domingo, 30 de junio de 2013

MENOS DE TRES MESES PARA CONOCER EL FUTURO DE MERKEL



En menos de tres meses se celebrarán elecciones federales en Alemania. Los ciudadanos alemanes están ante la posibilidad de poner fin al actual gobierno conservador, o bien pueden alargar una legislatura más el mandato de la canciller Angela Merkel. Tomen la decisión que tomen, será crucial para el futuro de Europa, y observando los datos de las encuestas más recientes, parece que esa decisión será la de la continuidad de la canciller. Sin embargo, no está claro que su política de austeridad pueda continuar. - Publicado en MBC Times.

El próximo 22 de septiembre, es decir en menos de tres meses, se celebrarán las que probablemente sean las elecciones alemanas más importantes de la historia reciente de Europa. 61,8 millones de ciudadanos alemanes de los más de 80 millones de habitantes de Alemania podrán ejercer su derecho al voto para elegir a sus representantes en el Parlamento, el Bundestag. De las mayorías que se conformen de esa votación saldrá el próximo Gobierno de ese país, que se ha convertido en la potencia económica y ahora también política más poderosa e influyente del viejo continente.

La prueba es que centenares de millones de miradas observan cada día el devenir del Gobierno de Berlín y centenares de millones de personas dependen de sus decisiones, ya que su fuerza es fundamental para el funcionamiento de la Unión Europea y por lo tanto de los 27 países que la componen (sobre todo de los 17 que conforman la zona Euro).


Por el momento esas decisiones las impone desde 2009 el Ejecutivo conservador resultante de la coalición de los cristianodemócratas del CDU y los liberales del FDP, un Gobierno no exento de tiranteces y dirigido por Angela Merkel, probablemente hoy en día la mujer que más rechazo despierta entre la población del sur de la Unión Europea debido a su política de austeridad para combatir la crisis financiera y económica. Por ejemplo, en España sólo un 39% de los ciudadanos y en Italia un 36% aprueban su gestión, según datos publicados hace un mes por Pew Research Global Attitudes Project. 

Sin embargo, en Alemania este rechazo no existe. Su gestión al frente del Gobierno cuenta con una aprobación del 57% frente a un rechazo del 41%, según Pew Global. Cuando se pregunta directamente por la propia Merkel los datos son también contundentes: un 74% de los alemanes apoya a su líder.

Merkel, la “buena madre” de Alemania
Durante meses el personaje de la canciller ha conseguido independizarse de sus siglas y actuar más como un símbolo (matriarcal) de la sociedad alemana que como representante de la CDU y de sus valores conservadores. Es decir, Angela Merkel es percibida como una especie de “madre” – una “madre buena” como la denomina el sociólogo Tilman Allert de la Universidad Goethe de Frankfurt- que vela por los intereses de los alemanes más allá de las siglas que representa.


Y esto tiene sus consecuencias también en las encuestas electorales. Preguntados si pudieran votar directamente a Merkel o a su rival (el socialdemócrata Peer Steinbrück) en vez de a una lista electoral, un 57% de los alemanes prefiere directamente a Merkel frente a un 30% que prefiere directamente a Steinbrück. La canciller no sólo arrasa entre los electores de su partido (de los que un 94% dice que será fiel a su líder), sino que consigue que un 21% de simpatizantes socialdemócratas la prefieran a ella antes que a su propio candidato, según datos de Infratest dimap de principios del mes de junio.

Pero este “sí” masivo a la persona de Merkel no significa un apoyo incondicional a su partido. No es lo mismo la valoración que se hace de los partidos que de sus líderes, pero comienza a perfilarse un claro adelanto de los conservadores sobre sus rivales. Por ejemplo, según los últimos datos publicados el 21 y el 23 de junio por los institutos demoscópicos Infratest dimap y Emnid respectivamente, la CDU de Merkel sacaría un resultado del 41%, lejos de la mayoría absoluta, pero bastante mejor que los resultados de las últimas elecciones federales de septiembre de 2009, cuando alcanzó el 33,8% de los votos.

Su socio de gobierno, los liberales del FDP, en cambio, se hunden. Si en 2009 consiguieron un 14,6% de los votos, las encuestas a menos de tres meses de las elecciones no les otorgan más del 4% (Emnid) o del 5% (Infratest dimap). La diferencia de un porciento no es baladí, ya que es la diferencia que la ley electoral alemana establece para tener representación parlamentaria: todos los partidos que consigan menos del 5% no estarán representados. Eso sería un desastre para el FDP, un  partido que siempre ha estado en el Bundestag y ha jugado un papel fundamental en la formación de los gobiernos desde la fundación de la República Federal de Alemania en 1949.

Por lo tanto, y según los últimos pronósticos, la actual coalición de Gobierno CDU y FDP conseguiría como mucho un 46% del total, lejos del 48,4% de 2009 y que sostiene actualmente el Ejecutivo. ¿Corren riesgo de ser expulsados del poder?

La oposición a Merkel se va desinflando
Desde hace meses el peligro que corrían los conservadores alemanes era que, a pesar de la popularidad y la imagen integradora de Merkel, pudieran perder las elecciones al no conseguir la mayoría suficiente en el Bundestag para volver a formar Gobierno. En concreto, la “pata coja” de la actual coalición de Gobierno no es la CDU sino los liberales del FDP, como se ha visto arriba. Su derrumbe puede resultar catastrófico para los conservadores, y durante meses fue así.

