y seguramente Esperanza Aguirre tendrá un papel protagonista. Y es que no dejará nunca de ser la ‘Presidenta’ para sus fieles seguidores.  

EL FIN DE TELEMADRID

La dirección de Radio Televisión Madrid ha dado orden de comenzar el que, probablemente, será penúltimo acto de la dilatada vida del ente público: el despido masivo de sus trabajadores. En concreto, ha convocado un concurso  por 235.950 euros para que una empresa externa le asesore en el proceso de reestructuración de la empresa pública. Esa reestructuración, aseguran desde la dirección, es necesaria debido a los elevados costes que supone para los ciudadanos en plena época de crisis.

 

La que fue durante muchos años una televisión de vanguardia y todo un ejemplo para el resto de cadenas en España, se ha convertido ahora en una ruina humeante de baja calidad y nula credibilidad, bastión reconocido en toda España de la propaganda reaccionaria al servicio del ego político de Esperanza Aguirre.

El objetivo último y confeso de Aguirre es privatizar Telemadrid. Pero para conseguirlo necesita argumentos, y ella misma se ha encargado de fabricarlos en los últimos años. Al convertir Telemadrid en su oficina de propaganda, muchos miles de madrileños optaron por abandonar su fidelidad a los hasta entonces únicos informativos de televisión de calidad en la región. Consecuencia, menos audiencia y por lo tanto menos ingresos por publicidad. Empezaba el camino de la inviabilidad económica del ente público, reforzado por la adjudicación a dedo de altísimos presupuestos a programas de amigos que no generaban ninguna audiencia pero sí elevadísimos costes, o la externalización de servicios que pueden realizar los trabajadores d ela propia casa.   

Este despilfarro acumulado en los últimos años ahora provocará un ERE que no deja de ser otra cosa que un saneamiento previo –pagado por todos los madrileños- a la privatización una vez que el Gobierno de Rajoy cambie la ley estatal que impide a los ejecutivos autonómicos decretar esta medida.

Una jugada redonda

La jugada ha sido redonda para la derecha, ya que mientras llegaba a este punto de degradación necesaria para su privatización, Telemadrid ha servido de vocero de la derecha del PP y ha formado parte de la red de medios de comunicación reaccionarios y de su estrategia de intenso desgaste del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En resumen: el PP ha generado la ruina de Telemadrid con la que argumentarán su privatización, y mientras tanto han utilizado esta televisión pública para hacer propaganda descarada destruyendo toda su credibilidad informativa. Una jugada redonda que, por supuesto, se premia: sus ejecutores ya están tomando posesión de sus nuevos asientos en la dirección de TVE. ¿Para realizar la misma jugada en el ente público estatal?

 

Los primeros indicios dicen que sí: cambio de la norma de elección de la dirección en el Parlamento, purga de profesionales, eliminación de los programas de más éxito, etc. Está claro que la derecha piensa destruir el modelo de televisión pública profesional, objetiva y eficiente creado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Destruir para privatizar, y privatizar para vender a sus aliados y perpetuar así el control mediático independientemente de las mayorías parlamentarias. Y es que Esperanza Aguirre y el PP tienen una estrategia de reordenación del panorama de la comunicación de la que carece la izquierda.

 

 

Ya en 2005 el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprovechó el paso a la TDT decretado por el Gobierno socialista de España para adjudicar los canales a una lista de medios afines a la derecha o, al menos, no simpatizantes con los socialistas. La consecuencia ha sido que, siete años después, estos medios se han consolidado e incluso se han reforzado con respecto a su posición anterior. Nacieron así Intereconomía y Libertad Digital, y Pedro J. Ramírez pudo dar el salto a la televisión huyendo de la exclusividad del periódico de papel, herido de muerte.

 

Todo gracias a Esperanza Aguirre, que sabe como cobrarse los favores. Y lo hace.

 

 

Pincha aquí para acceder a la web de los trabajadores de Telemadrid.

EL SILENCIO DE RAJOY, ¿ESTRATEGIA O NECESIDAD?