Peer Steinbrück
A lo largo de la actual legislatura la derecha ha perdido el gobierno de varios Länder (estados federales) debido a la debilidad de su socio liberal y a caídas de popularidad coyunturales que fueron aprovechadas por el SPD que vio como subía en todas las regiones apoyado por su aliado ecologista de los Verdes. Por ejemplo, en 2012 la derecha perdió el gobierno en el Land de Nordrhein Westfalen (Renania Westfalia), el más poblado de Alemania. También sufrió una derrota en el de Schleswig Holstein y perdió miles de votos en el Sarre, aunque en ese caso firmó una coalición de gobierno con sus rivales socialdemócratas. La última derrota de la CDU se produjo en enero de este año en Niedersachsen (Baja Sajonia), donde perdió, aunque por un solo escaño, ante la coalición rojiverde de SPD y los Verdes (Die Grünen).

Puede que la estrechísima victoria rojiverde en la Baja Sajonia fuera una señal de que las tornas pueden volver a favorecer a los conservadores a medida que se va acercando la fecha decisiva del próximo mes de septiembre. Según los datos de las encuestas arriba mencionados, el SPD sólo conseguiría el 25% de los votos, y los Verdes el 14%. En total un insuficiente 39% que no conseguiría superar el 41% de la CDU de Merkel sin contar los votos del FDP.  
  
En este caso, la parte débil es paradójicamente la mayoritaria. Los socialdemócratas del SPD han ido perdiendo apoyos en los últimos meses, y parece que cada día que pasa les perjudica cada vez más en sus aspiraciones. A finales de 2012 y principios de 2013 el principal partido de la oposición se movía en valores en torno al 30%, todo un éxito y una señal de que el cambio político era posible en Alemania, teniendo en cuenta de que partían de un exiguo 23% conseguido en las elecciones de 2009, el peor resultado de la historia del partido.

El SPD supo reponerse a este descalabro y evitó una guerra civil que hubiera sido muy plausible teniendo en cuenta la cantidad de facciones en su interior y la hostilidad que se mostraban. En vez de atacarse y responsabilizar a sus rivales del desastre electoral, la dirección del SPD hizo piña y mostró unidad, también a la hora de elegir al candidato a canciller. Según los analistas, esta cuestión –la llamada “K-Frage”- podía haber significado el estallido de las hostilidades internas si no se realizaba de manera consensuada. Pero al final no hubo conflictos y el candidato elegido por la dirección es Peer Steinbrück, ex presidente de Renania Westfalia y ex ministro de Finanzas precisamente de Merkel entre 2005 y 2009 durante la gran coalición entre SPD y CDU.

Esta última parte de su currículo es lo que le hace atractivo a ojos de muchos analistas de cara a revivir una gran coalición entre conservadores y progresistas alemanes, siempre claro que los números no permitan un gobierno rojiverde, la coalición que pondría de patitas en la calle a Merkel. Y esa coalición parece ser la favorita para los socialdemócratas, como quedó claro en la escenificación del congreso de los Verdes a finales del pasado mes de abril y que contó con la presencia estelar del secretario general del SPD, Sigmar Gabriel – aunque, y esto es significativo, no con la del candidato Steinbrück.


Los Verdes son la parte de la pareja progresista que mayor estabilidad ofrece. Están sólidamente instalados en el 14%-15% desde hace meses, aunque hace dos años, en la primavera y el verano de 2011 llegaron a contar con datos de intención de voto en torno al 24%-25%. Fue la época de los grandes triunfos, con el SPD todavía hundido y tras la crisis nuclear japonesa de Fukushima que hizo aumentar la popularidad de las opciones ecologistas en todo el mundo. En Alemania Merkel incluso tuvo que dar marcha atrás a su moratoria para el fin de las centrales nucleares, que cerrarán definitivamente en 2022.

Fue una época de triunfos para los Verdes que desembocaron a finales de marzo de 2011 en su histórica victoria en el Land de Baden Württemberg, en la que consiguieron el 24,2% de los votos superando incluso al SPD que consiguió sólo el 23,1%. Ambos sumaron sus esfuerzos que fueron suficientes para hacer doblemente historia: echar por primera vez en la historia de la RFA a la CDU del gobierno de un Land muy conservador y uno de los feudos electorales de la derecha alemana, y la presidencia de los Verdes de un ejecutivo regional. Pero dos años después la ola está volviendo a la dirección contraria.

¿Una mayoría de gobierno insuficiente?      
Tomando los datos de la intención de voto, podría darse un problema de gobernabilidad en Alemania a partir de septiembre. Por un lado, la suma del porcentaje de votos que apostarían por la coalición rojiverde es ahora del 39%, con tendencia a la baja. Por otro lado, la derecha cuenta con un sólido 41% de la CDU de Merkel y con tendencia a subir, aunque junto a su socio liberal hoy sólo sumaría un 46% en caso de que el FDP consiga superar la barrera electoral del 5% para entrar en el Bundestag. Es decir, no existe hoy por hoy una previsión de una mayoría clara en el Parlamento alemán.

El quinto partido con representación en el Bundestag dificulta aún más la ecuación. Die Linke, (“La Izquierda”) es una mezcla de ex comunistas de la antigua RDA con cierta fuerza y tradición política en el este de Alemania, con ex socialdemócratas y sindicalistas del oeste liderados por el ex ministro y líder histórico del SPD Oskar Lafontaine, desencantados con los socialdemócratas y con sus políticas de reformas sociales en la época del canciller Gerhard Schröder (1998-2005).


Die Linke cuenta ahora con 75 escaños en el Bundestag tras recibir el 11,9% de los votos en las elecciones de 2009. Según los sondeos actuales, esta formación está anclada entre el 8% y el 7% de la intención de votos, lo que le proporciona la llave para muchos acontecimientos.

Lo lógico y lo esperado es que voten en contra de una investidura de Merkel. Pero en el caso de la coalición rojiverde. no está clara su actitud. Lo previsible es que nunca entren a formar parte del Gobierno. Como mucho no se opondrían a una investidura de Steinbrück, lo que equivaldría a un gobierno en minoría de SPD y los Verdes siempre a merced de Die Linke.

En el este de Alemania, donde en Die Linke dominan los ex comunistas del PDS, hay casos de coaliciones de gobierno SPD-Die Linke (como en Berlín hasta 2011 o actualmente en Brandenburgo). Pero las pésimas relaciones entre los ex socialdemócratas en las filas de Die Linke y sus antiguos compañeros harían muy difícil una convivencia en el Parlamento, y mucho más complicado mantener un gobierno federal con la actual responsabilidad y poder sobre la Unión Europea. En resumen, es casi imposible que Steinbrück y sus compañeros accedan a formar un Gobierno que necesitaría constantemente el respaldo de un Lafontaine que predica una política anticapitalista en Europa y que ha basado su carrera en los últimos años a atacar a su antiguo partido.

Así, y si los números no cambian, la única salida para formar un gobierno estable sería reeditar la gran coalición entre SPD y CDU, lo que daría una cómoda suma del 66% de apoyos en el Bundestag. Esta opción mantendría a Merkel en el poder. Seguiría siendo la líder, la “buena madre”, aunque el SPD podría controlarla en gran medida.

El SPD está haciendo una campaña electoral con un discurso de izquierdas, consciente del desgaste ideológico que está sufriendo. Steinbrück está tratando de huir de su imagen compatible con una coalición con la derecha –que tanto daño le está provocando a su imahen- e intenta construir un perfil socialdemócrata que le separe de Merkel. Así, en el último congreso del SPD ha abanderado la crítica contra los paraísos fiscales y la política de austeridad de Merkel con respecto a Europa. También ha alertado sobre el coste en la imagen de Alemania de esta política de la derecha alemana.  


Por lo tanto, y esto es algo que importa mucho en España, en caso de que Merkel volviera a ser elegida canciller ¿podría seguir su política de austeridad en Europa? ¿Permitiría el SPD que las cosas sigan igual? 

miércoles, 26 de junio de 2013

DOS DÉCADAS DE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA: ¿Saqueo sistemático o expresión mediática de la lucha por el poder?


Los españoles conviven diariamente con los escándalos de corrupción en los medios de comunicación. El caso Bárcenas sólo es el último de una larga lista de escándalos que comenzó su deriva mediática hace veinte años con el caso Roldán. El número de casos que actualmente copan las páginas de los periódicos y los minutos en las radios y televisiones es preocupantemente largo: el caso Noos que implica a la Familia Real española, el caso Gürtel –emparentado con el caso Bárcenas-, el caso Palma Arena, el caso Pallerols, los ERE de Andalucía, etc. Estos casos, entre otros, son noticia hoy. Ayer fueron otros y antes de ayer otros.  - Publicado en MBC Times.


Desde hace veinte años la política española está siendo sacudida por una tormenta de escándalos de corrupción prácticamente diarios. Es un bombardeo y la sensación que dejan en la opinión pública es que la corrupción se ha apoderado del país, por lo que la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus políticos está sufriendo un durísimo golpe. 

No es un escenario que pudiera o debería considerarse normal. Por ello cabe preguntarse si estas oleadas de corrupción son reales, si realmente existe este problema en nuestro país o si se trata de un espejismo mediático, una expresión de la sociedad del espectáculo en la que vivimos. ¿Están saqueando el país o se trata de una realidad publicada en los medios? Existen dos teorías que no tiene por qué ser excluyentes y que explico a continuación. 


La corrupción como un saqueo institucionalizado 

El catedrático de Derecho Administrativo, Alejandro Nieto, es autor de un libro titulado “La corrupción en la España democrática”. Explica que la corrupción es sistemática, una cuestión que responde al mismo diseño institucional y al mecanismo de funcionamiento del Estado desde la Transición que sería intrínsecamente corrupto.

Su tesis se resume en que los grandes partidos son los que controlan el Estado, un sistema de gobierno que llama “partitocracia”. Todos los miembros de los diferentes poderes y órganos estatales pertenecen a alguno de los grandes partidos que aprovechan las estructuras estatales para alimentarse de ellas. Es decir, el partido que gana las elecciones automáticamente se hace con el control de los recursos y estructuras públicas a través del nombramiento de los responsables de la administración. 

Se trata de centenares de personas que son puestas “a dedo” al frente de organismos o departamentos administrativos y controlan presupuestos y políticas públicas. Estas personas no son funcionarios, es decir, no han pasado un examen. Por ello su lealtad se debe a su partido que le ha puesto en ese lugar, no al Estado al que sirve. Esa lealtad se traduce en que, a cambio de las prebendas y sueldos relacionados con sus cargos en la administración, hacen lo que el partido les pide. 

Esto implica todos los niveles administrativos (local, autonómico y central), y los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Es decir, se implica también a jueces y a funcionarios. El propio Alejandro Nieto lo explicó así en una entrevista en 2009 en el blog Fuerteventura Limpia: “Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen”. 

De hecho, los propios instrumentos fiscalizadores de la misma administración, como por ejemplo los tribunales de cuentas, tampoco sirven porque sus miembros son nombrados a dedo por los partidos políticos. 

Esto mismo ocurre con los jueces, que pertenecen a un poder supuestamente autónomo y que debería fiscalizar la acción administrativa. El problema reside en que sus máximos representantes también son nombrados por los partidos. Nieto explicó en esa misma entrevista que “el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia”. 

Esto impide que exista un poder controlador neutral que impida el saqueo de la administración. Como el propio Nieto aseguró en una entrevista a ABC el pasado 11 de diciembre de 2012, los jueces “tienen una responsabilidad enorme. Son los que tienen la última palabra y podrían hacer mucho más: atender los expedientes y sumarios en lugar de dejarlos dormir. Que la corrupción no se persiga correctamente se debe en gran parte a que los magistrados se atienen a los consejos de los políticos”.