El pasado 6 de diciembre en la recepción en el Congreso de los Diputados por motivo de la festividad de la Constitución, los medios de comunicación coincidían en señalar a un Alberto Ruiz-Gallardón “visiblemente nervioso”. Especulaban que podría deberse a la incertidumbre sobre su posible participación en el futuro Gobierno de España, cuya composición sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del presidente electo, Mariano Rajoy. Los medios de comunicación subrayaban así su impotencia a la hora de conocer los nombres de las personas que acompañarán a Rajoy en el Consejo de Ministros. Existen muchas especulaciones, pero ninguna confirmación. Por lo tanto, y a escasos días de la formación del nuevo Ejecutivo, el propio silencio de Rajoy se ha convertido en objeto de análisis. ¿Se debe a una estrategia o a una necesidad?

El todavía presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, seguía una política de comunicación muy diferente. Además de no rehuir las cámaras ni los micrófonos cuando todavía era presidente electo, se fueron filtrando los nombres de los futuros ministros, de manera que no hubo sitio para sorpresas el día de la formación del Gobierno. Los socialistas más eminentes no tuvieron que sufrir demasiado tiempo esperando una llamada a su móvil. El proceso transcurrió relativamente deprisa.

 

Sin embargo, el estilo de Rajoy es completamente contrario. No es que solamente no se da ninguna pista sobre los futuros miembros del Gobierno, sino que Rajoy mantuvo silencio absoluto sobre cualquier tema desde la noche electoral del 20 de noviembre hasta la fiesta de la Constitución. Sus colaboradores más estrechos trataban de calmar a los periodistas, que ya comenzaban a criticar esta actitud como falta de transparencia.

El silencio como estrategia

Podría tratarse de una estrategia, de una manera de preparar a los medios ante lo que será seguramente un estilo de comunicación completamente nuevo, más escueto y menos permeable a las demandas periodísticas. Si el silencio de Rajoy es una estrategia, podría estar ‘educando’ a los medios y dando a entender que la agenda política la marca el Gobierno, y no los periodistas. Uno de los errores estratégicos que se achaca al Gobierno de Zapatero es que era demasiado dependiente de la agenda mediática y que esa actitud llegó incluso a mediatizar su labor de Gobierno. Es decir, que gobernaba a golpe de titular.

Si el silencio de Rajoy es una estrategia de comunicación está por ver si será capaz de dictar la agenda en vez de ser su esclavo. Todos los políticos pretenden conseguir este objetivo cuando llegan al poder pero terminan dependiendo de la opinión publicada, por el momento el elemento más importante y decisivo para conformar la opinión pública. Es como si una cadena de televisión privada lanzase una programación siguiendo un estilo propio y con la intención de mantenerlo al margen de su audiencia. Al final acaba por transigir.

El silencio como necesidad

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el silencio de Rajoy se deba a una necesidad. Aunque el PP cuenta hoy con el mayor poder institucional de la democracia española, la victoria no ha proporcionado a sus filas la unidad en torno al líder que se podría suponer. El sector más conservador o de derechas, encabezado por Esperanza Aguirre, está comenzando a atrincherarse en la Puerta del Sol ante la enorme fuerza adquirida por Rajoy y sus colaboradores, entre ellos el alcalde de Madrid Ruiz-Gallardón, ‘enemigo íntimo’ de la presidenta regional. Dicen los periodistas que la reciente sustitución de Francisco Granados al frente del PP madrileño por el vicepresidente Ignacio González se debe interpretar en estas coordenadas.

Rajoy no olvida que en 2008 Aguirre encabezó la oposición a su reelección como líder del PP, y ahora ella teme represalias. Y es que Rajoy cuenta a partir de ahora con la administración pública central, la mejor herramienta para comprar o renovar voluntades. Si juega bien sus bazas podría utilizar este mecanismo para vaciar de poder a sus contrincantes, aunque calculando bien para no ofender a sus partidarios de primera hora. No sería justo, podrían pensar, que se recompensase de la misma manera a un fiel seguidor que a un rival.

¿Se debe a esto el silencio de Rajoy? ¿Estará configurando el Gobierno de España con el objetivo de conseguir la paz interna en el PP? En todo caso esto solamente podrá comprobarse cuando se sepan los nombres del futuro Gobierno. Hasta entonces, silencio.    

¿ESTÁ MURIENDO LA HUELGA?