Es decir, el problema de la corrupción en España reside en el control que ejercen los principales partidos sobre la estructura administrativa y estatal en su conjunto, impidiendo que existan resquicios que escapen a su influencia y que puedan servir para controlar sus actividades. 

Como afirmó Nieto en la entrevista antes mencionada en ABC: “Todos están corruptos hasta el tuétano. Cada partido tiene su área de corrupción y la ejerce donde, cuando y como puede. El que gobierna, que da las licencias y contrata, puede incurrir en ella. Cuando se descubre un escándalo, las demás formaciones no tienen ningún interés en que se continúe investigando porque pueden apuntarles a ellos. Por eso, el único modo de evitar que la población salga a la calle es callarse”. 

Sin embargo, existen otras teorías. La corrupción también puede ser un arma política muy poderosa utilizada en el campo de batalla moderno en la guerra entre los partidos en su lucha por el poder: los medios de comunicación. 



La corrupción como expresión de la lucha política en los medios 

El catedrático de sociología Manuel Castells explica que los medios de comunicación han sustituido al parlamento o la plaza pública como el lugar del debate político. Como dice en su libro “Comunicación y poder”: “Los medios de comunicación son el espacio donde se crea el poder”. La consecuencia de la política mediática es la adaptación de la política a las necesidades de los medios. Estos necesitan contar historias atractivas y “entretenidas”, y eso se hace mejor con un rostro humano que con las siglas de un partido. Así pues, la consecuencia es la personalización de la política.

Los electores buscan líderes de los que se puedan fiar, por lo que la (imagen de) honradez se convierte en uno de los pilares fundamentales para cualquier carrera política. O al revés, destruir la (imagen de) honradez del rival se convierte así en una de las prioridades de los contendientes políticos en su lucha por el poder. Aquí entran en juego los medios de comunicación, fundamentales para llevar a cabo el ataque decisivo entre políticos y difundirlo entre sus electores: el escándalo. 

El problema es que este enfrentamiento basado en el escándalo se ha generalizado de tal manera que ya es lo habitual. Como dice Castells, “la política del escándalo es una forma de lucha por el poder más enraizada y típica que el desarrollo ordenado de la competencia política de acuerdo con las leyes del estado”. 

Es decir, el escándalo de corrupción es parte de la munición habitual en la lucha diaria por el poder, un hábito que en España comenzó a partir de 1993 cuando el socialista Felipe González ganó las elecciones contra todo pronóstico y el PP comenzó a usar los escándalos para hacer caer su gobierno (casos Roldán, Filesa, GAL, Mariano Rubio, etc.). 


El escándalo político en España es pues un arma que se utiliza de manera indiscriminada y abusiva, sin tener en cuenta las consecuencias. Existen y son muy peligrosas, ya que como explica Castells, “Parece haber una conexión, si bien mediada y compleja, entre la política mediática, la política del escándalo y la disminución de la confianza en las instituciones políticas”. 


Teniendo en cuenta el constante bombardeo al que están expuestos, no es casualidad que los españoles confíen cada vez menos en sus representantes públicos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, “Los políticos en general, los partidos políticos y la política” son considerados por los encuestados el tercer problema más importante de España desde octubre de 2009.


La percepción de la política como un problema está aumentando. Así, si hace tres años y medio lo pensaba un 13,3% de los encuestados, en febrero de este año lo consideran así el 30,3%. En comparación, en septiembre de 1993 –el año de la última victoria electoral de Felipe González- sólo el 2,8% de los encuestados identificaron a los políticos como un problema. En cambio, en marzo de 1996, el mes de la primera victoria electoral del PP en una generales tras los escándalos que salpicaron al PSOE, un 14,7% de los encuestados desconfiaba de la política. ¿Casualidad o fruto de un proceso mediático basado en la política del escándalo? 


Los medios de comunicación son, por lo tanto, fundamentales en las luchas por el poder de las organizaciones políticas y cómplices necesarios para la puesta en práctica de la política del escándalo. Sin embargo, los medios deben tener cuidado ya que juegan con fuego. Manuel Castells afirma que “lo irónico es que como los medios de comunicación desempeñan un papel en la propagación de los escándalos y la deslegitimación de las instituciones, corren el riesgo de perder su propia legitimidad ante su audiencia”. Es lo que el profesor David Fan llama el mensajero suicida.


Los medios de comunicación se han convertido en el lugar central en el que se desarrolla la lucha política. Eso tiene la ventaja de que así se aseguran una audiencia millonaria y que se convierten en actores con una gran influencia. Sin embargo, arrastran el mismo desgaste que sus cómplices. 


Según una encuesta del Instituto Gallup publicada en septiembre de 2012, un 60% de los estadounidenses –país en el que la política del escándalo es una constante- desconfía de los medios de comunicación de masas. En España la cifra de los que no confían en los medios de masas es del 50%, según el último “Trustbarometer” de la consultora Edelman publicado el pasado 20 de enero. 


La corrupción, ¿causa o consecuencia?

En resumen, ambas tesis explican la oleada de escándalos de corrupción en España de los últimos veinte años como una causa o como una consecuencia. Como causa de un diseño de la organización del estado desde la Transición que propicia el saqueo de los recursos públicos por la llamada “partitocracia”, como la llama Alejandro Nieto. O como consecuencia de una estrategia mediática de lucha política enfocada a desprestigiar al rival en la (legítima) lucha por el poder, como explica Manuel Castells. 


En todo caso sea causa o consecuencia del funcionamiento del sistema político, el prestigio de dicho sistema está por los suelos y la desconfianza en las antiguas formas de hacer política crece cada día más. Tanto si la corrupción, o mejor dicho su percepción en la opinión pública, es una causa o una consecuencia de la labor de los partidos políticos tradicionales, éstos están obligados a diseñar nuevas formas de relacionarse con la sociedad que descarten los escándalos de corrupción para siempre. Si quieren conservar su legitimidad como representantes de la ciudadanía y del propio sistema democrático parlamentario, claro.




miércoles, 19 de junio de 2013

EL SOBERANISMO CATALÁN, ¿sentimiento o estratagema?

Cada 11 de septiembre los nacionalistas catalanes celebran la Diada. Rinden homenaje a los caídos en la defensa de Barcelona contra las tropas del rey Felipe V de Borbón en 1714 que murieron defendiendo la “independencia” de Cataluña contra un rey “invasor” que conquistó su tierra para imponer su voluntad, o eso es lo que cuentan. - Publicado en MBC Times.

Desde la Transición, la Diada ha sido la fecha tradicional de reivindicación de un nacionalismo que, a diferencia de por ejemplo el vasco, siempre mantuvo una línea de cooperación con el Estado español a pesar del discurso “invasor-invadido” de su fiesta. La Diada era un ritual que el nacionalismo catalán celebraba cada año con más o menos entusiasmo. No solía congregar a más que unos cientos de habituales y se había convertido en una rutina. Sin embargo, en la Diada del año pasado, el 11 de septiembre de 2012, se escenificó un ritual diferente. No sólo se presentaron las habituales representaciones de la élite nacionalista. Decenas de miles de personas colapsaron las calles de Barcelona al grito de independencia y contra la permanencia catalana en España.

El ambiente se ha radicalizado, ha traspasado el umbral de lo minoritario a lo masivo. Según el último barómetro del CIS del pasado mes de mayo, un tercio de los catalanes apoya la independencia, mientras que sólo un 12,1% entiende Cataluña como una región española. De pronto, la independencia de Cataluña se ha convertido en una idea respetada y apoyada por muchos. ¿Qué ha pasado?

El nuevo rumbo de CiU
El nacionalismo catalán tradicional, conservador y mayoritario representado por CiU se ha embarcado en un viaje que es nuevo para él. Tradicionalmente, la burguesía catalana ha estado plenamente integrada en la economía y en la política española. En época del presidente Jordi Pujol se decía que el objetivo del nacionalismo catalán era presionar para conseguir privilegios y poder con los cuales influir en la política de España en su conjunto. No se aspiraba a nada más. La independencia era folclore.


Era una diferencia nítida con respecto al otro nacionalismo periférico poderoso de España, el nacionalismo vasco, que nunca aceptó en ninguna de sus versiones (conservadora del PNV o radical de la Izquierda Abertzale) ni el Estatuto de Autonomía vasco ni la Constitución. Es cierto que de manera diferente y utilizando métodos en absoluto comparables, ya que el PNV siempre optó por la vía institucional y pacífica frente al terrorismo de ETA. Sin embargo, el nacionalismo vasco siempre mantuvo una equidistancia con respecto al Estado Español que el nacionalismo catalán nunca ha compartido, hasta ahora. 

El presidente de la Generalitat Artur Mas ha desafiado al Estado Español anunciando su determinación de consultar a los catalanes sobre la permanencia o no de Cataluña en España invocando el derecho de autodeterminación. Se justifica en el actual contexto de crisis económica argumentando que Cataluña no recibe nada de una España que la explota, que pertenecer a este país es un lastre, … y una imposición histórica que data de la derrota en 1714. Es un discurso independentista puro y duro.


La principal crítica que se le hace a este llamado “plan soberanista” es que se trata de una coartada. Según esta crítica, Mas y CiU se encontraron tras su victoria electoral de 2010 con un contexto de crisis económica en el que aplicaron recetas neoliberales de gestión. Estas medidas, como la privatización sanitaria, el copago, los recortes sociales, etc., se toparon con una gran resistencia popular que podía poner en peligro el liderazgo político de CiU poco después de volver al poder tras una década de oposición. La respuesta ha sido tapar esos problemas con un gran manto nacionalista que invoque la unidad nacional frente al “otro”.

Todos los partidos catalanes (excepto el PP y Ciutatans) aceptan este discurso y no denuncian esa presunta estratagema a pesar de que les perjudica, ya que mantiene en el poder a CiU. No tienen más remedio, ya que ellos mismos han experimentado una transformación catalanista que va más allá del regionalismo o autonomismo que habían defendido hasta hace poco.

El nacionalismo atrapó al Tripartito
Es el caso de los partidos de izquierda integrantes del antiguo Tripartito, la coalición de gobierno de Cataluña entre 2003 y 2010, que incluía a los socialistas del PSC, a Iniciativa per Catalunya Verds (los herederos del comunismo catalán) y a los independentistas de Esquerra Republicana. Era una coalición muy complicada, con más diferencias que cosas en común. Por ejemplo, los socialistas representan tradicionalmente un proyecto amplio, con vocación de mayoría y representativo entre amplios sectores sociales. Por otro lado, Esquerra Republicana aspira a la independencia de Cataluña. Son dos discursos absolutamente incompatibles.

Entonces se explicó que la sensibilidad social era predominante en los programas de todos los partidos gobernantes y que esta faceta iba a ser la que guiara su gestión. Se pensaba que el independentismo de Esquerra iba a atenuarse con el paso del tiempo e incluso a ceder ante la “Realpolitik” de la gestión. Sin embargo, una década después los partidos del antiguo Tripartito compiten por presentarse como el más nacionalista, o al menos aspiran a ser aceptados en la comunidad nacionalista como uno más.


Esto ha provocado graves desgarros internos y externos en el PSC. Obligado a adoptar un discurso nacionalista que no le es propio, se encuentra enfrentado con el PSOE a nivel nacional y dividido en su seno. No en vano el PSC ha sido el partido que representaba a las amplias capas sociales de emigrantes de otros lugares de España que marcharon a trabajar a Cataluña en los años 60 y 70 y sin ninguna tradición nacionalista catalana. Sin embargo, con el tiempo esa generación ha dado paso a sus hijos, ya catalanoparlantes y estrechamente vinculados emocionalmente a Cataluña.