La huelga es un derecho constitucional y una de las armas más importantes de los sindicatos a la hora de presionar para conseguir sus objetivos en una negociación. Es un instrumento totalmente normalizado en una sociedad democrática –a diferencia de sus primeros tiempos a finales del siglo XIX y durante las dictaduras totalitarias del siglo XX, incluida la soviética- y seguramente que todo/as hemos participado en alguna. Sin embargo, su utilidad real últimamente se está poniendo en entredicho. ¿Está muriendo la huelga como instrumento de presión?

Las huelgas más conocidas y que afectan a más personas suelen ser aquellas convocadas en los servicios públicos. Es la culminación de las medidas de presión ideadas por los sindicatos para negociar con la administración pública, contando con que el desgaste que sufre el gobierno de turno ante los electores le obligará a actuar rápidamente y de manera favorable a sus intereses. Sin embargo, algunas de las huelgas y protestas más intensas desarrolladas en España en los últimos años, y que han tenido lugar en la Comunidad de Madrid, se han mostrado como un fracaso a la hora de conseguir algún beneficio para los trabajadores. Es más, han terminado desgastando más a los sindicatos que al Gobierno regional, que además consiguió salir reforzado.

Por ejemplo, en las navidades de 2007 los sindicatos de los servicios de limpieza del metro convocaron una huelga, lo que provocó que las estaciones del interurbano estuvieran llenas de basura durante días. Pero lejos de querer negociar y de temer algún perjuicio a su imagen por mantener el metro sucio en Navidad, la presidenta regional Esperanza Aguirre contraatacó culpabilizando a los sindicatos y endureciendo el clima de la negociación haciendo imposible llegar a un acuerdo. Consiguió darle la vuelta al problema siendo ahora los sindicatos los que tenían que mantener la huelga para no salir derrotados, con el consiguiente desgaste de su imagen y discurso, y con la dificultad añadida de que los trabajadores no cobraban las jornadas de protesta. Al final ganó Aguirre.

La ‘huelga salvaje’ de Metro

Otro ejemplo. A finales de junio de 2010 los trabajadores de Metro convocaron una huelga sin respetar los servicios mínimos -abusivos- para protestar contra los recortes aprobados por el Gobierno de Aguirre ignorando el convenio colectivo. Los hechos fueron muy parecidos a los señalados arriba. La ciudad de Madrid se paralizó durante días y Aguirre estuvo más ágil y se adueñó de la iniciativa mediática desde el primer momento al calificar la huelga de “salvaje” y de restar razón y legitimidad a los sindicatos. Ofreció a los ciudadanos enfadados un culpable. Por mucho que los sindicatos y la izquierda trataran de responsabilizar a Aguirre, ella ya había ganado la batalla mediática y los sindicatos se vieron acorralados: si desconvocaban la huelga sin conseguir nada a cambio perderían apoyos entre los trabajadores; en cambio si la mantenían, sufrirían un duro desgaste social y por cada día que pasaba sin resultados, también perderían apoyos, ya que muchos trabajadores no podían permitirse pasar un número indefinido de días sin cobrar. Al final, también ganó Aguirre.

Por último, la comunidad educativa (profesores, padres y alumnos) encadenan protestas y huelgas contra los recortes educativos del Gobierno madrileño. Las jornadas de huelga y de manifestaciones se suceden, pero al igual que en los ejemplos anteriores, Aguirre no toma ninguna medida excepto la de dar la batalla mediática tratando de desgastar a sus contrarios con ayuda del tiempo. Y es que llegan los exámenes y las jornadas de huelga están poniendo en riesgo que los alumnos puedan estudiar el temario establecido en tiempo y forma, lo que podría tener consecuencias en su rendimiento escolar, un factor evidentemente desmovilizador para padres y alumnos y que puede dividir el movimiento de protesta sin que Aguirre haya tomado medida alguna de las reivindicadas. Podría ser una nueva victoria para la presidenta madrileña con consecuencias nefastas para el movimiento sindical en el ámbito educativo.

Estos ejemplos se circunscriben a la Comunidad de Madrid y tienen como protagonista a su presidenta Esperanza Aguirre, que tanto disfruta comparándose con Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” que también ganó el pulso a los sindicatos en los años 80 poniendo fin a su influencia y posibilitando así la aplicación de sus políticas neoliberales. Pero el éxito de Aguirre no se debe tanto a su postura intransigente como a la falta de efectividad y de representatividad sindical, así como a su falta de capacidad de adaptarse a los problemas del presente.