¿A quién representa el PSC? ¿A los “nuevos catalanes”? ¿A sus padres de Extremadura o Andalucía? Esta disyuntiva ha metido a los socialistas en un laberinto que le obliga a apoyar la estrategia soberanista de Mas para no perder credibilidad entre el electorado recientemente “catalanizado”. Sin embargo, lo hace a costa de enfrentarse con los intereses del PSOE que no puede apoyar esa deriva si no es a costa de graves daños en su imagen que no está dispuesto a sufrir. Por eso el PSC ha optado por defender la tesis federalista del PSOE para no tener que romper con su matriz. La consecuencia es que el PSC ni es nacionalista ni deja de serlo, o lo que es lo mismo, está perdiendo la carrera por situarse en el podio nacionalista catalán, lo que tiene como consecuencia un grave castigo en las urnas.

El socio minoritario del antiguo Tripartito, Iniciativa per Catalunya Verds, también ha apostado por el discurso nacionalista profundamente autonomista. Ha hecho suya la exigencia de celebrar una consulta popular sobre el derecho de autodeterminación y se postula como un partido cada vez más nacionalista en el que el discurso social y medioambiental juega un papel cada vez menos relevante.

¿Cómo es posible que tanto el PSC como Iniciativa, que partían como sólidos adalides de la defensa del discurso de izquierdas en el Tripartito, hayan asumido el discurso nacionalista a remolque de su entonces socio minoritario de Esquerra Republicana? La respuesta está en la evolución de esta formación en las últimas dos décadas, que corre paralela al crecimiento de la importancia del discurso soberanista en Cataluña.

Esquerra Republicana, de paria a protagonista
Hace veinte años ERC era una formación marginal que vivía de glorias pasadas de la época de la Guerra Civil y de la mítica presidencia de Lluís Companys. En las elecciones generales de 1993, hace ahora dos décadas, ERC consiguió 189.632 votos, el 5,1% del total, y consiguió ser la quinta fuerza política en Cataluña. El despegue comenzó una década después. En las elecciones autonómicas de 2003 y bajo el liderazgo de Carod Rovira, consiguió 544.324 votos, el 16,5% del total, catapultando a ERC al tercer puesto entre los partidos más votados en Cataluña. El cénit se alcanzó un año después, en las elecciones generales de 2004 cuando alcanzó 652.196 votos, el 15,89% del total.


En las elecciones de 2004 ERC consiguió el máximo número de votos de su historia. Coincidió con el cambio de Gobierno del PP al PSOE tras ocho años de gobierno de José María Aznar, una época que se caracterizó por “fabricar nacionalistas”, como señaló una diputada de Esquerra en una conversación privada en 2003. El discurso centralista y nacionalista español del PP, sus ataques a los nacionalismos periféricos en su segundo mandato entre 2000 y 2004, tuvo como consecuencia que miles de personas que apoyaban el regionalismo o el autonomismo pasaran a considerarse atacadas y a abrazar opciones nacionalistas más radicales, lo que en Cataluña redundó en beneficio de Esquerra Republicana.

ERC entró pues en el Tripartito como el socio menor, susceptible de ser asimilado por sus socios mayoritarios, pero al final el que acabó asimilando a los demás fue Esquerra que en todo momento mantuvo una posición independiente e independentista. Por ejemplo, en el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña celebrado en 2006, auspiciado por el PSOE a nivel nacional y el PSC a nivel regional, ERC dijo “no” por considerarlo insuficiente para sus aspiraciones independentistas. Mantuvo su coherencia a pesar de ser miembro del Tripartito.

Esquerra ha sobrevivido así a una década de gobierno Tripartito imponiendo su discurso nacionalista y saliendo muy fortalecida. Y eso tiene premio. Ahora es quien sostiene el nuevo gobierno conservador de CiU tras las elecciones del pasado mes de noviembre de 2012 en las que consiguió ascender a la segunda posición de partido más votado.  Fueron unas elecciones marcadas por una competición por ver quién era el más nacionalista, influidas por la convocatoria de la consulta popular sobre el futuro de Cataluña. Es decir, un escenario en el que ERC se encuentra no sólo muy cómodo, sino que lo tiene todo para ganar porque es la única formación política que defiende la independencia y el discurso soberanista desde el principio. Y eso le otorga una credibilidad ante el electorado de la que carecen los demás partidos.

El nacionalismo como medio y como fin
En resumen, se plantea si el nacionalismo catalán es un sentimiento o una estratagema. La respuesta es complicada y depende de a qué actor político se le plantea. Sin duda, para la mayoría de los partidos, incluido CiU, se trata de una estrategia para captar o mantener votos en un contexto cada vez más receptivo al discurso nacionalista radical y a las aspiraciones independentistas. Así es como PSC o Iniciativa per Catalunya no han tenido más remedio que entrar a saco en la carrera nacionalista, aunque con escasa credibilidad lo que se manifiesta en los resultados electorales, sobre todo en el caso del PSC que, además, sufre desgarros internos y en su relación con el PSOE.

Por otro lado, CiU y el presidente Artur Mas han optado por una deriva soberanista impropia de su discurso tradicional y culpan a España de todos los males de Cataluña y sugieren que la solución es la independencia. Es decir, es un ejemplo del uso del nacionalismo catalán como estratagema que, además, aviva los sentimientos.

Pero esa estratagema sólo ha tenido éxito porque previamente se ha experimentado una explosión del sentimiento nacionalista catalán durante la última década que ha impuesto su discurso a la agenda política catalana. Esa explosión ha sido como una ola que ha ido creciendo y en cuya cresta se ha situado ERC que ha ido evolucionando de ser un paria hace dos décadas, a ser la segunda fuerza política más votada en Cataluña.


Es decir, el nacionalismo catalán es una estratagema para camuflar otros fines políticos, como por ejemplo la supervivencia política de Artur Mas. Pero esa estratagema sólo es factible porque previamente se han desbordado los sentimientos. Cabe preguntarse si esos sentimientos se contentarán con la situación actual o, como sentimientos que son, desarrollarán una fuerza irracional que intente romper el actual marco político y nacional de Cataluña y España.         

miércoles, 12 de junio de 2013

Gobernar por decreto, ¿abuso de poder o instrumento democrático?

Es muy habitual que la oposición en el parlamento denuncie que el Gobierno impone sus decisiones a base de decretos sin pasar por la Cámara y sin los debates parlamentarios correspondientes. Denuncian que así se hurta al Parlamento de su función fundamental fiscalizadora de la acción del Poder Ejecutivo y, sobre todo, que éste suplanta el papel parlamentario al realizar labores legislativas rompiendo así la división de poderes básicos para la democracia. Sin embargo, las constituciones permiten esa maniobra sin que, en ningún momento, parezca que la democracia esté en peligro. ¿Por qué? 


A los alumnos de primero de Ciencia Política se les enseña que la democracia se caracteriza, fundamentalmente, por la división de poderes, un concepto que se atribuye a Montesquieu, aunque tiene muchos y diferentes padres. Se trata de separar los poderes básicos: Legislativo (la capacidad de crear las leyes), Ejecutivo (de ejecutarlas, es decir, ponerlas en práctica) y Judicial (de juzgar a los infractores de esas leyes e imponerles un castigo). Se trata de mantenerlos separados para evitar que alguien tenga más poder que otros y pueda imponer su voluntad a los demás. Esa es la clave de un sistema democrático, al menos lo que lo diferencia de uno autoritario.


Sin embargo, las constituciones de las democracias parlamentarias liberales permiten que esa separación no sea, en realidad, tan nítida. Por ejemplo, y en el caso de la Constitución española de 1978, el Artículo 86.1 prevé que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes”.


Es decir, el Gobierno -el Poder Ejecutivo- podrá elaborar leyes -ser Poder Legislativo. Es cierto que la propia Constitución se apresura en poner límites a esta facultad, ya que “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”. Es decir, no pueden afectar al tronco de lo que configura el Estado democrático y las libertades.



La historia ha demostrado que existen casos en los que hay que tomar decisiones rápidas y sancionarlas con fuerza de ley sin esperar a los largos trámites parlamentarios de presentación de enmiendas y debates. Por eso existe el Real Decreto-Ley. Pero existen límites.   



El mismo Artículo 86, en su punto 2º especifica que “Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación”.   


Es decir, el Decreto-Ley solamente tendrá fuerza de ley si es convalidado por el Congreso. El Poder Legislativo recupera así su capacidad de creación de leyes, aunque en este caso se limite a dar un visto bueno. El problema no es pues que el Ejecutivo gobierne sin control, ya que la Constitución sí prevé los mecanismos necesarios. El problema es que la separación de poderes en realidad no existe.


La inexistencia de la separación de poderes


Cada cuatro años los españoles van a votar. A diferencia de lo que dicen los carteles electorales, no van a votar al futuro presidente del Gobierno. Van a votar a los diputados que irán al Congreso en la próxima Legislatura. El español no es un sistema presidencialista como el de los EEUU o Francia. Votamos qué opción política tendrá representación parlamentaria y en qué magnitud.


Esas opciones políticas se presentan en forma de listas electorales cerradas (es decir, se vota la lista entera y no se puede elegir individualmente a sus miembros) y por circunscripciones electorales. El candidato a presidente del Gobierno no es más que el cabeza de una de esas listas, por lo que al elegirlo se hace, técnicamente, en calidad de diputado.



Una vez obtenidos los resultados, las diferentes opciones políticas elegidas se organizan en grupos parlamentarios integrados por los diputados de las listas que han llegado a ser elegidos proporcionalmente y que aceptan una disciplina de voto que les liga a sus grupos parlamentarios. Es decir, son las direcciones de los grupos los que deciden qué se debe votar en cada situación.


Los diputados pueden romper esa disciplina, no es ilegal. De hecho el acta de diputado que acredita de su condición de parlamentario es personal y el grupo parlamentario no puede retirársela de manera unilateral. Eso sí, si alguno rompe la disciplina debe atenerse a las consecuencias que, generalmente, son que no puede volver a presentarse en esa lista. Y eso sale caro.


Ahora bien, una vez formados los grupos parlamentarios y teniendo claras las mayorías, es el Congreso el que elige al presidente del Gobierno, generalmente el cabeza de lista del grupo parlamentario mayoritario. Si tiene mayoría absoluta (51% o más del total de los diputados elegidos) es elegido sin dificultad alguna, en otro caso tendrá que negociar con otros grupos más pequeños para alcanzar esa mayoría.


Por lo tanto, antes de alcanzar el Poder Ejecutivo es necesario controlar el Poder Legislativo. O dicho de otra manera, para ser presidente hay que controlar el Congreso. Así, el presidente del Gobierno de turno es, a la vez, el jefe del partido del grupo parlamentario mayoritario que siempre votará a favor de las leyes que presente el Gobierno en forma de Real Decreto-Ley, independientemente de que sea de verdad urgente o no. Su posterior convalidación es una simple confirmación del poder del partido en el Gobierno.


Existe debate parlamentario posterior, y capacidad de oposición –dialéctica- a la acción legislativa del Gobierno. Pero lo cierto es que siempre el resultado de las votaciones es predecible, por lo que la tentación de convertirlas en un mero trámite es muy grande. Es decir, el Poder Ejecutivo controla al Legislativo.


miércoles, 5 de junio de 2013

LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD, ¿por el negocio o por el servicio?