Bajada masiva de la afiliación sindical

Los sindicatos españoles evidentemente nada han aprendido de la historia, ya que mantienen los mismos principios y sistemas de protesta y de movilización de las últimas décadas, y eso a pesar de que la sociedad y el mundo laboral han cambiado radicalmente. La consecuencia es que desde que comenzó la crisis económica en 2008 hay medio millón menos de afiliados a la UGT y a CC OO, según datos del Ministerio de Trabajo, a pesar de que este es un momento histórico en el que la afiliación debería crecer.

De cara al futuro el horizonte parece todavía más negro, ya que entre los jóvenes menores de 30 años la afiliación es de menos del 10%, mientras que se mantiene en cuotas también bajas de entorno al 20% entre los mayores de 45 años.

Los sindicatos no han sabido adaptarse a la precariedad laboral, a la llegada de la inmigración -y a la ocupación de los puestos de trabajo sin cualificación por esta mano de obra-, a la bajada de los salarios, y en los últimos años, al aumento masivo del desempleo. Es decir, el actual marco laboral inestable, precario e individualizado pone en riesgo la existencia misma de los sindicatos, que no están diseñados para esta realidad sino para representar a trabajadores con empleos estables.

Es por ello que el único bastión que les queda a las centrales sindicales son los trabajadores de los servicios públicos. Por eso resulta fatal su desgaste ante Aguirre y el fracaso de la huelga como último método de presión, ya que si no funciona la huelga ¿qué puede funcionar?

Cuanto antes se pongan en práctica métodos de movilización y de protesta más eficaces, antes se podrá tratar de frenar el constante recorte del Estado social y de su calidad. Para ello hace falta discurso, recursos y capacidad de innovación, algo muy difícil para unas centrales sindicales altamente burocratizadas. Mientras tanto, los empresarios ya han pedido limitar el derecho a la huelga.

LO QUE LE ESPERA A RAJOY

Los pronósticos se han cumplido. El nuevo presidente (electo) del Gobierno, Mariano Rajoy, goza de una de las mayorías absolutas más holgadas de la historia de la democracia española. Además, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas estángobernadas por miembros de su partido, así como las ciudades más importantes del país. Se trata de seguramente el mejor escenario posible para ejercer el poder y para implementar el programa electoral que se haya encontrado nunca un candidato español a la presidencia. Sin embargo, el futuro de Rajoy parece muy complicado, tanto, que no despierta envidia alguna.

Mariano Rajoy se enfrenta al reto más difícil de las últimas décadas y a multitud de obstáculos que podrían poner en peligro, e incluso poner en su contra, la inmensa base de poder de la que dispone.

Empezando por partes. Lo más difícil para Rajoy y su equipo es proporcionar una salida de España de la crisis. Por una razón muy sencilla: no depende de él, y lo sabe. Por eso el programa electoral del PP es tan ambiguo al respecto. España no es autónoma a la hora de diseñar su política económica, y menos aún siendo miembro del Euro. Sin embargo, el PP ha apostado todo su prestigio y su imagen en la salida de la crisis. Esto es lo que le proporciona su mayor legitimidad de cara a la masa de su electorado.

Rajoy sabe que esta inmensa mayoría absoluta solamente se explica por ese anhelo de la gran mayoría de españoles de salir de la crisis y desterrar el miedo al paro. Por lo tanto, si no hay resultados satisfactorios pronto, el PP tendrá un problema. Así pues, Rajoy depende de decisiones y de acontecimientos externos para poder cumplir la principal demanda de sus electores. En otras palabras, depende de la suerte.

Oposición interna

Por otro lado, Rajoy también cuenta con una facción dentro del PP que podría crearle serios problemas. El nuevo presidente del Gobierno sabe que para conseguir mayorías hay que ser ambiguo y conciliador en la mayoría de los asuntos, algo que choca frontalmente con el ideario de muchos de sus compañeros de partido.

Manifestación de víctimas del terrorismo.