El pasado mes de noviembre de 2012 el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid publicó el borrador de los presupuestos para 2013. Ese borrador incluía una carga de profundidad que no tardó en explotar: la subasta de seis hospitales públicos que habían sido inaugurados pocos años antes. El argumento del Gobierno es que, debido a la crisis no se pueden seguir financiando con dinero público y es necesario dejar entrar a las empresas privadas para garantizar la prestación del servicio. - Publicado en MBC Times

Millones de personas no lo ven así. La reacción de una parte importante de la sociedad civil y de la mayoría de los profesionales sanitarios es contundente. Desde entonces se han convocado y celebrado decenas de marchas, manifestaciones, concentraciones, encierros, y demás actos de movilización para tratar de impedir la subasta, cuyos pliegos de condiciones han sido aprobados hace poco por el Gobierno regional que está acusando un notable desgaste en su imagen.

Un enorme desgaste político para el PP
Según una encuesta publicada por el Diario El País el pasado 3 de mayo, un 71% de los ciudadanos rechaza que la “externalización” de la sanidad sea el mejor método para mantener el servicio público, y un 70% incluso considera que poner en manos privadas la gestión económica de la sanidad pone en peligro su supervivencia al entender que prevalecería el negocio sobre la prestación de la asistencia.

Las consecuencias políticas –seguramente no todas derivadas de la privatización de la sanidad- por el momento se reflejan en un dato muy preocupante para los actuales gobernantes madrileños: según una encuesta del mismo diario publicada el pasado 2 de mayo, esta sería la primera vez que el PP perdería la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid desde 1995.

El coste electoral para el PP en el Gobierno regional de Madrid es pues enorme. Se impone por tanto la cuestión de por qué insiste en este proceso de privatización. ¿Es por convicción ideológica?, ¿por necesidad financiera?, o, como denuncian algunos ¿es por el negocio?


La crisis, un argumento comodín
Es fácil comprender que debido a la crisis bajan los ingresos de los ciudadanos y de las administraciones. Hay cada vez más personas en situación de desempleo (6,2 millones según los últimos datos de las EPA), y la mayoría que conservan un puesto de trabajo han visto reducidos sus sueldos y su capacidad adquisitiva tras los sucesivos recortes de plantilla o ajustes. Esto, a su vez, supone una bajada general en la capacidad de recaudación de los impuestos por parte de las admnistraciones.

Se puede argumentar así que las administraciones públicas tienen menos ingresos para mantener unos servicios sociales que, al mismo tiempo, son cada vez más demandados. Este es, grosso modo, el argumento oficial del Partido Popular. Sin embargo, el PP en la Comunidad de Madrid lleva años manteniendo el nivel de gasto sanitario de euro por habitante más bajo de España, una decisión política incompatible con el argumento de que no se puede mantener el gasto. Así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el gasto per cápita en 2009 fue de 1.135 euros, en 2010 de 1.108 euros, en 2011 de 1.158,12 euros, en 2012 fue de 1104,52 euros y en 2013 es de 1.094,20 euros por habitante cuando la media nacional es de 1.412 euros. Solamente hay tres comunidades autónomas que invierten menos. En todos esos años Madrid nunca ha superado el tercer puesto, por la cola.

Por el otro lado la Comunidad de Madrid, junto al País Vasco, Cataluña y Baleares son las comunidades que cuentan con un mayor gasto por habitante en sanidad privada, según los datos del informe 'Sanidad privada, aportando valor: Análisis de la situación en 2013', del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) publicado el pasado mes de marzo. En concreto, según este informe en 2012 cada madrileño se gastó 676 euros de media en la sanidad privada a pesar de la crisis.

Es una tendencia que va en crecimiento a nivel nacional. Según se advirtió en el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2011 (publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado mes de abril), en 2010 se produjo un ligero incremento en el gasto en la sanidad privada en el país: Ese año fue de 26.008 millones (2,5% del PIB) frente a los 25.496 millones de 2009 (2,4% del PIB). Por el contrario, el gasto sanitario público en el total de España cayó desde los 75.395 millones en 2009 (7,2% del PIB)  a 74.732 millones en 2010 (7,1% del PIB).

¿Una privatización inducida?

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Tras esta rápida ojeada a las cifras puede preguntarse si se ha inducido a la privatización de la sanidad desde las instituciones, sobre todo en la Comunidad de Madrid. A pesar de la evidente necesidad de fortalecer los servicios públicos ante la esperada demanda por la crisis (sobre todo por parte de ciudadanos que no pueden seguir pagando servicios privados), el Gobierno regional estuvo invirtiendo recursos por debajo de la media nacional durante bastantes años seguidos. No puede decirse, por lo tanto, que hubiera aumentado el esfuerzo inversor con ánimo de fortalecer el sistema sanitario y que posteriormente hubiera sucumbido ante los efectos de la crisis en la fiscalidad, obligando a usar el sector privado para sostener al público.

En Madrid no se ha acompañado la demanda sanitaria con recursos públicos, lo que ha provocado un aumento en el gasto sanitario privado por los ciudadanos a pesar de la crisis. No es ningún secreto que el Partido Popular, al igual que sus aliados conservadores en Europa o EEUU, apuestan ideológicamente por el sector privado en la prestación de servicios, una política que comenzó ya en los años 80 con la llamada “revolución conservadora” de Reagan y Thatcher y que, desde entonces, ha ido “adelgazando” el estado social poco a poco en el mundo desarrollado. Existe pues una causa ideológica de la privatización.

Y seguramente tampoco sea casualidad que los ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes, hayan encontrado en la sanidad privada -en plena expansión desde su gestión- un nuevo nicho donde desarrollar sus actividades laborales una vez que abandonaron la política.

   

Publicado en MBC Times.