Para empezar, Rajoy tendrá que liderar el proceso de pacificación de Euskadi tras la declaración de cese de la violencia por parte de ETA. Este debate ha estado ‘congelado’ prácticamente durante toda la campaña electoral, pero ahora tendrá que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué sucederá con los presos de ETA? ¿Disfrutarán de algún tipo de ventaja como fruto de una negociación? ¿Y los etarras en libertad, irán a prisión? Todavía no se sabe qué es lo que ETA pedirá a cambio de la paz y de entregar sus armas, pero lo que es seguro es que no saldrá gratis.

La pregunta es hasta dónde estará dispuesto a llegar Rajoy. Y hasta dónde estarán dispuestos a llegar los integrantes del ala derecha del PP que durante muchos años han hecho del discurso antiterrorista su principal bandera. Ya se produjo un encontronazo entre diferentes argumentos en el PP el mismo día del anuncio de ETA, cuando Rajoy lo aplaudió mientras que, por ejemplo, Esperanza Aguirre lo criticó.  

Gallardón oficiando una boda gay.

Otros asuntos espinosos son el futuro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo o de las bodas homosexuales. Son dos temas que han movilizado la oposición del ala más integrista del PP y que ahora el nuevo Gobierno tiene la posibilidad de cambiar. Sin embargo, cualquier movimiento en cualquier sentido será polémico, ya que si no hay cambios la ultraderecha se sentirá defraudada y traicionada, mientras que si se acomete cualquier reforma podría ser utilizado como argumento de la derechización e intolerancia del PP, los argumentos que provocan la mayor pérdida de apoyos para el PP. No es de extrañar que Rajoy no se haya posicionado durante la campaña. ¿Qué hará a partir de hoy?

Relaciones con los nacionalistas

Por último, otro elemento de posible enfrentamiento entre las facciones o corrientes del PP serán sin duda las relaciones con los partidos nacionalistas conservadores. La mayoría absoluta permite a Rajoy imponer sus medidas, sin embargo no resulta demasiado popular imponer el rodillo parlamentario, sobre todo cuando se trata de medidas encaminadas a combatir la crisis. El PP necesitará apoyos de otros grupos parlamentarios, aunque sea para dar una imagen de unidad y de cierto consenso de las medidas anticrisis de cara al exterior. Por ello resulta lógico que los más indicados para esos apoyos sean el PNV y CIU, más próximos al PP en cuanto a su política económica. Pero esos apoyos no saldrán gratis.

El PNV, esforzado en agudizar su perfil nacionalista ante la competencia de la izquierda abertzale y con la intención de ser un actor decisivo en el proceso de pacificación de Euskadi, puede tratar de presionar a Rajoy en este sentido a cambio de su apoyo. CIU, por su parte, encabeza el discurso antisolidario en Cataluña con respecto a las demás regiones, por lo que podría aprovechar para tratar de presionar una política fiscal propia, del mismo estilo que Euskadi y Navarra. El ala ultraconservadora del PP seguramente rechazaría ambos escenarios con vehemencia.

Esperanza Aguirre en Intereconomía.

La oposición a Rajoy desde sus propias filas cuenta con un altavoz mediático muy potente, en concreto aquellos medios de comunicación que deben a Esperanza Aguirre sus frecuencias de televisión digital terrestre y radiofónicas en la Comunidad de Madrid: Intereconomía, EsRadio e incluso El Mundo. Es conocida la animadversión de determinados iconos mediáticos de este entorno hacia Rajoy. Resultaría pues previsible el uso de esa plataforma mediática para presionar al nuevo Gobierno.

Entre los analistas políticos está muy extendida la afirmación de que en España no existe un partido de ultraderecha fuerte y cohesionado porque los elementos que lo compondrían están en el PP. La previsible tensión que se puede producir entre el PP en las instituciones estatales y el PP ultraconservador podría ser tan fuerte que tendría consecuencias devastadoras para la unidad del partido. Hay que recordar que en Asturias gobierna Álvarez Cascos, un histórico dirigente del PP que ha creado su propio partido tras sus desavenencias con Rajoy. Cuenta con el apoyo y la simpatía de dirigentes de la talla de Esperanza Aguirre. A lo mejor esta división asturiana es una premonición de lo que le podría ocurrir al PP a nivel nacional.